(emitido a las 8.51 hs.)

EMILIANO COTELO:
El Ministerio del Interior (MI) adjudicó el viernes pasado la licitación para la Unidad de Personas Privadas de Libertad n.° 1, la nueva cárcel que estará ubicada en Punta de Rieles. Presentado como un penal de última generación y acorde con los estándares más exigentes a nivel internacional, será, sin dudas, un hito en la materia en nuestro país.

Se trata del primer proyecto de obra pública que se va a realizar por la ley de participación público-privada (PPP), vigente desde 2011. Pero la novedad va más allá de la construcción, este proyecto es pionero en otro sentido: también será la primera vez en la historia del Uruguay que el Estado comparta con un privado la gestión de un centro de reclusión.

Con esos datos sobre la mesa vale la pena conocer más a fondo no solo las características del proyecto, sino además el modelo de gestión que se aplicará en esta unidad penitenciaria.

Para eso recibimos al doctor Charles Carrera, director general de Secretaría del MI.

¿Por qué recurrir a la modalidad PPP para una cárcel? ¿Cuál es la ventaja para el Estado en este caso?

CHARLES CARRERA:
Ante el desafió de gestión que tuvimos en el ministerio, hubo que explotar otros institutos. Se construyó mucho por el modelo tradicional, licitación pública y pagar con el presupuesto correspondiente; tuvimos autogestión, preparamos presos para que construyeran cárceles, y como había que hacer una inversión muy fuerte en esa modalidad, se buscó, en consulta con el Ministerio de Economía, explorar esta iniciativa. Y se concretó en este proyecto en el que estamos trabajando desde antes de asumir con el ministro y el subsecretario, porque sabíamos que teníamos un problema en materia carcelaria, el gran hacinamiento que había en aquel entonces, en el año 2010, y que había que invertir mucho y el desafío fue este. Esta es una de las herramientas a explorar y lo que se concretó el viernes pasado fue la adjudicación provisoria. La PPP tiene diferentes hitos, ese fue el primer gran hito, ahora el consorcio adjudicatario tiene que conformar una sociedad anónima con objeto específico, tiene que cerrar su ecuación financiera. Nuestra intención es que ya en el último trimestre de este año se inicien las obras de construcción de la cárcel, que estaría habilitada en diciembre de 2016.

EC - Romina, repasemos cuáles son las áreas que tendrá a su cargo el Estado y cuáles el consorcio privado. ¿De qué se encargará el sector público en esta cárcel?

ROMINA ANDRIOLI:
Se encargará de la seguridad, la salud y la reeducación o rehabilitación.

EC - ¿Y la empresa privada?

RA - La empresa privada se encargará de la alimentación tanto de los presos como de los funcionarios, de lo que tiene que ver con jardinería, lavandería, mantenimiento, aseo y control de plagas y del economato.

EC - Doctor Carrera, ¿algún comentario sobre esta distribución de papeles?

CC - En principio el consorcio privado va a financiar, diseñar y construir, y después de entregada la obra comienza una etapa en la que asume esa serie de tareas accesorias: lavandería, mantenimiento, alimentación. Este es un gran desafío para la Administración Pública porque es el primer contrato en el que se van a compartir tareas. Las tareas esenciales van a estar a cargo de la Administración Pública y las tareas accesorias a cargo del privado.

Nosotros también nos tenemos que preparar. En el ministerio la Secretaría creó una oficina que se va a encargar primero de la ejecución del contrato y luego va a contar un inspector de contrato que después de que se entregue la obra va a controlar que los servicios que nos entreguen tengan un nivel acorde con lo contratado. Es un desafío muy importante y es algo nuevo. En cuanto a estas tareas accesorias es una especie de tercerización, entonces hay que controlar el nivel de lo contratado.

EC - Usted remarca que una vez que esté operativa la cárcel el privado se va a ocupar de tareas o servicios accesorios, no de los fundamentales de una cárcel. Pero ya eso en Uruguay es todo un sacudón, no es obvio para la gente y sobre todo, me imagino, dentro del propio Frente Amplio (FA).

