El INDH fue llamado por la Comisión de Población y Desarrollo Social de la cámara de diputados, para hacer un informe sobre sus las condiciones de los centros de privación de libertad del Sirpa, que empezó a funcionar en 2012. La idea era hacerlo un instituto independiente del INAU, sin embargo, no se llegó a esa etapa. Natalia agrega que los funcionarios, y el criterio por el cual han ingresado los más nuevos, sigue siendo el mismo del INAU.

A partir de que Uruguay ratificará la Convención contra la tortura, se estableció que el INDH funcionara como mecanismo de prevención. Al adoptar este rol, se deben realizar visitas periódicas a los centros de retención. Allí, el personal del Instituto no solo habló con los internos y recibió denuncias de las familias, sino también escucharon a los funcionarios y las autoridades. 
Los informes llegaron hasta el comité de las Naciones Unidas contra la tortura, el cual expresó gran preocupación por la situación de los centros de reclusión de Sirpa

A esta mala situación estructural, se sumaron denuncias concretas de malos tratos. Ante esto, las autoridades y asesores del Sirpa se contradicen constantemente en el destino de los funcionarios involucrados. Por un lado, desde la interna del Sirpa se dice que no los puede separar del cargo sin elementos de convicción suficiente, por lo que son trasladados. Pero en realidad, hay gente denunciada por varias familias que siguen en los mismos centros.
A modo de ejemplo, Natalia contó el caso del centro Ser, donde se focalizan las denuncias más fuertes. La directora del centro recibió denuncias penales e internas, ante lo cual solo recibió una licencia, al menos de modo oficial. Quien quedó en su cargo, es otro de los funcionarios denunciados por malos tratos.

Por parte del estado aún no hubo respuestas sobre el tema. Desde el gobierno la principal actitud fue cuestionar las denuncias, considerando que tal vez sean exageraciones, y deslegitimando el trabajo del INDH.