La CIDH publicó en las últimas horas un informe relativo al uso del mecanismo de la prisión preventiva en América Latina. El organismo denunció que en varios países se configura un abuso, con situaciones "alarmantes";. Entre estos países se encuentra Uruguay, en donde el 65% de los presos no tiene condena.

El organismo recordó en el informe que la prisión preventiva debe tener "uso excepcional";, pero en la mayoría de los países de la región es la regla. "La existencia de normas internacionales vinculantes, derivadas del derecho internacional de los tratados, son muy claras en reconocer el derecho a la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la detención preventiva";, recuerda la CIDH en el informe presentado este viernes.

Sin embargo, el uso de la prisión preventiva representa en Uruguay la situación de dos de cada tres privados de libertad. El mismo porcentaje que en Panamá, mientras que en Paraguay el 73% están procesados, y se destaca el caso de Bolivia con el 84%, con cifras de 2012.

En el caso de Uruguay, el total de la población carcelaria al 31 de julio de 2012 era de 9.330 personas privadas de su libertad, 6.065 de las cuales permanecen en prisión preventiva, 92% son varones y 8% mujeres. A dicha fecha, unas 1.120 habían cumplido o superado los 24 meses de prisión preventiva.

En países vecinos como Brasil, este es el segundo país de la región, luego de los EEUU, con la mayor cantidad de personas privadas de libertad: 549,577 a mediados de 2012, de los cuales 508,357 estaban en el sistema penitenciario y 41,220 bajo custodia de las policías estaduales; de ese total de presos bajo custodia del sistema penitenciario 191,024 (37%) estaban en prisión preventiva. Entre junio de 2009 y junio de 2012 el número total de personas privadas de libertad se incrementó en un 17.04%, la población penal del sistema penitenciario en un 24,21% y la población de personas en prisión preventiva en un 27,76%.

El documento subraya que el 27.2% de la población penal brasileña en custodia del sistema penitenciario tiene entre los 18 y 24 años de edad.

En relación a Argentina el informe, difundido por el portal Uypress, destaca la falta de información actualizada, sumado a que se informa que no respondió el cuestionario correspondiente para este informe de la CIDH. Sin embargo, el organismo cuenta por un lado con información de 2010 -la última generada desde el Estado- y con cifras actualizadas producidas por organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población carcelaria y denuncian las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas las personas privadas de su libertad.

En lo esencial, la Comisión Interamericana reitera que "la detención preventiva debe utilizarse de manera excepcional, y sólo con el objetivo de proteger los fines del proceso previniendo el riesgo de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones. Además, de acuerdo con criterios de necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable";.