(emitido a las 8.53 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La semana pasada fue noticia un caso de explotación sexual de menores por el cual fueron procesados con prisión un proxeneta del departamento de Cerro Largo y dos clientes de su organización, uno de ellos de la ciudad de Melo y el otro un conocido empresario de Punta del Este. Estos hechos pusieron otra vez sobre la mesa un problema que incomoda e interpela a la sociedad uruguaya. Meses atrás, en julio, la justicia había encarcelado al entonces secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, por su participación en una fiesta en la "Casita del Parque", un local municipal donde hubo chicas menores de edad, alcohol y drogas. Pero el mercado sexual que comercializa niños, niñas y adolescentes está mucho más extendido de lo que en general suponemos.

Desde 2004 nuestro país cuenta con una ley que castiga los casos de violencia sexual comercial y no comercial contra niños, adolescentes e incapaces. En 2007 se presentó un plan nacional para la erradicación de este tipo de situaciones. Y desde hace poco más de un año funciona un programa de atención a las víctimas de estos delitos en la órbita del INAU.

¿Cómo se trabaja con las víctimas de este tipo de explotación en nuestro país? ¿Cuán aceitados están los mecanismos para detectar y abordar este tipo de situaciones? ¿Cuán fácil le resulta al mercado del sexo nutrirse de menores de edad?

Vamos a buscar respuestas a estas y otras preguntas con Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social, directora de la ONG El Paso, que se ha especializado en la atención de este tipo de situaciones y que integra el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia.

En El Paso funciona un programa que se llama El Faro, dedicado a apoyar en la recuperación a víctimas de abuso sexual y de violencia doméstica. En ese marco trabajan con casos de explotación sexual de menores desde 1999.

ANDREA TUANA:
Exactamente, ese programa para la atención de la violencia doméstica se inició en el año 97. En los primeros años ya empezamos a recibir la demanda de algunos operadores de casos de explotación sexual que no tenían adónde derivar y empezaron a consultar en nuestro servicio. A partir de allí empezamos a investigar y a trabajar en esta temática tan sórdida y tan inquietante.

EC - Ustedes tienen una experiencia amplia. ¿Cómo has seguido el caso de esta red que se desbarató, que tenía su base en Cerro Largo, pero que llegó a contar, por lo menos, con un cliente en Maldonado y Punta del Este?

AT - Es un modus operandi que vemos desde hace ya bastante tiempo en nuestro país, la existencia de redes, algunas más organizadas, otras más caseras. La ruta sería captar adolescentes, hay personas que captan adolescentes en los departamentos donde viven y trasladarlas luego a otros lugares para ofrecerlas y explotarlas sexualmente.

EC - ¿Qué particularidades y qué similitudes tiene este caso con otros con los cuales han tenido contacto?
    
AT - Hemos visto casos en los que operan redes tal cual como en este caso en otros departamentos. Por ejemplo en Artigas, Tacuarembó, Paysandú, allí se da este mecanismo de que hay varias personas participando, algunas cumpliendo esta función de captadoras, que en general viven en el departamento, conocen a las chicas, sus familia, conocen la situación de vulnerabilidad y son las que proveen a otros que también integran la red y son los que "puentean" con el mercado, con los clientes. Hemos visto este tipo de situaciones, hemos visto situaciones en que las chicas están en los locales de explotación, en las whiskerías, por ejemplo, hemos visto situaciones en las que la captación se da a utilizando internet o las redes sociales.

En Uruguay están dadas todas las modalidades de explotación sexual, tanto las que ocurren a través de redes, mediante el turismo sexual como mediante la utilización de niñas, niños y adolescentes para la pornografía. Uno va visualizando las situaciones en distintos lugares y en distintos momentos. En Cerro Largo ya conocíamos la existencia de estas situaciones en otros momentos, sabemos que es un lugar de captación y de alta vulnerabilidad.

EC - ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible el funcionamiento de una organización de explotación sexual infantil? ¿Cuál es el contexto que han ido verificando que se da en todos estos casos?

