Estas medidas incluyen la suspensión de audiencias, la suspensión del dictado de decretos de trámite y sentencias interlocutorias hasta el "parto total de actividades sin perjuicio del mantenimiento de guardia gremial en materias sensibles (vida, saludo y seguridad)".

También se informó que en caso de que no haya novedades antes del lunes 24 de noviembre, se organizará una marcha y concentración masiva de magistrales de todo el país en Montevideo el miércoles 26.

Entre las alternativas, un sector de la AMU había presentado una moción para que los jueces vayan a la huelga. Si eso se aprueba, será la primera vez en la historia del país.

Los magistrados son uno de los sectores a los cuales el PE les debe un ajuste del 26% de su salario, producto del incremento en el sueldo de los ministros de Estado dispuesto en la Ley de Presupuesto vigente. Ante ese hecho, la SCJ adujo que sus ministros  estaban "enganchados" a ese aumento según la Constitución, y luego hicieron lo propio otros sectores.

El ajuste es reclamado además por funcionarios y actuarios, judiciales, fiscales y funcionarios del Ministerio Público, defensores de oficio y trabajadores registrales.

El PE les reconoce la deuda a la mayoría de estos grupos, pero aún no definió en forma concreta cuándo y cómo va a pagar un incremento que supone unos 60 millones de dólares por año.

Esta falta de definición justamente es el motivo de la propuesta de huelga de los magistrados, a la que se podrían sumar en los próximos días otros sectores.

Una huelga de magistrados sería un hecho inédito, pero no está claro si estos profesionales están efectivamente habilitados  a hacerlo. Al respecto existen "dos bibliotecas". Fuentes de la SCJ explicaron a El Espectador que si lo hacen, podrían estar incurriendo en una "denegación de Justicia", a la cual tienen derecho constitucionalmente todos los ciudadanos y es una de las bases de la convivencia social.

De todas formas, el sector de la AMU que quiere ir a la huelga estará presentando en la asamblea un informe elaborado por tres ministros de tribunales de Apelaciones en en cual, según publicó ayer El Observador, se detallan un conjunto de normas de la OIT y otros organismos que avalarían a los jueces en su derecho de huelga.

En la corporación no existe un protocolo definido para atender estos casos, por la sencilla razón de que nunca ocurrió una circunstancia como esta. Lo más cercano fue a principios de los 90, durante la administración de Luis Alberto Lacalle, pero el planteo fue desactivado luego de una negociación.