(emitido a las 9.23 hs.)

EMILIANO COTELO:
Los seis refugiados que llegaron al país procedentes de la cárcel de Guantánamo han pasado ya sus primeros dos días entre nosotros. Dejan atrás entre 12 y 13 años de reclusión irregular, sin juicio ni acusaciones concretas en su contra, pero además soportando torturas y otras formas de malos tratos.

Este "gesto" de la administración Mujica de otorgarles refugio a estas personas ha dado la vuelta al mundo. Pero aquí no son pocas las voces que cuestionan la decisión del gobierno y se preguntan por qué estos expresos no se van a sus países de origen.

El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y Defensoría del Pueblo ha estado examinando esta situación y va a seguir haciéndolo en las próximas horas.

Por eso estamos en diálogo con el doctor Juan Faroppa, que integra la comisión directiva.

A fines del mes de marzo, cuando habían trascendido las primeras informaciones sobre este tema, la INDDHH emitió una declaración. Allí en el primer punto se dice:

"Se reconoce el gesto humanitario del Gobierno de la República, en el sentido de contribuir al fin de la detención de un grupo de personas que se encuentran privadas de libertad desde hace años en forma indefinida, sin haber gozado de las más elementales garantías de sus derechos a la integridad personal ni al debido proceso legal, claramente establecidas en la normativa que integra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

Ahora que ya pasaron varios meses, ahora que la operación ya se concretó, ¿mantienen esa opinión?

JUAN FAROPPA:
Sí, en todos sus términos. La posición oficial de la INDDHH es la que está plasmada en esa declaración, que está vigente en todos sus términos. De acuerdo con lo que hemos conversado en el Consejo Directivo, la Institución mantiene estrictamente, en cuanto a sus posiciones y sus declaraciones públicas, lo que señaló en esa declaración, porque sigue teniendo la misma vigencia.

EC - Está claro que de esta manera estas seis personas pueden salir de un arresto irregular, que incluso ha llegado a calificarse como secuestro, que ha durado más de 10 años y que se ha desarrollado en condiciones infrahumanas. De todos modos, acá en Uruguay no todos están de acuerdo con la medida.

Quiero consultarle a propósito de dos grandes críticas u objeciones que se han planteado. La primera: ¿por qué vienen para acá?, ¿por qué no se van a sus países de origen? ¿Cómo observan este punto?

JF - En primer lugar, nos parecen absolutamente válidas todas las críticas y los cuestionamientos que se pueden hacer desde el punto de vista político. La Institución es una institución del Estado uruguayo, no es gobierno, pero sí es Estado, y dentro del Estado opina de acuerdo con las obligaciones internacionales que tiene el Estado –porque están incorporadas a nuestro derecho positivo– y en cuanto al cumplimiento que se hace de ellas. Pero nosotros no entramos, no podemos y además estamos personalmente inhibidos de hacer cualquier tipo de comentario político partidario.

Sin perjuicio de ello, la pregunta en general es muy concreta. En estas situaciones –lamentables situaciones– de personas que fueron detenidas ilegalmente, irregularmente, ilegítimamente, que estuvieron detenidas durante tantos años, además sometidas a condiciones inhumanas, torturas, no respeto al debido proceso, etcétera, se hace complicado un regreso a su lugar de origen. Además en una situación como todo el mundo conoce que se está dando en los países de origen de estas personas, al menos en la mayoría de ellos. En esas condiciones es muy posible que la reinserción, al menos en un primer momento, sea muy difícil.

EC - ¿Por qué?

JF - Porque puede haber represalias, puede haber alguna persona o algún grupo que entienda que esta gente, que estuvo tanto tiempo privada de libertad en esas condiciones, a los efectos de evitar torturas o malos tratos, haya dado determinado tipo de información o haya hecho algún tipo de señalamiento. No me estoy refiriendo concretamente a este caso específico, sino a lo que puede suceder en general en situaciones como esta.

Por lo tanto, lo que se busca es que la persona en situación de refugio salga de una situación de amenaza, que no se produzca su devolución, cuando quien otorga el refugio y las autoridades que están a cargo del tema puedan tener elementos de juicio o indicios de que esa persona puede sufrir algún tipo de represalia contra su integridad física o contra su vida. Entonces se pretende que no se realice la devolución de la persona involucrada a su lugar de origen, que pueda estar en un lugar con mayor seguridad hasta que las autoridades competentes y el Estado que otorgan el refugio tengan la certeza o tengan elementos de convicción de que esos riesgos o esas amenazas han desaparecido o de que no hay elementos para comprobarlos.

EC - La otra gran crítica es ya de tipo político y ha sido planteada por la oposición. Algunos dirigentes tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional el domingo, el lunes, una vez que se supo que estas personas ya habían llegado acá, preguntaron por qué el operativo se concretó antes de que el canciller Luis Almagro concurriera al Parlamento a responder las preguntas y los cuestionamientos que hay sobre el tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Uruguay que facilitó esta llegada de los seis expresos. ¿Qué dice sobre este punto?