CC - En el mundo esto ya existe. Tuvimos la oportunidad de visitar muchísimas cárceles, en Chile, Estados Unidos, España, Inglaterra, Brasil. Se establecen protocolos donde se define todo claramente.
    
En cuanto al FA, yo soy militante del Movimiento de Participación Popular y nosotros votamos esta ley y la acompañamos, porque el Estado uruguayo hoy tiene el gran desafío de hacer mucha inversión en infraestructura de diferente porte. Infraestructura vial, este es un caso de infraestructura social, y podrán venir otras PPP, ojalá, después de esta primera experiencia. La primera es un hito por ser la primera, pero además porque [en su ejecución] se van a ver las dificultades, va a dejar un montón de know-how, de conocimiento para las otras administraciones públicas, eso es muy importante. Como frenteamplistas la votamos, la compartimos y la estamos ejecutando.

EC - En otros países la gestión privada de una cárcel va más allá de lo que se está previendo acá en Uruguay.

RA - Sí, en algunos países se prevé, por ejemplo, la propia seguridad interna de la cárcel. ¿Por qué en este caso se descartó esa opción? La seguridad se mantiene en manos del MI.

CC - Por la contraposición de intereses, el privado tiene un interés y el Estado tiene otro. El interés del Estado en este caso es rehabilitar, consideramos que todo lo que tiene que ver con la rehabilitación tiene que estar en manos nuestras porque nuestro interés es que haya menos presos, mientras que puede ser que el interés del privado sea que no haya rehabilitación. Esa fue la discusión que tuvimos al principio. Además, en nuestro ordenamiento jurídico todo lo que tiene que ver con la seguridad es cometido esencial del Estado.

EC - En algunos países el privado se hace cargo de la seguridad y de la rehabilitación. Aquí se descartaron esos dos niveles.

CC - Sí, los descartamos. Primero por eso, por la contraposición de intereses. Pero lo fundamental es que la seguridad y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación son cometidos esenciales y no quisimos dejarlos de lado. Además en esta administración de Gobierno pusimos en funcionamiento el operador penitenciario, un operador que está preparado especialmente para las tareas de rehabilitación. Nuestra intención con esta cárcel nueva es que funcione dentro de ese marco, con los funcionarios operadores penitenciarios. Va a haber un Centro de Diagnóstico y de Clasificación –otra de las innovaciones de esta administración– con 100 plazas, por donde va a ingresar toda persona que sea procesada o penada, y allí se la va a derivar. Por eso la seguridad tiene que quedar en manos nuestras.

EC - ¿Los funcionarios de esa cárcel no van a ser los que uno está acostumbrado a ver como encargados de una cárcel en Uruguay hasta ahora?

CC - No. En la actual cárcel de Punta de Rieles ya hay operadores penitenciarios, ese escalafón.

EC - Ahí ya se empezó esta experiencia.

CC - La intención en esta cárcel es que todo lo que sea tareas directas de trabajo con el recluso, de rehabilitación, esté bajo el mando de los operadores penitenciarios.

EC - ¿Y qué tipo de especialización van a tener los funcionarios encargados de la seguridad?

CC - Va a haber algunos policías encargados de tareas de seguridad dentro del centro. Esta cárcel también está preparada para que haya mucha tecnología, va a haber mucha tecnología en los centros perimetrales, se le está solicitando a la empresa privada todo lo que tiene que ver con la comunicación. Es como culminar un proceso que se inició con la construcción del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En esta administración se creó el INR y se puso en funcionamiento el operador penitenciario, un escalafón creado en el año 1986 pero que pusimos en funcionamiento en esta administración. La intención es que esta cárcel, con esta modalidad de trabajo, realmente sea un instrumento para rehabilitar.

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EC - Estamos conversando con el doctor Charles Carrera, director general de Secretaría del MI, a propósito de la primera experiencia de cárcel PPP que se viene dentro de unos meses.

