(emitido a las 7.49 hs.)

EMILIANO COTELO:
Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo en hospitales públicos o en mutualistas fueron 6.676. Esta cifra fue presentada ayer por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y corresponde al primer año de vigencia de la ley que despenalizó el aborto en determinadas circunstancias.

Entre los datos aportados por las autoridades llamó la atención que en casi uno de cada cinco casos la mujer que optó por abortar tenía menos de 19 años. El MSP destacó que no se registraron muertes maternas en estos procedimientos, considerados seguros. De todas formas, y pese a la existencia de la normativa legal, el reporte de una fallecida en un aborto ilegal demuestra que este tipo de situaciones no fueron erradicadas, según señalan en el Ministerio.

Vale la pena profundizar en el balance de este primer año de aplicación de la ley, y para eso estamos en comunicación con la coordinadora del Área Salud Sexual y Reproductiva en el MSP, doctora Leticia Rieppi.

En primer lugar, ¿una consideración general sobre las cifras divulgadas ayer?

LETICIA RIEPPI:
Nosotros consideramos que estas cifras son reales, que el análisis de cada uno de los casos fue hecho en cada institución en forma muy seria. Estuvimos sobre los sistemas informáticos y las personas que realizaban los registros insistiéndoles en la importancia de que esta información fuera veraz por su trascendencia.

EC – Vayamos a algunos de los temas que pone de manifiesto este balance. Por ejemplo, antes de que se aprobara la ley, en el debate que llevó tantos años, se mencionaba que en nuestro país ocurrían unos 33.000 abortos por año, obviamente en clínicas clandestinas. Ahora los números del MSP hablando de 6.676 en un año, la quinta parte. ¿Qué pasaba con aquél otro número? ¿Era una exageración?

LR – En realidad aquel número era un estimativo que hizo un grupo de investigación tras un estudio del año 2000, 2001. Entre el 2001 y el 2013 o 2012 corrió mucha agua bajo el río, la educación y la implementación de la anticoncepción fueron muy fuertes en todos estos años. No tenemos que olvidarnos que las instituciones prestadoras de salud pública brindan anticonceptivos absolutamente gratuitos desde el año 2004 en Montevideo y desde 2005 en el resto del país, y los prestadores privados lo hacen a una módica cuota de más o menos unos $40 desde el año 2011.

EC – ¿Pero no cabe la posibilidad de que aquellos números estuvieran efectivamente sobredimensionados? Se lo pregunto porque esa cifra de 33.000 era muy impactante y formaba parte de la polémica.

LR – Yo creo que habría que preguntarles a las personas que hicieron la investigación cuál fue la metodología y de esa forma tener una idea de qué estuvo ocurriendo. Pero mire que la incidencia de la anticoncepción y de la educación sexual ha hecho muchísimo por la responsabilidad de las relaciones en Uruguay. A pesar de que los números que tenemos, nosotros consideramos que podrían ser mejores, lo que pasa es que hoy en día los números que tenemos son mucho mejores también. Al registrar mejor los números pueden cambiar.

EC – Otra interpretación posible es que los números oficiales difundidos ayer no reflejan toda la realidad, que sigue habiendo abortos clandestinos.

LR – Estos son los números de interrupciones voluntarias del embarazo que se hacen en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

EC – ¿Qué impresión tienen ustedes a propósito de lo que ocurre por afuera del Sistema Nacional Integrado de Salud?

LR – En realidad nosotros no tenemos denuncias específicas de que existan interrupciones fuera del sistema. Como todas las cosas puede llegar a ocurrir, pero si alguien conoce que eso existe, existe otro medio que no es el MSP para hacer estas denuncias.

EC – De todos modos, en la información que se manejó en el día de ayer hablaron por lo menos de un caso de muerte de una mujer que se había practicado a sí misma un aborto con agujas de tejer.

LR – Claro, el caso de una mujer que se auto infligió la interrupción y que en el momento en que llega a la institución -como siempre ocurría con las interrupciones ilegales- negaba permanentemente haberse hecho alguna maniobra que pudiera correr riesgo su vida. Ese fue un caso muy comentado en el que el tratamiento, podríamos decir, fue tardío.

EC – Pero entonces, ¿ustedes tienen formas de trabajo para bucear en lo que todavía pueda quedar de actividad clandestina?

LR – No, no tenemos, y por una razón: nosotros insistimos en la confidencialidad de la atención de la relación médico-paciente. Lo que las pacientes nos vienen a decir a nosotros, al sistema de salud, queda en el acto médico, debemos preservar todas estas situaciones para que las mujeres puedan llegar lo antes posible a solucionar este problema. Más allá de eso no tenemos información, no llega al sistema de salud, puede llegar al sistema judicial o policial, pero a nosotros no nos llega. A nosotros nos llega lo sanitario nada más.

EC – ¿Ha habido un cambio en la tendencia entre lo que ocurría en los primeros meses de vigencia de la ley y lo que pasaba al final del año pasado?

LR – Consideramos que hubo un inicio muy bajo y que fue incrementándose, y pensamos que hay dos elementos que incidieron: un mejor registro y un mejor seguimiento de cada una de las mujeres; y además después de junio hay un quiebre sustancial. Si usted mira las cifras hay prácticamente una diferencia de 100 interrupciones más entre junio y julio y nosotros lo adjudicamos a que la consulta plebiscitaria hizo que, en cierta forma, dicha práctica se considerara algo avalado por la población y por el sistema.