JF - Repito: no puedo hacer ningún tipo de referencia a críticas desde el punto de vista político. Desde el punto de vista institucional, el Parlamento, además de legislar, tiene una función altamente necesaria, positiva para el desarrollo del Estado de derecho, que es el control, el contralor de los actos o de las omisiones del Poder Ejecutivo. Por lo tanto es ese el ámbito en el que deben realizarse las medidas de control de esta naturaleza.

Desde el punto de vista de la Institución, nosotros no realizamos, no tenemos facultades ni cometidos para realizar ese tipo de control político. Nuestra función es velar por que se cumplan los derechos humanos de cualquier persona que esté habitando en determinado momento en el territorio de la República, sea en forma permanente, en forma temporal, sea que esté de paso, que esté en tránsito. La Constitución de la República establece que los sujetos activos de protección de los derechos humanos son los habitantes de la República. No dice "ciudadanos", no dice "refugiados", no dice "residentes"; dice "habitantes", por el solo hecho de habitar, deben ser garantizados sus derechos. Eso es por lo que nosotros velamos.

El resto me parece absolutamente normal, productivo y sano para la democracia, que los controles que establece el mismo Estado de derecho se cumplan y se lleven adelante por quienes tienen competencia para ello.

EC - Una parte de la polémica es que si existió un acuerdo entre los dos estados, ese acuerdo debe ser refrendado, aprobado en primer término por el Parlamento. Eso sostiene la oposición. El gobierno, en cambio, insiste en que estas personas llegan con el estatus de refugiadas y en función de la legislación que nuestro país tiene en esa materia. Pero el Estatuto del Refugiado requiere que la solicitud sea presentada por cada una de las personas. ¿Usted sabe si eso ocurrió en este caso, si se fue por ese procedimiento?

JF - Más allá de lo que le estoy repitiendo, que no puedo realizar comentarios políticos, tampoco vivo en una burbuja ni nací hace dos años. Me parece absolutamente normal, sano que se den esas formas de cuestionamiento y de debate.

En principio, lo que a la INDDHH hoy por hoy nos corresponde es garantizar que con estas personas que han ingresado con estatus de refugiadas en primer lugar se cumpla con ese estatus. No tenemos por ahora ningún elemento como para intervenir, como lo haríamos en el caso de que tuviéramos alguna duda o alguna certeza de que se esté violando el Estatuto del Refugiado.

La forma como las personas deben desarrollar su vida y desempeñarse aquí en el país está dentro de esa normativa, que, como le dije, incorpora la garantía de todos sus derechos. No puede haber ninguna restricción. Si nosotros tenemos la certeza o la convicción de que algún tipo de norma no se está cumpliendo o algún tipo de derecho no se está garantizando, aplicaremos los mecanismos que la ley 18446 nos confiere para ayudar al Estado a que corrija y cumpla adecuadamente sus obligaciones.

EC - ¿Alude, por ejemplo, a la posibilidad de que se limiten los movimientos de estas personas?

JF - Eso fue algo que trascendió a la prensa. Hasta ahora, las autoridades han reiterado que eso no es así.

EC - Pero hoy leo en el diario El País declaraciones de Jerry Cohen, abogado de algunos de estos exreclusos, que dice: "Lo que Estados Unidos pidió fueron dos años de limitación para viajar. Creo que cuando hayan pasado dos años muchos van a decidir quedarse en Uruguay". Como que para este abogado esa condición todavía estaría vigente, pese a que el presidente Mujica dijo que no se la aceptó.

JF - Repito, nosotros no tenemos hasta ahora objetivamente ningún tipo de elemento para sostener que lo que han pronunciado públicamente las autoridades del Estado uruguayo no sea así. En el momento que tengamos específicamente alguna sospecha o alguna información de que no es así, la Institución evaluará qué pasos seguir. Pero repito, estamos en el terreno de las especulaciones. Por ahora no tenemos ningún tipo de elemento.

EC - ¿La INDDHH supervisó el operativo de traslado de Guantánamo a Uruguay, o el segundo traslado, el del aeropuerto al Hospital Militar? ¿Supervisó la forma como se viene desarrollando el chequeo médico, etcétera?

JF - No no, fue una gestión que hizo directamente Presidencia de la República. La Institución no fue invitada y no tenía tampoco por qué serlo; si hubiera sido invitada con mucho gusto habríamos participado. En este momento y en el actual proceso de desarrollo de la Institución, nosotros tenemos una función de contralor, pero no tenemos las posibilidades, la capacidad; si las hubiéramos tenido, por supuesto, podríamos haber rearmado los equipos de trabajo para hacer este seguimiento.

Por otro lado, desde mi punto de vista, en la medida en que en el Uruguay existe un Estado de derecho, que existen mecanismos de control judicial y parlamentario que deben corresponder, la Institución tiene un rol subsidiario e interviene cuando ese tipo de controles normales en un Estado de derecho no funcionan. Para mí, la INDDHH es como los buenos árbitros en los partidos de fútbol: cuanto menos hablemos los directores, cuanto menos aparezcamos, mejor estamos haciendo nuestro trabajo y mejor se están haciendo también las cosas en el país desde el punto de vista de derechos humanos.

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Transcripción: María Lila Ltaif