(emitido a las 7.47 hs.)

EMILIANO COTELO:
Con la excepción de Tabaré Vázquez, todos los candidatos presidenciales estuvieron ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República para debatir sobre seguridad pública y presentar sus propuestas en este tema, que, según las encuestas, es la principal preocupación de los uruguayos y en estos días se instaló con mucha fuerza.

El encuentro tuvo lugar en medio de un nuevo choque entre oficialismo y oposición, que se desencadenó cuando Vázquez confirmó que Eduardo Bonomi seguiría al frente del Ministerio del Interior en un eventual nuevo mandato del Frente Amplio.

¿Cómo observaron los gremios de funcionarios policiales esta controversia? Vamos a conversar con Miguel Barrios, dirigente y secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único Policial del Uruguay.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Cómo vio este debate sobre el tema seguridad, que se ha instalado fuerte en estos días?

MIGUEL BARRIOS:
Si lo tuviéramos que subdividir entre los participantes, diríamos que tres de los seis que participaron tienen que profundizar sus propuestas de seguridad, sobre todo en cómo piensan a aterrizar las políticas que planean en sus líneas generales. No hubo detalles ayer por parte de tres partidos, más allá de que hay diferencias entre ellos tres en el enfoque y en el avance de las propuestas. Otros tres deben tener políticas de seguridad que no las expresaron ayer en el debate.

RA – ¿Cómo hace la distinción entre tres y tres?

MB – Los tres que tienen representación parlamentaria están por un lado. Esto obviamente no es una casualidad, seguramente tienen mayor acceso a asesores que les pueden dar orientaciones en esta materia. Tienen propuestas en líneas generales que podrían, en un trabajo un poco más profundo, dar una visión más global sobre la propuesta de seguridad pública.

Los tres que aún no tienen representación parlamentaria se fueron por el lado del origen social del delito, teoría que en su momento presentó también el Frente Amplio, que a la vista está que no es el origen de todas las cosas.

RA – Usted decía que les faltó profundizar en las propuestas concretas, ¿a qué lo atribuye? ¿Simplemente a que no hay más que eso atrás o a la falta de tiempo por la dinámica del debate?

MB – Falta de tiempo no puede haber en agendas que se están conformando para un eventual gobierno nacional. Esto se trata de la técnica que están usando, que se utilizó antes y después del golpe de Estado, de diseñar políticas de seguridad sobre la base exclusiva del asesoramiento técnico. No decimos que eso esté mal, es absolutamente necesario, pero también tiene que haber una dinámica con la base.

Citando ya algún episodio del actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando se quejó de un boicot activo de la policía, todos recordarán que tiempo después relevó al jefe de Policía y a un jefe de zona, también hubo movimientos en algunas comisarías. Es decir: no estábamos hablando de personal subalterno participando en este tipo de cosas.

RA – ¿Ustedes han reclamado esa participación? ¿Se lo han planteado a los presidenciables?

MB – El Sindicato Único Policial del Uruguay como organización se ha acercado a los presidenciables y a sus equipos técnicos en esta materia, para tener reuniones de acercamiento. Nosotros tenemos el diálogo por principio y este acercamiento lo hemos hecho con todos los presidenciables, hasta el momento sin suerte y sin respuesta.

Pero insistimos en esta lógica: todas las políticas de seguridad se han diseñado sin ver cómo se aplican en la realidad. Para profundizar un poco más, existen políticas de los tres partidos con representación parlamentaria que hablan de profesionalización y capacitación de la Policía, pero eso no demuestra un contenido.

RA – Vayamos a ese punto. Usted decía que los tres partidos con representación parlamentaria mencionaron ese como uno de los aspectos en los que coincidieron, ¿qué entienden ustedes que debería hacerse por el lado de profesionalizar la tarea de los policías?

MB – Nosotros hicimos un planteo muy específico en la Comisión de Constitución y Códigos en 2012, presentamos un proyecto articulado que atiende a la reforma de la Ley Orgánica Policial, aún en discusión en el Parlamento, y algunos reglamentos que incentivan y crean una Policía proactiva en lo que tiene que ver con formación y capacitación. Le da contenido a esas palabras, dice cómo, cuándo y en qué medida, a qué nivel, cuál es el alcance territorial de la formación. Hablamos de una formación monolítica y a nivel nacional, no nos quedamos en el concepto de la isla, que es el que actualmente tiene el Ministerio del Interior que capacita en la zona metropolitana y uno hace 250 kilómetros hacia el interior profundo del país y encuentra otra capacitación, otro tipo de realidad policial y otro tipo de atención. Eso no puede suceder, no si tenemos una policía nacional, que es a lo que estamos apelando.

Tomamos la realidad latinoamericana con una capacitación de un año mínimo, tomamos reglamentos de evaluación funcional por puntaje, para que los funcionarios tengan ese estímulo, y aclaro: profesional, no económico, como es actualmente. El estímulo económico inmediato es un error, más allá de que puede resultar económicamente rentable para el funcionario, creemos que es un error, lo hemos discutido ya con el asesor en esta materia.

RA – ¿Por qué? ¿Qué es lo que entienden en el aspecto económico?

MB – En el aspecto económico ir a un salario que cubra las necesidades básicas de la canasta familiar. Nosotros estamos en el 50% de la canasta básica familiar, está faltando un tramo larguísimo.