RA - Veamos algunas características del proyecto. El adjudicatario es el Consorcio Unidad Punta de Rieles, conformado por Teyma Uruguay, Instalaciones Inabensa y Goddard Cattering Group. La cárcel estará ubicada en la zona de Punta de Rieles, en un antiguo predio militar donde también está ubicada la actual cárcel de Punta de Rieles. La unidad estará conformada por 25 edificios en un área total construida de 42.000 metros cuadrados y tendrá 1.860 plazas, más otras 100 en el Edificio de Admisión y Clasificación. ¿Alguna otra puntualización sobre las características del proyecto?

CC - Es un proyecto que desde el vamos está pensado para rehabilitación de la persona privada de libertad. Estarán dadas todas las condiciones de infraestructura, además va a haber talleres para la formación y la educación, va a haber talleres de trabajo, existe posibilidad de que se instalen empresas que tomen a los reclusos como mano de obra, de acuerdo con la normativa vigente. Esto se le solicitó al consorcio ganador. Diría que allí están dadas todas las condiciones de rehabilitación, de dignidad, tanto para la persona privada de libertad como para nuestros funcionarios y para las visitas. Realmente va a ser una cárcel modelo.

EC - Por ejemplo, ¿esta cárcel va a tener calefacción?

CC - [Piensa.] Algún sistema de calefacción tiene que tener.

EC - No es la regla en Uruguay.

CC - Sí, hoy hay cárceles que tienen sistemas de calefacción. Es de acuerdo con lo posible. En otra oportunidad se discutió mucho cuando salió una noticia en El Observador que decía que una de las cárceles en Soriano iba a tener calefacción. Una cárcel con calefacción evita que haya un mal uso del sistema eléctrico, por ejemplo hoy usan ladrillos como resistencia y eso consume mucha energía. Esta cárcel va a tener condiciones de rehabilitación y de trabajo tanto para nuestros funcionarios como la persona privada de libertad, va a haber posibilidad de educarse y además de formar hábitos de trabajo.

EC - ¿Qué ocurrirá con la cantidad de presos por celda?

CC - Las celdas pueden ser de cinco, tres o un preso, va a haber 100 celdas de un preso. Se los va a clasificar y de acuerdo a eso será el tipo de celda.

EC - ¿El máximo es cinco por celda?

CC - Lo máximo son cinco por celda.

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EC - Por primera vez en la historia uruguaya, un privado participará en la construcción, mantenimiento y gestión de una cárcel. Esto se concretará cuando finalicen las obras de la Unidad de Personas Privadas de Libertad n.° 1, a ubicarse en Punta Rieles, que será el primer proyecto de obra pública que se realizará en la modalidad de participación público-privada.

Sobre este cambio estamos conversando esta mañana con el doctor Charles Carrera, director general de Secretaría en el Ministerio del Interior.

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RA - Vamos a detenernos en el aspecto económico del proyecto. La construcción de la cárcel supone una inversión para el privado de 97 millones de dólares. Cuando esté operativa, el Estado, por medio del MI, pagará al privado 196 Unidades Indexadas por día y por plaza disponible (aproximadamente 555 pesos) a lo largo de los 27,5 años que dura el contrato. ¿Cómo es este costo en comparación con el actual? ¿Hay alguna estimación de cuánto sale mantener a un preso hoy en día?

CC - Sí. Primero, para ir por esta vía de los contratos de las PPP el Estado uruguayo tiene la obligación de hacer un estudio de "valor por dinero". De ese estudio surge qué camino se debe adoptar, si hay que ir por el modelo tradicional o si se puede optar por este instituto nuevo de las PPP.

Segundo, este costo es dos tercios de lo que cuesta un recluso hoy, según ese estudio. Un recluso hoy estaría costando más o menos 800 pesos por día.

EC - Acá el precio se establece en función de la cantidad de plazas disponibles, no de la cantidad de presos en la cárcel.

CC - Claro, sí, y la obligación del Estado es tener esta cárcel llena, de lo contrario estaríamos pagando por algo que no estamos usando.

