Los profesionales denuncian que su actividad está "virtualmente parada"; por un conflicto al que son ajenos. Este lunes se reunirán para analizar la situación y evaluar eventuales acciones.

Aseguran que, en contra de lo se cree, la situación afecta principalmente a personas de recursos medios y bajos. En ese sentido sostienen que hace dos meses no se pueden otorgar préstamos para vivienda de Interés Social.

El viernes pasado, el Poder Ejecutivo presentó su oferta concreta para saldar el prolongado conflicto generado por los adeudos de los ajustes salariales en las actividades vinculadas al Poder Judicial producto del aumento a los salarios de los ministros dispuesto por la vigente Ley de Presupuesto.

El "enganche"; constitucional hizo que desde la Suprema Corte de Justicia hasta los funcionarios registrales reclamaran un aumento de sus sueldos, que generó una bola de nieve que el Gobierno pretende atajar, y que supone 300 millones de dólares para la próxima administración.

La fórmula presentada el viernes no colmó las expectativas de nadie. En concreto, se propuso un incremento del 8%, con el pago retroactivo de tres salarios y vía ley los "enganches";. De todas formas el aumento sólo va a comprender a los vinculados directamente con el PJ y deja a afuera a los registrales, que dependen del Poder Ejecutivo, que serían contemplados con fondos de Rentas Generales.

Los gremios afectados habían calculado que el aumento que les correspondería sería del 26%, muy lejos de lo pautado por el Gobierno. Es por eso que es esperable que, por ejemplo, los registrales incrementan las medidas distorsivas que aplican desde hace dos meses, que llevó a una virtual paralización de todos los trámites notariales.

Esta situación afecta directamente la actividad de los escribanos, que mañana se reunirán para analizar el tema y marcar una línea de acción a corto plazo.


Su presidente, Antonio Sarachu, dijo a Espectador al Día que se teme que la situación empeore.

Sarachu dijo tener claro que los registrales van a agudizar las medidas, lo que directamente empeorará la distorsión de los trámites y con ello la afectación a sectores que nada tienen que ver con el conflicto.


"Ya lleva más de dos meses de conflicto y provocó una distorsión de tal magnitud a tal punto que en algunos estractos se pensaba que el problema era entre los escribanos y los funcionarios registrales, cuando en realidad el problema siempre fue entre el Gobierno y los funcionarios registrales. En ese sentido, la distorsión se va a profundizar", indicó Sarchu.

La AEU estima en más de 7000 los trámites trancados por las medidas de los funcionarios registrales. Entre ellos, cuatro de cada cinco documentos vinculados a la compraventa de vehículos.



Sarachu dijo respetar el derecho de los registrales a defender sus derechos, pero sostuvo que los escribanos piden respeto a su derecho a trabajar.

El presidente de la AEU dijo que este conflicto tiene derivaciones insospechadas, que está afectando a gente de pocos recursos.