(Emitido a las 07.37)

EMILIANO COTELO:
Mientras sigue la discusión sobre el plebiscito de reforma constitucional sobre el agua, mientras algunos partidos tienen que enfrentar contradicciones internas al respecto, se produjo en las últimas horas una novedad en el plano judicial. Las empresas Aguas de la Costa y Uragua deberán comparecer ante la Justicia el 5 y el 18 de noviembre próximos para responder a la acción judicial que iniciaron ayer vecinos de Maldonado, San Carlos, Piriápolis, La Barra, Manantiales, Balneario Buenos Aires y El Chorro. Los accionantes pidieron una audiencia de conciliación con esas compañías.

Uragua es subsidiaria de la española Aguas de Bilbao, y Aguas de la Costa lo es de la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux.

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Estamos en comunicación con el abogado representante de estos vecinos de Maldonado, el doctor Ramiro Chimuris. ¿En qué consiste este paso que han dado ustedes?

RAMIRO CHIMURIS:
Como usted bien lo expresaba, es una audiencia de conciliación a solicitud de los vecinos de esa zona.

EC - Esas empresas operan en distintos lugares del departamento.

RCH - Al este del arroyo de Maldonado, pasando el puente de La Barra, hasta el balneario José Ignacio, opera Aguas de la Costa. Esa fue una licitación internacional (número 25) que tiene un régimen, un pliego licitatorio, que es la ley de esa concesión.

En el resto del departamento de Maldonado y por otra concesión, la 1.131, opera la empresa Uragua por otra concesión para saneamiento y agua potable.

EC - Por lo tanto estamos hablando de dos acciones judiciales paralelas, llevadas adelante por dos grupos de vecinos.

RCH - Exactamente. Son dos acciones que van en forma paralela, porque son dos concesiones diferentes, y las obligaciones son diferentes.

EC - ¿Usted asesora a ambos grupos?

RCH - A los dos, sí.

EC - O sea que las acciones son paralelas pero coordinadas.

RCH - El tema es que en ambas licitaciones se establece que la competencia sea en Montevideo, por lo cual los vecinos deben trasladarse a Montevideo a los efectos de plantear cualquier controversia que tengan. Ese fue el criterio para elegirme a mí, además de haber vivido en la zona durante 10 años y conocer la experiencia, el antes y el después de las concesiones.

EC - Estas audiencias de conciliación son el paso previo a un juicio por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y daños ambientales. ¿Qué es lo que denuncian?

RCH - En ambos casos hay directamente incumplimiento del contrato. Son incumplimientos diferentes en las dos empresas. En el caso de Aguas de la Costa (la primera concesión, al este del arroyo de Maldonado), algunos de los incumplimientos se refieren por ejemplo al sobreprecio tanto para la conexión de agua como para la conexión al saneamiento. El costo de conexión al agua es 16 veces superior al de OSE, y en relación al saneamiento es 80 veces superior. El cargo fijo para el agua es siete veces superior al de OSE; el de saneamiento es 40 veces superior. El costo de conexión al saneamiento en OSE, que tiene una tarifa diferente en balnearios (le doy el de la zona, que es balnearia), es de $ 464 y por Aguas de la Costa es de $ 37.474.

EC - Está clara la diferencia, pero ¿eso es incumplimiento de contrato?

RCH - Estos sobrecostos vienen reflejando lo que dice el pliego de condiciones respecto a la licitación respecto a los materiales a utilizar, lo que iban a costar y lo que ellos dicen que costaron. Eso repercute después en las tarifas; ahí está el incumplimiento. Tiene un precio dado en el momento de la concesión y especificado, y el que efectivamente cobran que es el que se refleja en las tarifas. Si el precio de un caño valía $ 100 según los parámetros estipulados, pero luego valía $ 200, y ese sobreprecio se traslada a las tarifas.

Hay otros incumplimientos, por ejemplo el tema de la conexión que se hizo a través de la franja costera, sobre la arena, y que ha quedado al descubierto. Como la arena tiene movilidad con el viento y el mar, esa conexión debió haberse hecho por debajo de la tierra, como lo establece el pliego.

