Así se debatió en el foro para la implementación por ley del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tuvo lugar en nuestro país.

Desde el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) se reconoce un buen relacionamiento con el gobierno uruguayo y actualmente existe un dialogo fluido entre la agrupación y el departamento de Derechos Humanos de el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, también se considera que los descendientes de indígenas han sido muchas veces "relegados" e "invisibilizados" por las autoridades.

En el 2010 el gobierno se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a ratificarlo y aun no lo ha cumplido.

Mónica Michelena, representante de la asociación, explicó que recién en el Censo Nacional del 2011 fueron integrados, como opción, con una pregunta acerca de la ascendencia étnico-racial, lo que significó el primer paso a una serie de reivindicaciones que impulsa el grupo.

Agregó que el gobierno no les brinda los datos estadísticos oficiales, algo en lo que desde el Instituto Nacional de Estadísticas/INE/ se toma distancia.

Enrico Benedetti integrante del INE, explicó a El Espectador, como es el procedimiento de relevamiento de datos y posterior procesamiento de la información.

"Esta es una pregunta de auto identificación, no se hacen reconocimientos de rasgos fenotípicos. Lo único que se le pregunta a la persona es si cree tener ascendencia indígena. Si la persona responde que si, se reflejará en la información que publicamos";, sostuvo.

En el último Censo casi 160 mil personas declararon tener ascendencia indígena, esto equivale al 5% aproximadamente de la población nacional.

Los datos hacen referencia a aquellas personas que se autodenominan descendientes de indígenas pero no están detallados por etnia, ya que dentro del relevamiento de datos no se profundizo en cada pueblo.

Partiendo del reciente reconocimiento de la comunidad indígena en el territorio nacional, es que las agrupaciones autóctonas reivindican sus derechos según explicó la representante de la asociación, Mónica Michelena.

"La ratificación del convenio nos posibilitará tener acceso a derechos ancestrales. La idea es que cada vez que se instale una empresa que se instale en localidades, tenemos derecho a que se nos consulte";, indicó.

El director de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Andrés Scagliola, sostuvo que se "debe resaltar  la firme convicción de que Uruguay tiene que ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales".

El jerarca sostuvo que "No haberlo ratificado aún obedece a que el Estado no es un actor racional unificado sino que tiene contradicciones frente a un pasado  doloroso porque es difícil aceptar la sangre que corrió durante mucho tiempo y el olvido que la sepultó después";.

Michelena, por su parte, dijo que Uruguay debe terminar con los prejuicios del "país sin indios";.  Habló de la supervivencia de 300 Charrúas que fueron enviados a luchar junto a Artigas y madres de Charruas que luchaban por recuperar a sus hijos.

"Hoy somos diferentes a los charruas de 183 años atrás, porque sufrimos un genocidio. Hubo 300 o mas supervivientes a toda esa situación terrible que se vivió";, declaró.

Pero también destacó la importancia de tener la potestad como pueblo de proteger sus legados históricos, como lo son los cementerios indígenas.

"Queremos que los cerritos de indios sean resguardados, que no sean arrasados por las empresas. Primero apuntamos a resguardarlos antes de reclamar como nuestro";, dijo.

Con la flamante nueva incorporación  de Mónica Michelena al Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno demuestra un claro interés y da un paso hacia la consolidación en los asuntos pertinentes a los pueblos indígenas uruguayos.