EC – ¿Cómo examinan ustedes ese número que yo mencionaba en la introducción, el que señala que de la cantidad de abortos registrados uno de cada cinco corresponde a menores de 19 años?

LR – Nosotros hicimos la comparación con las jóvenes que continúan su embarazo y la proporción entre mujeres adultas y de 19 años o menos que interrumpen el embarazo o lo continúan es muy similar. O sea que el comportamiento de las mujeres cuando se embarazan o tienen intenciones de interrumpir el embarazo es muy similar. No nos llama la atención, preferiríamos que las adolescentes tomaran la decisión de estar embarazadas cuando quieran estarlo y no ante una situación que no pudieron prevenir, en esos casos tenemos que trabajar mucho más en la educación y en la anticoncepción, pero tenemos que trabajar en todas las mujeres.

EC – Otro corte que se puede hacer a partir de las cifras de ayer: la diferencia que se da entre Montevideo e interior. En Montevideo se da una proporción…

LR – De 64% y 36% en el interior.

EC – Exacto, el doble en Montevideo en comparación con el interior, ¿cómo se explica esto?

LR – En realidad habría que identificar una cosa que no podemos hacer: si todas las mujeres de Montevideo realmente viven en Montevideo o viven en el interior. Sabemos que hay muchas residentes del interior que son usuarias de instituciones con sede en Montevideo, eso está identificado en Montevideo. Esta identificación son los procedimientos que se realizaron en Montevideo y los que se realizan en el interior, no está identificado cuál es el lugar de residencia de cada una de estas mujeres.

EC – ¿Y el corte entre el sector privado y el público? En las mutualistas se produjo el 59% de los abortos.

LR – Eso no llama mucho la atención porque si usted analiza cuál es la proporción de mujeres que está en el sector público y en el privado más o menos es el mismo, o sea, hay más mujeres en el sector privado que en el público, entonces coincide.

EC – Y qué está ocurriendo en el procedimiento que la propia ley prevé cuando una mujer ha tomado la decisión de abortar, esa consulta que tiene que realizar con el ginecólogo y después con un equipo interdisciplinario, una serie de pasos durante los cuales se la asesora sobre las otras alternativas que existen y cómo llevarlas a cabo. ¿Qué está pasando en esas instancias?

LR – En realidad esas instancias han sido muy útiles porque la posibilidad de diálogo con la mujer es mucho mayor que las instancias que se tenían exclusivamente con el ginecólogo.

A pesar de ello notamos que este proceso es muy largo y eso hace que las mujeres falten varias veces a sus trabajos lo cual puede perjudicar su relación laboral. Ese es uno elemento que dificulta el proceso, pero en realidad son instancias propicias para la reflexión y para saber exactamente cuáles son las condiciones para volver a la consulta.

EC – Pero, ¿las mujeres que se presentan efectivamente cumplen con las distintas etapas que están previstas?

LR – Sí, sí, quédese absolutamente tranquilo, las etapas se cumplen una por una, además nosotros tenemos identificado el número de usuarias que van a la segunda consulta, a la tercera, que continúan el embarazo, que retiran medicación, y eso es una información que tiene cada una de las instituciones.

EC – ¿Y qué porcentaje de esas mujeres resuelve proseguir con el embarazo?

LR – El 6,3% en forma general continúa con su embarazo.

EC – ¿Y cómo se lee ese número?

LR – Eso se lee de varias formas. Por ejemplo, a veces son mujeres que vinieron a consultar después de las 12 semanas y por lo tanto a pesar de tener la entrevista multidisciplinaria continúan su embarazo porque la ley permite la interrupción hasta las 12 semanas inclusive. Se lee que luego de ser interiorizadas sobre el procedimiento consideran que deben continuar con su embarazo, una reflexión personal, de pareja…

EC – Está bien, pero mi consulta apuntaba a saber si son los porcentajes que ustedes esperaban, si tenían una expectativa mayor puesta en ese procedimiento.

LR – Nosotros teníamos porcentajes mayores -o era la impresión que nos daba- cuando se hacía el asesoramiento pre y pos interrupción por el modelo de iniciativa sanitaria reducción de riesgo y daño.

EC – El sistema que se aplicaba antes de la vigencia de la ley.

LR – Exacto. Pero en ese sistema las mujeres no tenían dónde ir a buscar la medicación, lo cual era un elemento limitante. Ahora que ese elemento limitante no está, [el 6,3% que continúa el embarazo] es un grupo de mujeres que tuvieron dudas, no las que se encontraron frente a una situación de que no pudieron llegar a la medicación.

EC – El doctor Lionel Briozzo, subsecretario de Salud Pública, decía ayer al divulgar el informe que con estas cifras Uruguay tiene 9 interrupciones de embarazo cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. Lo que nos coloca en los lugares más bajos del mundo, ¿cómo es esto?

LR – Nosotros consideramos que esto es parte también de este proceso de educación que tenemos los uruguayos y de que el método de anticoncepción realmente lo usamos muy bien. Creo que es eso, que queda un porcentaje muy escaso de mujeres que tienen que recurrir a una decisión tan propia de interrupción de embarazo por no haber podido realizar una anticoncepción que fuese correcta.

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