AT - Hay cuatro aspectos que hacen posible la existencia de la explotación. Un aspecto está relacionado con los factores de vulnerabilidad, cómo y por qué es tan sencillo captar adolescentes de 13, 14, 16 años. Hemos visto situaciones de niñas y niños más pequeños, pero básicamente el grueso de las víctimas están en esas edades. Hay factores de vulnerabilidad que están muy asociados a la captación, vemos que la violencia doméstica tiene una asociación muy fuerte, la gran mayoría de las víctimas de explotación sexual han vivido situaciones de violencia doméstica, de abuso sexual intrafamiliar o de alguna forma de violencia del mundo adulto hacia ellas. Ese es un factor muy fuerte.

Otro de los factores tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad económica, socioeconómica, con las carencias y dificultades, eso también está fuertemente asociado. O las condiciones de exclusión social o la falta de oportunidades para acceder a determinadas pautas de consumo.

Otro eje para que esto exista y se mantenga tiene que ver con la existencia de una demanda, con la existencia de clientes, de personas dispuestas a pagar por sexo con adolescentes. Eso también está muy fuertemente extendido en el país. No estamos hablando de personas con problemáticas o de grupos de pedófilos o de algún pervertido corruptor de menores. Estamos hablando de clientes, en su amplia mayoría varones, que no tienen ningún prurito en pagar por sexo con una adolescente, tenga la edad que tenga. Ahí hay un tema social también, cómo es que nuestra sociedad habilita, permite y legitima la existencia de esa práctica.

Y finalmente las respuestas del Estado, que son muy laxas y muy débiles con esta industria –porque esto es un gran negocio, no es una práctica aislada– del sexo y el mercado del sexo que utiliza niñas, niños y adolescentes.

EC - ¿Tú manejarías números? ¿Te animarías a decir cuántas y cuántos menores de edad pueden estar participando hoy en actividades de explotación sexual infantil?

AT - No puedo darte un dato confiable y fiel en este momento porque no existen investigaciones ni datos estadísticos. Eso tiene que ver en parte con la falta de compromiso del Estado con esto. Pero en las recorridas que hemos hecho en todo el país, en capacitaciones con operadores en cada departamento y en más de una localidad en todo el país, los operadores identifican situaciones de explotación sexual.

EC - ¿Hay algunos lugares del territorio nacional que se destacan en esta materia o es un fenómeno distribuido en todo el país?

AT - Es un fenómeno distribuido en todo el país. En ninguno de los departamentos en los que hemos estado para capacitar operadores nos han dicho que no conocen la existencia de esta problemática. Sí hay algunos departamentos en los que por determinadas características puede haber más situaciones.

EC - ¿Cuáles son esos departamentos?

AT - En los departamentos de frontera hemos visto que estas situaciones tienen una mayor posibilidad; además de que también existe la explotación sexual de gurisas brasileñas. En la zona de frontera hay mucha afluencia, mucho pasaje de personas, y ahí hemos visto situaciones de explotación. También en los departamentos turísticos, como Colonia o Maldonado. Asimismo en los lugares donde hay emprendimientos, por ejemplo Botnia en Río Negro, aumenta muchísimo la demanda de servicios sexuales por la gran concentración de personas.

EC - Te refieres a lo que ocurrió durante la obra de construcción.

AT - Exactamente. Cuando hay tanta concentración por la construcción de una obra, por la puesta en marcha de un emprendimiento económico, aumenta esa demanda, que también incluye el sexo con niñas, niños y adolescentes. Este tipo de aspectos son los que hacen que en un departamento o en otro podamos visualizar más la problemática, pero no significa que no esté presente en otros lados.

EC - ¿Es fácil para el mercado sexual conseguir niños, niñas y adolescentes?

AT - Sí, en este país los factores de vulnerabilidad son muy altos, hay muchos gurises en condiciones de mucha desprotección, que crecen en contextos donde hay mucha violencia, sometimiento, explotación y abuso de distinta índole, y ese camino los va colocando en estas rutas de explotación sexual. Creo que además hay mucha invisibilidad en este tema, el hecho de que no se hable y quede oculto permite que se reproduzca de una manera brutal.

También hemos conocido situaciones de explotación sexual dentro de una comunidad. De repente alguien del barrio explota a una niña de 11, 12 años por un surtido, por un apoyo económico a la familia. Hay un espectro muy amplio de explotación de gurises que va desde ese punto hasta estas redes que van haciendo esta trata interna y muchas veces también la trata internacional, se proveen adolescentes hacia Argentina, Brasil y en algunos casos a los mercados de Europa.