EC - A cambio de ese dinero el privado suministra alimentación, tanto para los presos como para los funcionarios, jardinería, lavandería, mantenimiento edilicio, aseo y control de plagas y hace funcionar un economato.

CC - Sí.

RA - ¿Cómo se "construye" esta cifra de 555 pesos por recluso por día? ¿Qué implican exactamente estos 555 pesos? ¿Significan algo más de lo que mencionaba Emiliano?

CC - Sí, el privado financia toda la obra, hace el diseño, la construcción y después la pone en marcha con estos servicios que mencionaba Emiliano. De ahí se está cobrando esa cifra.

RA - Ahí están la recuperación de la inversión y la ganancia del privado.
    
CC - Sí, estaría todo eso.

EC - Los 555 pesos no incluyen solo la prestación de los servicios que yo mencionaba, sino también ir desquitando la inversión.

CC - Claro, la inversión original, que es una inversión muy importante, de 97 millones de dólares, para habilitar toda esta infraestructura. Además este primer contrato no solo es algo muy novedoso, sino también muy importante para el Estado, porque acá hay una contraposición de intereses adecuada. Hoy el MI hace todo, se encarga de la alimentación, de la rehabilitación, etc., y acá además va a haber un privado que tiene que darnos el servicio según lo contratado, y el Estado controlará que todo eso le llegue al recluso. Eso es muy importante, porque se ha mejorado muchísimo todo lo que tiene que ver con la alimentación en los centros, hoy el Estado invierte muchísimo por año en la alimentación de los reclusos, pero muchas veces esa alimentación no les llega en las condiciones adecuadas.

EC - ¿Está aludiendo, por ejemplo, a la posibilidad de robos?

CC - Claro, puede haber. Se ha mejorado muchísimo el control, en el Comcar por ejemplo hemos hecho todo un diseño del economato nuevo y la alimentación que hoy reciben los reclusos es muy diferente de la anterior. Por eso digo que hay que destacar esto, porque hay un privado por un lado, está el Estado y hay interés en que lo que se está invirtiendo llegue a los objetivos del contrato.

RA - Justamente, en cuanto a los controles, ¿cómo es el esquema de funcionamiento institucional? ¿Quién estará a cargo de verificar que el privado cumpla con las condiciones del contrato? ¿Cómo se controlará?

CC - Hay todo un mecanismo institucional nuevo, hay una figura que es el inspector del contrato, quien, junto con un equipo técnico, va a controlar la ejecución del contrato y luego que la prestación de los servicios sea la adecuada.

RA - ¿El inspector de contrato es un funcionario contratado por el MI?

CC - Es un funcionario contratado por el MI a partir de un fideicomiso que se crea con los aportes de la propia empresa. La empresa en la primera etapa de construcción del contrato tiene que destinar a ese fideicomiso 600.000 dólares y después 250.000 anuales. Con esa cifra se va a contratar todo el equipo técnico que va a controlar el fiel cumplimiento del contrato.

RA - ¿Es una figura independiente?

CC - No, es contratado por este fideicomiso, pero va a estar en la órbita del MI, en la Secretaría del MI, que es donde tienen asiento el ministro, el subsecretario y el director general.
    
EC - ¿Se van a aplicar multas, por ejemplo, en caso de incumplimiento?

CC - Sí, hay todo un sistema de multas muy severas, se puede llegar hasta la rescisión del contrato.

EC - ¿Y qué pasa, por otro lado, si ocurren contingencias que no son responsabilidad del privado? Por ejemplo, si las instalaciones son destrozadas en un motín, o si un recluso cualquiera rompe, destruye parte de su celda. ¿Quién asume esos gastos?

CC - Está todo estipulado en el contrato. Hay obligaciones de cargo de la Administración, si la seguridad está de cargo nuestro, nosotros tenemos que controlar la seguridad, que no haya motines, que no haya destrozos. Todo lo que sea intencional, si hay hechos intencionales de los presos, corre por cuenta del Estado. En cambio lo que sea culposo, sin intencionalidad, corre por cuenta de la empresa. Habría que analizar cada caso, pero en principio esa sería la regla. Es como un contrato tradicional, hay toda una serie de reglas para casos fortuitos, fuerza mayor, etcétera. En todas esas situaciones se aplican las reglas del Código Civil.

