El 1° de octubre de 1977, la dictadura tenía previsto realizar en Joaquín Suárez lo que definía como "la mayor explosión jamás realizada en una cantera". La mina de granito era propiedad de AFE que de allí extraía el material necesario para su red ferroviaria. El presidente de AFE entonces era el Coronel Iván Paulós, quien estaba en pleno conocimiento del riesgo que implicaba el manejo de explosivos. 38 años después aún se responsabiliza de la explosión a un muchacho de 19 años, que permanece desaparecido entre los escombros. A Paulós nunca nadie lo señaló, a pesar que era el jerarca máximo y responsable de la operación. Pero la tragedia está viva en el recuerdo de los viejos habitantes de esa localidad.