Hay proyectos presentados por el Sindicato Único Policial del Uruguay a nivel parlamentario, con acceso de los tres partidos con representación parlamentaria que expusieron ayer, y los expositores no se han detenido mucho en ellos, por lo que pudimos observar ayer. Otra cosa que nos parece un poco complejo de entender es que los tres son abogados, y los tres dejaron pasar por alto algunas puntualizaciones sobre que la Policía conoce dónde están las bocas de pasta base, quiénes distribuyen y todo lo demás. Todos los que hemos hecho un pasaje por la universidad sabemos que hay una figura del agente encubierto, falta estudio en esa materia, se notan falencias en el trabajo puntual de esas aristas de las propuestas.

RA – ¿Cuál debería ser la medida en ese punto?

MB – Todos saben que los jueces del crimen organizado son los únicos que pueden autorizar la figura del agente encubierto, no es una figura que se autorice a nivel general por cualquier juez penal. Esto implica una justicia especializada, algo que pasaron por alto todos, para empezar los partidos que no tienen representación parlamentaria, que desarrollaron teorías sobre la gran omisión de esta figura.

RA – Me detengo en otros de los planteos que hicieron los candidatos. Luis Lacalle Pou enumeró los cinco ejes de su propuesta y mencionó la modificación de la legislación penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia, la baja de la edad de imputabilidad penal, un Estado abierto y una policía cercana, combatir el hacinamiento en las cárceles y penas alternativas a la prisión.

Pedro Bordaberry propuso cuatro caminos "claros": modificar la actuación de la policía, aprobar "de una vez por todas" la modificación del proceso penal, sacar el sistema de cárceles de la órbita de la Policía y combatir eficazmente la droga, "que nos llena de violencia las calles".

¿Cómo ve usted ese conjunto de medidas?

MB – Hay que empezar a decir que cualquier de estas propuestas no son la panacea, como la baja de la edad de imputabilidad, más allá de que haya una discusión profunda que hay que dar a nivel normativo, hay que explicar muy bien a los ciudadanos qué implica la baja de la edad de imputabilidad, que es todo un tema y deberían hacerlo de otra maneras, a nuestro entender.

Todas las propuestas están bien, la preocupación que tiene el Sindicato Único Policial del Uruguay es cómo se van a aterrizar en la realidad. Creemos que ellos deberían concatenar el asesoramiento técnico con la visión que tienen los que aplican esas políticas de seguridad en la base, en contacto con el ciudadano. No hablamos de cogobierno, hay que especificarlo bien, el Ministerio del Interior no admite cogobierno por principio constitucional.

La gran falencia en el diseño de las políticas de seguridad pública históricamente ha sido no consultar a la base, quedarse con lo que informan los mandos medios. Ha sido un gran error, está demostrado, le pasó a la actual administración en dos períodos y recién al final se está dando cuenta de esto a raíz de la realidad que ha presentado el propio Sindicato Único Policial del Uruguay en sus participaciones.

Todas esas medidas que usted mencionó son correctas, pueden traer alguna mejora pero no son la panacea, ninguna de ellas.

RA – Más allá del debate que se dio ayer, también está planteada en los últimos días la discusión que involucra al oficialismo en torno a las declaraciones que ha hecho el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, de que continuará con la política actual de seguridad y concretamente con los actuales jerarcas del Ministerio del Interior. ¿Cómo ve este punto respecto a la continuidad o no de la actual política de seguridad? ¿Qué aspectos cree que deberían mantenerse y cuáles no?

MB – Para empezar, no dirigir a la fuerza pública como lo ha hecho el actual Ministerio del Interior, con puño de hierro, sin diálogo. Esto es básico, el ministerio lo sabe, lo sabe el ministro, lo sabe el subsecretario y lo sabe el director general de secretaría. Hay cosas que no le van a llegar por parte de los inspectores, comisarios y mandos medios que existan a nivel regional. Hay un fenómeno de no hacer olas hacia el ministerio para quedarse tranquilos en sus cargos.

RA – ¿Qué tipo de información dice usted que no llega y no va a llegar?

MB – Cuando no funcionan las políticas que se diseñan y se ponen en práctica. El compromiso de gestión 2014 es un ejemplo claro, hay un fenómeno de desestimulación continua de los trabajadores que están cumpliendo con sus tareas en función de una responsabilidad objetiva. Ese es un término de derecho, la responsabilidad objetiva pena a todos por la falta de uno, ¿qué trabajador se va a estimular en ese sentido? Hace pocos días se planteó en el Ministerio del Interior, pero esto viene de 2010. Hay alguna carencia en la comunicación.

Y ya que estamos opinando de que algunos están mejor enfocados que otros, hay que decir que la exposición del Partido Independiente de ayer fue un poco más detallada que las otras, pero al mismo tiempo demuestra alguna carencia en la actualización de algunos conceptos y aspectos como el 222. No se puede plantear que en 2016 va a desaparecer.

No quiero dejar por fuera un actor político importante que estuvo ausente ayer, pero que hizo pública su posición respecto a la seguridad pública a través de la prensa. La verdad que la continuidad de las políticas que ha aplicado, la respuesta se la damos ahora, tiene grandes carencias, se ve en los resultados, se precisaría mucho más tiempo para analizar cada punto, pero tiene grandes carencias. Si se recorre la línea de exposición del Sindicato Único Policial del Uruguay se ha venido marcando permanentemente las carencias que tienen las políticas de seguridad en función de que no se consulta a la base. Usted puede hacer la mejor teoría de seguridad pública, pero si no tiene contacto con cómo se desarrolla esa política de seguridad en la realidad diariamente y cuál es el resultado y la evaluación que se hace, nunca va a saber qué está pasando realmente. Va a tener informes puramente técnicos y jerárquicos.

Dentro de lo que se ha prometido está duplicar el presupuesto. Ahí hay otro debe de todos los partidos que estuvieron ayer y el que no estuvo y es cómo se va a distribuir a nivel salarial y a nivel de infraestructura de trabajo.

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