La nueva ley establece que quienes tengan en su poder un arma de fuego sin registro en Uruguay deberán regularizarla o entregarlas en un plazo de ocho meses a dependencias del Estado para su destrucción.

Castiga con prisión el tráfico ilícito de armas, aunque la pena mínima pasó a ser excarcelable.

El senador colorado Ope Pasquet, que había votado favorablemente el proyecto cuando llegó originalmente de la Cámara de Senadores, votó en contra porque se incorporaron modificaciones que, de acuerdo al legislador, son limitantes.

Una de las modifcaciones es la que obliga al registro de compra venta de armas entre particulares. La otra, la que obliga a la destrucción de las armas incautadas.

Pasquet dijo a El Espectador que Uruguay no puede darse el lujo de destruir todas las armas ya que podrían ser reutilizadas por la Policía.