RA - ¿Los destrozos que se pueden generar en un motín los debería reparar el privado, y el sector público, en este caso el MI, pagarle aparte?

CC - Sí.

EC - Y si es necesario en algún momento ampliar esta cárcel, ¿qué pasa?

CC - Esta ley tiene ciertas reglas. No podemos ampliar esta PPP, tendríamos que llamar a otra.

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EC - ¿Cómo será la primera cárcel que tendrá nuestro país construida y operada por el sistema de participación público-privada? Estamos hablando de la Unidad de Personas Privadas de Libertad n.° 1, a ubicarse en Punta Rieles. Ese es el tema de esta entrevista hoy con el doctor Charles Carrera, director general de Secretaría en el Ministerio del Interior.

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RA - Una vez que esté en funcionamiento este centro de reclusión, lo que se prevé que ocurra en 2016, ¿qué tipo de reclusos irán allí? ¿Los que sean remitidos una vez que esté construido o se prevé trasladar reclusos de otras cárceles a esa?

CC - En principio, la intención nuestra es que sean clasificados y que sean de baja y media seguridad, aunque vamos a tener algunas celdas de mayor seguridad. Allí va a haber un centro de clasificación que va a ser una puerta de entrada para ese nuevo centro.

EC - ¿El contratista estará obligado, de alguna forma, a contratar a su vez a presos para desempeñar determinadas tareas, determinados trabajos en sus servicios?

CC - Obligado en sí no; en realidad sí está obligado, pero no con un número, un porcentaje de su plantilla de trabajo. Como esto es algo nuevo, a los privados hay que permitirles que los clasifique, les haga las entrevistas correspondientes y después sí. Nuestra intención es que haya muchos reclusos trabajando en la lavandería, en la cocina, en lo que tiene que ver con el mantenimiento; cuando se ponga a funcionar se va a ver la cantidad. Cuando estábamos armando los pliegos los consultores aconsejaban no poner una cifra porque es algo nuevo para el mercado uruguayo y puede dificultar a la hora de la ejecución del contrato.

EC - Hoy en otras cárceles del Uruguay pasa, los propios presos se organizan y se ocupan por ejemplo de tareas de cocina. ¿En ese caso tienen retribución?

CC - Sí, hoy tienen un peculio, según los regímenes, pero en general, si lo pagamos nosotros, el ministerio, reciben un peculio que es medio salario mínimo nacional. También hay muchos reclusos trabajando en construcciones con privados, por ejemplo en el Comcar, allí hay un polo industrial, hay muchos privados, y se les paga el salario mínimo nacional o según el laudo. Son diferentes situaciones.

EC - Supongamos que en la cárcel PPP se contratan presos para la cocina. Ahí se les va a pagar según los laudos vigentes.

CC - Se les va a pagar según los laudos vigentes. Además va a haber algún incentivo, en la ley de rendición de cuentas del año pasado se estableció que todos aquellos proyectos que contraten mano de obra reclusa van a tener deducción del IRAE.

EC - En cuanto al preso, el hecho de trabajar, incluso en estas condiciones, le será computado a efectos de reducir la pena.

CC - Sí. Son muchas situaciones, quizás haya que legislar. Tenemos un anteproyecto de ley en el que se propone que se compute, porque el trabajo genera hábitos y es importante en todo lo que tiene que ver con la reeducación del recluso.

EC - Pero ya está previsto en la legislación que el preso que estudia o trabaja redime por esa vía una parte de la pena. ¿Este tipo de tareas prestadas para una empresa privada concesionaria de una cárcel entran en esa categoría o está en discusión?

CC - Entran en esa categoría.

