El mencionado consorcio, que gestionará el centro 27 años, construirá el complejo que atenderá a unos dos mil reclusos y se encargará de la limpieza, comida y mantenimiento. La operación está calculada en unos 80 millones de dólares.

El proyecto Unidad Punta de Rieles no incluye la seguridad interna, pero sí la construcción, administración, lavandería, limpieza y comida, así como el mantenimiento de la estructura edilicia.

El Espectador consultó a la asesora del ministro de Interior, Eduardo Bonomi, para el sistema carcelario, Gabriela Fulco, la cual confirmó la noticia y amplió detalles sobre las características que tendrá este centro.

"Va a ser una cárcel con 1860 plazas. Se va a construir en el predio de Punta de Rieles al lado de la actual cárcel, en el terreno contiguo. Es amigable con el medio ambiente, eso se tuvo en cuenta en el proceso de licitación" indicó la asesora ministerial.

"Va a ser una cárcel moderna que va a tener un centro de ingreso, diagnóstico y clasificación que seguramente sea la puerta de entrada a todos los ingresos del área Metropolitana. Va a tener un nivel de alta, media y baja seguridad" agregó Fulco.

Interrogada sobre cuáles serán los roles del estado y de los privados en el funcionamiento del centro, Fulco contestó que "la parte privada se encarga de la construcción y mantenimiento. La parte pública se queda con la gestión y la seguridad".

Con esta iniciativa las autoridades pretenden generar alternativas al hacinamiento del sistema carcelario.

Consultado por El Espectador, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, mostró su satisfacción con la noticia, indicando que se trata de una obra importante que le dará al Gobierno margen para sostener los cambios en el sistema penitenciario.

"Me parece una obra muy importante porque le va a dar al próximo gobierno un margen para poder sostener desde el punto de vista locativo este proceso de cambio en la gestión penitenciaria" indicó el comisionado parlamentario.

"Yo diría que la construcción de esas más de 2 mil plazas, independiente de que sea por concesión o de manera estatal, va a poder mantener el descenso en los niveles de hacinamiento" agregó Garcé.

De todas formas, dejó planteada una duda de cara al futuro.

"La única duda es saber si a partir del año 2019 o 2020 si se mantiene la actual tendencia al incremento a la población reclusa, que va a pasar con el actual proceso que ha tenido un cambio real en las condiciones penitenciarias. El modelo de construcción de cárceles tiene un límite. No se puede sostener indefinidamente porque hay un límite que se puede gestionar. Más allá de eso, asoma un panorama preocupante" subrayó.

"Interrogado sobre cuál será la diferencia entre las cárceles públicas que se conocen actualmente y este nuevo modelo de gestión, el comisionado parlamentario contestó que "hay dos diferencias: Una es el régimen jurídico. Porque la construcción es por concesión de obra dentro de la ley de Participación Público-Privada. Segundo, en la gestión el Estado va a mantener la seguridad. Va a haber áreas de la gestión que va a estar en manos de particulares. Aplicando un modelo mixto como se usa en Canadá, Francia, Chile. En estos países se han recorrido diferentes experiencias combinando el aporte privado y público" sostuvo Garcé.

Comienzo de obras

En setiembre comenzarán las obras. La Corporación para el Desarrollo y el Ministerio del Interior fueron los organismos que diseñaron el proceso licitatorio, luego de haber hecho varias visitas a cárceles de gestión privada en la región y EEUU.

Teyma es una de las empresas constructoras con más trabajo en el país. Inabensa se dedica a las instalaciones edilicias, en tanto Goddard tiene como eje el suministro de servicios de catering.

La prensa española informa que el grupo adjudicatario venció en la licitación a dos competidores: un consorcio formado por Saceem, Tradeco, CGL Hunt, Marcal y Conami, y el denominado UM que fue descalificado previamente.