De este modo, la institución propone una herramienta que busca dar solución a la polémica que se instaló el año pasado cuando la Justicia de Crimen Organizado procesó sin prisión propietarios de locales por la venta de fotocopias de textos universitarios y disparó un debate donde derechos de autor y derecho de acceso a la formación aparecían como irreconciliables