RA - ¿Qué otra diferencia hay respecto a lo que puede ser el funcionamiento habitual de una cárcel en actividades como cuando los presos se organizan para cocinar y demás, que forman parte de actividades "socializantes"? Porque en Chile, donde se ha aplicado este sistema de las cárceles de gestión público-privada, se ha estudiado que hay más predisposición de los presos a suicidarse porque han perdido, por los cambios que implicó en la gestión este tipo de centros, ciertas actividades de ese tipo en las cuales tenían actividades para socializar. ¿Qué evaluación hacen ustedes? ¿Qué tienen previsto en ese sentido?

CC - En las experiencias que visitamos, conocimos la de Chile, vimos que hay mucha oportunidad de hacer socialización, salen al patio desde la mañana hasta el mediodía. Va a seguir habiendo tareas de socialización, porque va a seguir habiendo posibilidades de trabajar, de educarse, de formarse, va a haber lugares comunes dentro del establecimiento donde va a haber posibilidad de compartir.

RA - El cambio de gestión o el hecho de que parte de la gestión sea privada no implica cambios en la rutina o en las tareas habituales que hace un preso en el día a día.

CC - No.

RA - ¿Van a poder pedir ser contemplados para ser trasladados a esta cárcel?

CC - Sí, va a haber una junta de selección. Si pasa por la clasificación correspondiente, si tiene los méritos, puede ir a esta cárcel. Eso se puede dar, pero hay una junta de selección que es la que dispone los traslados a nivel nacional.

EC - Hay oyentes que dicen: "Está bien que les paguen una retribución por las tareas que desempeñan, pero ¿no tendría que descontárseles el costo de su manutención?".

CC - Son temas de discusión. La ley lo habilitaría, pero lo primero que habría que hacer es poner a funcionar esta cárcel y después ver esas situaciones. El gran desafío hoy es ejecutar la obra, ponerla en funcionamiento.

EC - A propósito de evaluaciones, Bernardo, que nos escribe desde España, dice: "El funcionario está admitiendo que la actual gestión de las cárceles públicas es cara e ineficiente, y que un privado lo hará mejor y más económico. Eso es lo que yo deduzco. En relación con esta mala gestión, ¿qué están haciendo para mejorar los indicadores? ¿Esto es otra afirmación de que los privados lo hacen mejor y más barato que el Estado?". ¿Qué contesta a todas estas preguntas?

CC - No es así. Estamos haciendo un gran esfuerzo habilitando plazas. El gran problema cuando asumimos era el hacinamiento, en estos cuatro años tuvimos que habilitar cerca de 6.000 plazas. Hoy hacinamiento tenemos prácticamente en una cárcel, la cárcel de Canelones, y en el módulo 2 del Comcar. Esos son los lugares más complejos. Hay plazas, pero los queremos clasificar antes para enviarlos a esas plazas.

Estamos entrando en el economato, tuvimos que adquirir la tecnología necesaria por un lado para que no hubiera fugas y por otro para evitar el ingreso de productos que no pueden ingresar a las cárceles. Se está trabajando. Hoy la alimentación es muchísimo mejor que cuando ingresamos, y es de buena calidad. Tuvimos que hacer convenios con productores, con cooperativas de pollo o de cerdo. La lógica tiene que ser que haya contraposición de intereses: el productor de cerdo o de pollo quiere que el producto llegue con calidad y que llegue a la dirección del establecimiento, y nosotros queremos que ese producto nos llegue para que vaya a la cocina.

Se ha mejorado muchísimo. El desafío es seguir fortaleciendo la institucionalidad del INR, que es algo nuevo, hace cuatro años que está. Fortalecer la institucionalidad es eso, es seguir por esta línea de poner en funcionamiento el operador penitenciario y todos estos cambios que se están haciendo. El Comcar hoy es una cárcel totalmente nueva. Yo soy abogado, lo veía cuando ingresé acá, y hoy es una cárcel donde hay control y por donde se puede caminar.

EC - ¿Está previsto construir más cárceles mediante este modelo PPP?

CC - No, por ahora no. Con esta cárcel se estaría terminando definitivamente el hacinamiento y tendríamos plazas para enfrentar el futuro.

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Transcripción: María Lila Ltaif