EC - ¿Cuál es la responsabilidad de las familias?

AT - Más que responsabilidad directa de las familias –que en algunos casos puede haber, puede suceder que sean algunas personas de la familia quienes provean a estos gurises, les consigan clientes, los lleven a los locales de explotación–, hay una responsabilidad mucho más fuerte que tiene que ver con la responsabilidad social, porque todos estamos sosteniendo este mercado que pone a esas familias más vulnerables en esos tránsitos. Hemos conocido generaciones de mujeres de una familia que han estado en estos circuitos de explotación, que primero son de explotación sexual y después de los 18 ingresan en el mercado sexual legal. Hemos visto gurisas que plantean "yo empecé a los 13" "mi mamá también empezó a esa edad". Entonces hay que hacer una lectura un poco más amplia y poner la mira en quién sostiene esto, que son los que pagan por sexo y los que se benefician y obtienen réditos económicos de estas prácticas.

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EC - En la segunda parte de este diálogo vamos a concentrarnos en qué se puede hacer para prevenir, qué mecanismos existen, qué se hace para asistir en la recuperación a las víctimas de estos casos que se van localizando.

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EC - El caso que se conoció en estos días, por el cual fueron procesados un proxeneta del departamento de Cerro Largo y dos clientes de su organización, uno de ellos un conocido empresario hotelero de Punta del Este, puso otra vez sobre la mesa un problema que incomoda e interpela a la sociedad uruguaya.

Para empezar, tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo llamarlo, ¿prostitución infantil o explotación sexual infantil?

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EC - Estamos conversando con Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social, directora de la ONG El Paso.

¿Cuál es el término apropiado?

AT - El término apropiado es explotación sexual comercial. Se está abandonado la conceptualización de prostitución infantil porque deja la idea de que hay un intercambio, de que es algo voluntario, de que las chicas están ejerciendo o están libremente intercambiando sexo.

EC - ¿Y esa no es la realidad?

AT - Esa no es la realidad. Hay un acuerdo internacional según el cual de los 18 años para abajo en toda situación se está ante explotación sexual atendiendo a las relaciones de asimetría de poder, de sometimiento en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes tanto por su condición de edad como por las condiciones de vulnerabilidad. De 18 años para abajo siempre hablamos de explotación sexual, hasta los 17 años, 11 meses hablamos de explotación sexual, no podemos pensar que allí haya un acto voluntario de intercambio o de ejercicio de la prostitución. De 18 años para arriba también es un tema discutido, hay varias corrientes y posicionamientos, pero hoy nos detenemos en la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

EC - ¿Cómo se trabaja una vez que se detectan estas situaciones? ¿Qué se puede hacer con las o los adolescentes víctimas que son encontrados y que terminan siendo localizados por la Justicia y la Policía?

AT - Te diría lo que se debería hacer pero que aún no se hace, porque las respuestas que hoy se dan a nivel gubernamental son muy débiles y muy incipientes. Se les debería brindar a esos adolescentes un espacio para trabajar el daño y el impacto tan fuerte a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de salud en general. Se debería también brindar un apoyo a la familia y un fortalecimiento a las redes familiares y vinculares para poder pensar en un lugar donde puedan volver a vivir y a estar. Muchas de estas chicas viven en los locales de explotación sexual o son trasladadas por redes y alojadas en los lugares que esas redes tienen para la explotación. Entonces reconstruir ese tejido familiar y social es muy importante para garantizar que no exista la recaptación o que no se vuelvan a los circuitos de explotación.

También es importante trabajar en la inserción social, educativa y laboral, porque también es importante pensar en el sustento futuro. Muchas adolescentes que están atrapadas en circuitos de explotación sexual tienen hijos, y es importante encontrar alternativas para esto.

Creemos que tendrían que existir servicios especializados con estas líneas de trabajo y con equipos técnicos formados y capacitados en cada uno de los departamentos del país o al menos servicios regionales.

EC - Queda claro que no existen, según el relevamiento que usted ha hecho eso hoy en Uruguay no existe.

AT - No existe. Hoy lo único que existe en nuestro país es un programa que el INAU empezó a instaurar con un equipo técnico, que está localizado en Montevideo, que tiene la capacidad de atención de situaciones también bastante limitadas porque es un equipo técnico chico y que recién empieza a trabajar, que nos parece importante que exista pero sabemos que no es suficiente. Existen dos equipos itinerantes que van a las localidades a tratar de colaborar y ayudar a los operadores del territorio a abordar la situación. Cuando hablamos de servicios especializados nos referimos a lugares donde las adolescentes puedan estar, una especie de centro diurno adonde puedan ir todos los días a recibir diferentes tipos de asistencia.

EC - Se requiere una infraestructura bastante importante, si tiene que estar distribuida en el territorio.

AT - Exactamente, tiene que haber una inversión bastante importante. Y cuando hacemos este planteamiento desde la ONG y desde otras organizaciones sociales lo hacemos porque hemos conocido y recorrido experiencia de atención de víctimas de explotación sexual en diferentes países de América Latina y también algunas experiencias europeas que han dado resultado. Por eso también hacemos este planteo tan fuerte desde hace unos cuantos años al INAU para que implemente esta forma de atención a víctimas.

Ahora si una víctima es detectada puede llegar a recibir algún tipo de asistencia psicológica o acompañamiento social, pero al no tener todas las demás líneas de acción lo que sucede es que vuelve a ser captada por las redes o vuelve a los circuitos de explotación. Lo vemos una y otra vez ante la falta de albergues o de hogares especializados que puedan sostener el proceso y los niveles de daño que esos gurises y esas gurisas tienen.

Muy por el contrario de lo que socialmente aparenta o lo que la sociedad piensa –que están ahí porque quieren, que lo hacen porque les gusta, que casi disfrutan esta situación–, lo que vemos son gurisas altamente dañadas, en quienes además se da una acumulación de daños múltiples vividos desde la primera infancia y luego a partir de todo el proceso de explotación, que genera consecuencias muy fuertes y hace muy difícil la reinserción social, educativa, laboral y la reconstrucción de vínculos, de afectos sanos. Es un trabajo de muy largo aliento. Creo que nuestras autoridades aún no han logrado comprender ni la magnitud de este problema ni el impacto tan profundo que tiene en las vidas de esas adolescentes y seguramente en las vidas de otras personas que se relacionen con ellas.

EC - En la ONG que usted dirige, El Paso, hasta el año 2012 trabajaron en un servicio con mujeres y adolescentes en situación de explotación sexual. ¿Por qué se cortó?

AT - Fue un proyecto que apoyó la Unión Europea. Quisimos hacer un proyecto piloto justamente para poder mostrar a las autoridades el impacto de este problema y las formas y las metodologías de intervención. Con las mujeres adultas víctimas de trata y de explotación sexual ese servicio tuvo continuidad, a partir de que el Mides le generó financiamiento hoy hay un servicio funcionando para adultas. Lamentablemente el servicio para niños, niñas y adolescentes terminó con la financiación de la Unión Europea.

EC - Se cortó porque se cortó el financiamiento de la Unión Europea.

AT - Estaba previsto que se financiara durante 18 meses. Estuvimos en negociaciones con INAU sobre la posibilidad de que INAU continuara financiando ese servicio. Pero decidió no hacerlo y empezar el proceso que está actualmente, con su programa, un equipo técnico. Es un proceso muy lento y que además no tiene el alcance que debería tener para dar respuesta a un problema tan grave que se da en todo el país.

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EC - Parte del trabajo que vienen realizando en El Paso es la formación de operadores –profesionales que trabajan en la salud y en la educación– que estén preparados para detectar y abordar este tipo de situaciones de explotación sexual de menores cuando las tienen ante ellos y quizás no las han visto. ¿Cuán importante es que estos actores estén preparados?

AT - Una de las cosas fundamentales es visualizar y poder detectar. Cuando hacemos la formación muchos operadores nos plantean que a partir de esa formación pueden revisar una serie de situaciones en las que habían trabajado pero no habían visualizado que esos adolescentes pudieran estar viviendo explotación sexual. Creo que por este ocultamiento, por esta idea de que la explotación sexual no es un problema, que en realidad es un ejercicio o un intercambio. Entonces lo primero que trabajamos es el poder visualizar, saber que en Uruguay estas situaciones existen, conceptualizar adecuadamente y posicionarse desde la mirada de los derechos humanos, tener una lectura de género para no culpabilizar y estigmatizar a las adolescentes y a sus familias, porque rápidamente esta culpa se traslada a la mamá, no al papá o a otros miembros. Eso es muy importante para empezar a ver y para tener una magnitud mucho más clara de lo que es esta problemática.

Tú me preguntabas por números, y no los tenemos porque esto no aparece colocado ni del lado de operadores ni del sistema político entre los problemas prioritarios que tiene la infancia. Y no aparece porque está oculto, por eso uno de los objetivos principales es darle visibilidad.

EC - Para eso se necesita que funcionarios de la salud, funcionarios vinculados con la educación sean en primer lugar capaces de detectar las señales, decodificar determinados comportamientos o determinadas marcas que implican que detrás hay un caso de explotación sexual. ¿Cuáles serían algunas de esas señales?

AT - Por ejemplo, adolescentes que empiezan a aparecer con determinados objetos o determinadas cantidades de dinero que no son congruentes con la economía familiar, que uno puede ver que está pasando algo. O una adolescente que cambia radicalmente su manera de vestir y de maquillarse, en términos bastante exagerados. Todas las adolescentes tienen esa forma de presentación, pero a veces se ven cambios muy abruptos. O adolescentes que empiezan a merodear o a estar en la noche en determinados circuitos más pesados de boliches o de lugares donde se sabe que existe explotación sexual o por lo menos que por allí se da el mercado del sexo en general. Los operadores pueden darse cuenta si tienen la formación, pueden empezar a visualizar y sobre todo planteárselo como hipótesis: ¿a este chiquilín no le estará pasando esto? O ante la aparición de determinadas enfermedades de trasmisión sexual. Esas son las señales más preocupantes o más alarmantes.

Luego también hay que estar atentos a esas relaciones de "noviazgo" entre una adolescente de 14 y un hombre de 50, 60 años. Esto es algo que se ve bastante frecuentemente. Los llamamos los "rescatadores de la calle", son hombres grandes que están en calle captando a aquellas gurisas, sobre todo, pero también a varones, que están más solos, que tienen problemáticas familiares. Establecen con ellos algunas relaciones afectivas, de cuidado, los llevan para su casa, son como benefactores. Esas personas lentamente los empiezan a introducir en los circuitos de explotación sexual. Entonces a esas relaciones también las ponemos en tela de juicio, les pedimos a los operadores que las sigan. Ahí el operador no puede intervenir legalmente, porque si sos mayor de 12 años tú podés consentir con quién relacionarte afectivamente y sexualmente, pero no quita que sea una relación en la que hay abuso de poder, abuso de condiciones de vulnerabilidad. Hay múltiples cosas en las que es bien importante trabajar con los operadores.

También trabajamos el impacto y lo que le genera al operador estar ante estas situaciones. Muchos operadores tienen prejuicios, también estigmatizan a los gurises, sienten que les cuesta relacionarse con ellos. Por los niveles de daño son gurises que muchas veces mienten, manipulan, les cuesta mucho establecer un contrato de trabajo, permanecer en los espacios. Y a los operadores les cuesta muchísimo trabajar con gurises y gurisas que se comportan de esa manera, entonces intentamos que comprendan que eso es pura expresión de daño. Cuando rechazan el apoyo, no quieren el acercamiento del operador, sus niveles de daño son tan grandes que hay que hacer un trabajo muy pequeño, perseverante, generar primero ese nivel de confianza, encuentro y empatía con ellos para después empezar un proceso de salida del circuito de explotación.

EC - Esa formación es importante, pero a partir de lo que estás describiendo me queda claro que va para muy largo. ¿A cuántos operadores del sistema de salud y educativo tendrían que alcanzar con este tipo de formación?

AT - Primero, estos temas tienen que estar en la currícula de la formación universitaria…

EC - ¿Eso hoy todavía no se da?

