Al conflicto se sumaron los defensores de Oficio, que entre lunes y miércoles paralizarán toda la actividad en la Justicia. Están dispuestos incluso a llegar a la huelga si no reciben una señal concreta desde el Gobierno.

La Suprema Corte de Justicia espera esta semana que el presidente Mujica se comprometa al menos a pagar desde ahora los aumentos y negociar luego la deuda en forma retroactiva.

El lunes será un día clave. Ese es el plazo que el Poder Ejecutivo tiene impuesto para dar una respuesta concreta sobre cómo y cuándo pagará la deuda salarial millonaria con los judiciales, luego que el Presupuesto 2011 equiparó los salarios de los secretarios de Estado al de los senadores.

En ese entonces el PE no tuvo en cuenta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia estaban "enganchados" por ley a ese aumento, y tras ellos todas las categorías de jueces y funcionarios judiciales, magistrados y funcionarios del Ministerio Público, y trabajadores registrales.

El Gobierno intentó dos veces dejar sin efecto ese enganche, pero las dos leyes que envió con ese cometido fueron declaradas inconstitucionales por la  propia SCJ.

Ahora el Ejecutivo se enfrenta al pago de cerca de 240 millones de dólares, más el otorgamiento de los aumentos a casi 7000 personas de ahora en más. Presidencia reconoció la deuda, afirma que pagará pero, según admitió días atrás en entrevista con En Perspectiva el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, "no se sabe de dónde" saldrán los recursos. Un tema que evidementemente va a complicar al próximo gobierno.

El Estado está enbretado además por que los gremios involucrados entablaron y ganaron demandas que lo obligan a pagar lo adeudado.

Si el lunes el Gobierno no da una respuesta concreta, la Asociación de Magistrados del Uruguay procederá a definir medidas distorsivas que podrían llegar a la primera huelga  de jueces en la historia del país.

Ese día todos los gremios vinculados a la actividad judicial se reunirán para coordinar acciones en forma conjunta, que pueden significar un punto de inflexión en este conflicto.

Y al conflicto se sumó en las últimas horas la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, que nuclea a unos 250 abogados de oficio, que definieron ayer en asamblea paralizar sus actividades entre lunes y miércoles.

Su presidente, Luis Ferrari, dijo a Espectador al Día que los defensores han sido "más que cauteloso" a la hora de reclamar sus derechos, pero señala que éstos hace más de tres años son desconocidos. Sostiene que si hasta ahora no se ha realizado "ni un minuto de huelga, no fue por temor a las anunciadas declaraciones de esencialidad del servicio" sino porque son "conscientes de que el servicio de Defensorías Públicas es la real garantía de acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad".

Reconocen que en un Estado de Derecho, "un conflicto perjudicaría a estos sectores ya castigados", pese a lo cual reinvindican su derecho "a exigir lo que les corresponde".

El miércoles habrá en este sentido una movilización de varios de estos gremios, apoyada por COFE, que evaluará en las próximas horas convoca a un paro de todos los funcionarios públicos.