Movimiento Uruguay Libre criticó al PIT-CNT por rechazo a plebiscito
Los ambientalistas del movimiento Uruguay Libre afirmaron que "cerrando los debates no se resuelven los problemas del país" y afirmaron que Aratití creará muchos menos puestos de trabajo que los que calcula la central y que tampoco desarrollará la producción industrial.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT decidió recomendar a la Mesa Representativa de la Central que no apoye la consulta popular impulsada por Uruguay Libre para prohibir la minería metalífera a cielo abierto en el país. El coordinador de la Central, Fernando Pereira, dijo que los motivos de esta decisión son "la generación de puestos de trabajo" y "el cambio de la matriz productiva".
El Movimiento Uruguay Libre, principal impulsor de la campaña, cuestionó la decisión de la central obrera bajo el argumento que precisamente, empleo y matriz productiva son dos aspectos del proyecto minero en donde se manejan cifras y expectativas que no coinciden con las propuestas reales de Aratirí.
El integrante del movimiento, Raúl Viñas, dijo a Espectador al Día que la decisión sorprende ya que hace diez días se le solicitó una reunión a la central, que respondió que serían convocados a la brevedad. Viñas sostuvo que "parece más urgente lanzar el pronunciamiento público que escuchar posiciones de los distintos actores sociales involucrados, entre ellos los promotores de la consulta, y promover un amplio debate nacional, como fue recomendado por el último congreso de la misma central sindical.
Viñas dijo estar totalmente de acuerdo con el PIT-CNT en cuanto que el proyecto minero debe servir para la industrialización, pero apuntó que el esquema planteado por Aratirí no llega a eso
En cuanto al empleo de Aratirí, fuera de los 3 a 4 mil obreros en los tres años de construcción de las instalaciones, serían 1.300 trabajadores directos, de los cuales 400 serán extranjeros y 700 tercerizados. A la vez, la cifra de 8.700 empleos indirectos dada por Aratirí es exagerada porque, por la experiencia internacional, no podrían ser más de 5.200 empleos. Todo esto no compensa los empleos perdidos por la actividad agropecuaria y comercial existente en la zona.
Pero, además, las cifras de empleo de la minera solo valen para el ciclo de vida del proyecto que, según la empresa es de 12 años, tal vez hasta 15 años, luego de los cuales las minas se cierran. Es sabido que Uruguay no posee riquezas como para justificar un desarrollo duradero de la minería metalífera en gran escala. El proyecto de Aratirí es solo un negocio de ocasión, especulando con una coyuntura de precios favorables que ya empezó a decaer, sin sustentabilidad como fuente de trabajo nacional, ni como alternativa de diversificación productiva del país.
Viñas apuntó que mucho menos esta es una vía para iniciar una producción de acero como se pretende justificar. La instalación de esta industria requiere un mínimo de cinco años, inversiones específicas y una fuente de carbón no identificadas. El proyecto Aratirí es una unidad de minas, mineroducto y puerto para vender el hierro en bruto en el mercado asiático, es un proyecto extractivo primario que acentúa la pobreza y la dependencia de los centros de la economía mundial.
Tal como está planteada entonces, Viñas afirmó que la propuesta de Aratirí es una simple dilapidación de nuestros bienes naturales, tanto por la simple extracción y exportación en bruto del mineral, como por la pérdida de áreas productivas permanentes. Los suelos y recursos hídricos de una amplia zona del territorio nacional serán afectados por la destrucción y contaminación inherentes a la minería metalífera a cielo abierto en gran escala tal como se pretende practicar.
Agregó que una decisión de esta envergadura debe ser tomada por el pueblo.
El Movimiento Uruguay Libre hará el miércoles un primer balance de la campaña de firmas que viene desarrollando para convocar a un plebiscito que apruebe declarar al país libre de megaminería a cielo abierto.
Al respecto Viñas planteó un problema que tiene la organización con la Intendencia de Montevideo. Afirma que la comuna, por primera vez en la historia de las consultas populares, les exige habilitación por cada puesto de recolección de firmas que quieran instalar en las calles de la capital.