AT - Todavía no se da. No se da con otros temas que tienen otro recorrido y otra trayectoria en las políticas públicas, como la violencia doméstica, no están incorporados en la currícula básica de algunas carreras, y este todavía tema está en la cola. Pero si no es así, por lo menos las instituciones deberían brindar formación permanente a sus operadores. Tampoco se da ese tema, ni aparece en los cursos de posgrado o de actualización. Nos falta muchísimo todavía para poder realmente visualizar y abordar esta problemática. Estamos muy preocupados porque vemos que va muy lento todo el proceso de abordaje de las políticas públicas…

EC - Yo decía que desde el 2007 existe un Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Ustedes han estado participando, intervinieron en la redacción de ese plan. ¿Cómo lo evalúan a esta altura, años después?

AT - Evaluamos que es un conjunto de buenas ideas y buenas intenciones, pero que no tiene financiamiento alguno y no vemos voluntad política para cumplir lo que ese dice. Dice eso mismo que estamos conversando a nivel de prevención, la capacitación de los operadores de distintos sectores, los servicios de atención, todo lo que es el trabajo de prevención incorporando este tema en la currícula de los niños, niñas y adolescentes, que se aprenda esto desde la escuela. La prevención, el fortalecimiento de los niños, niñas y adolescentes, trabajar perspectivas de género y derechos humanos desde primera infancia y en toda la etapa escolar y liceal. Y la persecución del delito –ese es otro gran debe– y el sistema de justicia actuando en esta temática.

Hubo un retroceso. En su momento la ley de explotación sexual era competencia de los juzgados de crimen organizado. Luego, creo que a instancias de los propios jueces, se presionó para que esa ley se quitara de la competencia de los juzgados de crimen organizado, y hoy es competencia de los juzgados penales. Creemos que ubicarla en la competencia de los juzgados de crimen organizado fue darle una priorización y la posibilidad de contar con una brigada especializada para investigar estos temas, con otras garantías para los denunciantes, tanto víctimas como operadores. Había dos jueces que se encargaban de esto. Esto también nos muestra los niveles de priorización que se hacen en este país, se quita esa ley porque les generaba demasiado trabajo a los jueces y no les permitía atender otras situaciones que debían atender dentro de crimen organizado. Sí van las situaciones de redes, pero no van todas las demás situaciones de explotación sexual que se puedan detectar.

EC - Juan, de la Unión, acota que en el caso de los profesionales de la salud la formación a la que tú aludías está en la currícula básica del Posgrado en Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

AT - Bien, pero eso tiene que estar en la formación de grado, no en algo que uno elija luego. Además está en forma muy lateral también.

EC - Por último, ¿qué podemos hacer en la prevención de este problema, de este flagelo de la explotación sexual de menores en nuestra vida cotidiana?
    
AT - Hay varias cosas que podemos hacer. Lo primero es entender que esto es explotación sexual y abandonar nuestras ideas prejuiciosas en las que estigmatizamos a las y los adolescentes pensando que están ahí porque quieren; dejar de hablar de prostitución infantil, de que ejercen la prostitución.

Otro aspecto tiene que ver con la educación que les damos a nuestros hijos e hijas, y también con las ideas que trasmitimos en nuestro entorno social. Me refiero básicamente al pensamiento más machista en estos temas, a una educación que muchas veces promueve y estimula a los hijos varones a pagar por sexo, no importa quién esté del otro lado, si es joven o si es mayor de 18 sería un dato menor. Hay que trabajar muy fuertemente en que el sexo con personas menores de 18 años de edad es un delito.

En lo personal y a partir de nuestra organización estamos promoviendo que también se cuestione y se repiense esto de pagar por sexo en general, que se lo pueda pensar como una práctica que cosifica, que mercantiliza a los seres humanos y por lo tanto ponerle un signo de cuestionamiento.

En cierta medida también denunciar situaciones si las conocemos, denunciar a ese cliente, esa chapa de auto que vemos parar en tal esquina para levantar gurisas menores de 18 años.

Y contribuir a que este tema aparezca en las políticas públicas. Estamos ahora en año electoral, entonces que en cierta medida se presione a los candidatos y a los que hoy están en el Gobierno a que incorporen este tema en las políticas públicas. Porque en general son los propios interesados los que hacen grupos de presión para que los temas aparezcan, pero los gurises no tienen esa capacidad de presionar, tenemos que ser nosotros los adultos los que presionemos para que estos temas ingresen en las políticas públicas y tengan el tratamiento que se merecen.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Tertulia: La Justicia desbarató una organización que había establecido una red de explotación sexual de menores de edad en Maldonado y Cerro Largo