Llamó a cambiar los paradigmas que justifican esta práctica, cuyo incremento lo adjudica al "crecimiento económico y a una mayor capacitación  de los operadores";.

El organismo señaló que "tanto los explotadores como los clientes"; deben ser sancionados";.

Si la Suprema Corte no revierte la excarcelación del empresario, el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el marco de una fuerte concentración que diversas organizaciones sociales hicieron este viernes ante la Suprema Corte de Justicia reclamando que la corporación revierta el fallo que anuló el procesamiento en primera instancia de un empresario por el delito de explotación sexual infantil, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las "obligaciones"; del Estado uruguayo en esta materia.

El informe da cuenta que según la Comisión Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, "el número de denuncias aumentada cada año";, una realidad que puede tener tres hipótesis de base: que el fenómeno esté creciendo al impulso del crecimiento ecónomico, que sea producto de una mayor sensibilización y capacitación de los operadores y que se esté identificando mejor esta situación, o una conjunción de ambas.

El organismo sostiene que lo anterior conduce a afirmar que el Estado debe desarrollar políticas públicas tendientes a la erradicación de este tipo de explotación, "legitimada por una histórica cultura machista, por la tolerancia social y por la impunidad de los responsables";.  En esa dirección, "todos los responsables directos de estas conductas deben ser investigados y sancionados, incluyendo tanto a los explotadores como a los clientes";. La INDDHH entiende que la sociedad enfrenta el desafío de revertir la creencia tradicional en cuanto a la irresponsabilidad de los clientes.

En sus conclusiones señala que el Estado "debe contar con datos actualizados y un mecanismo de rendición de cuentas";. En ese sentido, debe seguir generando en forma articulada con la sociedad civil, medios de comunicación y empresas privadas, instancias de sensibilización y formación sobre un delito grave y las formas de enfrentarlo";.

En el mismo sentido y a los afectos de "dejar atrás estereotipos que han justificado e incentivado estas prácticas delictivas – tanto en el pasado como en el presente – sería necesario "incorporar en los planes de estudio a todos los niveles de la educación esta temática, desde una perspectiva de derechos humanos, modificando viejos paradigmas y poniendo el problema en el centro de la cuestión, que no es otro que el respeto por la dignidad de todas las personas que habitan en el país";.

El informe llama la atención sobre la existencia de "determinados mitos o conceptos fuertemente instalados en la sociedad, que pueden ser potenciados cuando se utilizan afirmaciones como "son prostitutas, y ese es su trabajo";, o "están en eso porque les gusta";, "se aprovechan de los hombres, los seducen y les sacan dinero";, o "es un problema los turistas extranjeros";.

La INDDHH recordó las recomendaciones que organismos internacionales hicieron al Estado sobre el tema: adaptar la legislación, asignar mayores recursos económicos para asegurar el cumplimiento de la ley el castigo a los culpables, mayor capacitación a los funcionarios encargados de aplicar la ley, destinar mayores fondos a la prevención y la concientización pública, y programas de asistencia y reintegración social para las víctimas de este delito.

Concentración

Este viernes, unas 30 organizaciones civiles se concentraron frente a la Suprema Corte de Justicia para manifestar la oposición e indignación por el fallo que revocó el procesamiento del empresario imputado de explotación sexual infantil.

El empresario, de 75 años de edad, había sido procesado con prisión por el juez de Cerro Largo, Javier Gandini. Sin embargo, hace 15 días, el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno lo absolvió al concluir que la menor le mintió respecto a su edad, ya que le dijo que tenía 18 años.

La Suprema Corte de Justicia deberá tratar el fondo del caso, ya que la fiscal Adriana Umpiérrez presentó un recurso de casación contra el fallo absolutorio.

Los padres de esta adolescente, que tiene  15 años, , fueron procesados por el juez Gandini. El padre fue a prisión por contribuir a la explotación sexual de la menor de edad.

Las agrupaciones convocantes a la marcha  informaron  su intención de pedir una audiencia a los ministros de la Suprema Corte.

Andrea Tuana, de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, dijo a El Espectador que la convocatoria no es una presión contra el Poder Judicial sino una manifestación pública en contra de una acción de uno de los tres poderes del Estado.

Si la corporación no hace lugar al recurso de casación, estas organizaciones están decididas a llevar el tema ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.