Y el tema que más nos preocupa es el ambiental, ecológico: el desecado de la Laguna Blanca. Se secó la laguna por una mala gestión. Posteriormente se la rellenó con aguas que vienen del arroyo San Carlos, pero también esta agua estaban contaminadas. Seguimos con el problema de la Laguna Blanca, y no se ha solucionado.

EC - ¿Y en el caso de Uragua?

RCH - En Punta del Este, en la península, al no haberse realizado las obras de saneamiento, en la temporada 2002 - 2003 se colocó un by pass. Al tener mayor demanda las redes de saneamiento se conectó directamente el puerto de Punta del Este, y estaban lanzando las materias fecales directamente al puerto.

Uragua no realizó las obras de saneamiento que debía efectuar. Durante el 2002 vendió como potable agua que estaba contaminada, como lo comprobaron los laboratorios de OSE, de Salud Pública y uno privado. Se presentó una denuncia penal en 2002 sobre el que la Justicia todavía no se ha expedido.

EC - Con estos ejemplos, parece claro que ustedes están presentando una demanda por hechos que no son recientes. Usted mencionaba episodios del verano 2002 - 2003. ¿Por qué esas acciones se inician ahora, a pocos días del plebiscito sobre la reforma constitucional?

RCH - Al plebiscito lo va a resolver la ciudadanía; esto es independiente. Hay más de una razón. Los vecinos han venido reclamando durante todo este tiempo y no han tenido eco, no han tenido una respuesta satisfactoria. Pero los incumplimientos continúan en el tiempo. Ahora hay dos posibilidades: que estas empresas sigan operando o que dejen de operar; depende del resultado del plebiscito.

EC - Y eso también es discutible: si el éxito de la reforma implica en sí mismo la caída de las concesiones.

RCH - Creo que no si leemos lo que establece la reforma no hay dudas, porque la disposición transitoria literal a) establece que en caso de plebiscito, que es el mecanismo que se va a votar el 31, cae inmediatamente de que la Corte proclama oficialmente el resultado, que es el mecanismo constitucional, y desde ese momento ingresa la nueva Constitución.

EC - Pero yo le preguntaba por qué estas acciones se inician ahora, en octubre.

RCH - Bueno: el otro tema es el costo del traslado de los vecinos para trasladarse a Montevideo. En el caso de Uragua, el número de vecinos que se presentan son 43. ¿Sabe por qué son 43? Porque es un ómnibus de pasajeros: tenemos que disponer de un ómnibus para que vengan los vecinos a la audiencia de conciliación. No quiere decir que no vayan a sumarse más vecinos, pero es para tener una idea a los efectos prácticos.

El otro tema es el daño ecológico y ambiental, que lamentablemente no está muy desarrollado. Si bien tenemos normas como el artículo 47 de la Constitución, la anterior modificación estableció el cuidado del medio ambiente y todos estos temas, y una ley posterior -la 17.283- todavía no se le da la importancia real al tema. Y ese es otro de los factores: los vecinos dicen ¿cómo hacemos, contra quién vamos, cómo accionamos con el tema de la Laguna Blanca, por ejemplo? ¿Qué hacemos con el tema de los desechos en el Puerto de Punta del Este? Más allá de que plantearon sus quejas ante la Intendencia Municipal de Maldonado, se movieron a nivel local, denunciaron esto a la comisión de contralor... ¿qué más podemos hacer?

Y, cuando son licitaciones públicas internacionales, como en estos casos, el competente es el Poder Ejecutivo en primera medida. Entonces, ¿cómo pueden hacer los vecinos cuando las autoridades del Poder Ejecutivo y OSE están omisas en el tema?

Ahora depende de la voluntad de las empresas para solucionar el tema. Quiero aclarar que no se trata de iniciar un juicio sino de agotar todos los mecanismos legales y constitucionales, por eso las citamos a conciliación: porque queremos que estas cosas no sigan ocurriendo.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón