"Hace 15 años presentamos la causa en Italia y acá hace 40", dijo Raúl Olivera, asesor de la secretaría de Derechos Humanos de la central sindical Pit-Cnt y testigo en el caso del italiano desaparecido en Uruguay Pablo Recagno, en una rueda de prensa.

Este jueves se celebró en Roma la segunda audiencia preliminar del juicio en primera instancia que investiga la muerte y desaparición de ciudadanos italianos durante la Operación Cóndor y que cuenta actualmente con 32 imputados que fueron agentes de las dictaduras de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16).

Entre los uruguayos imputados está el exmarino Jorge Néstor Fernández Troccoli, quien en 2007, justo cuando iba a ser detenido en Uruguay, viajó a Italia, país del que tiene la nacionalidad.

Fernández Troccoli reside en libertad en Italia y por el momento ha sido el único de los acusados que se ha personado ante el Tribunal, el pasado 12 de febrero, si bien hoy no lo hizo y estuvo representado por su abogado de confianza, Francesco Guzzo.

Para Olivera, la causa demuestra "la actitud que debe tener la humanidad cuando los Estados se desbordan y se transforman en organizaciones criminales".

"Tiene sentido que sean investigados en Italia porque esos delitos deben ser perseguidos en todo el mundo", añadió.

Mirtha Guianze fue una de las fiscales que persiguió a los criminales de la Operación Cóndor en Uruguay, un periodo que a su juicio "necesita un mayor conocimiento público" porque "la memoria y la verdad tienen que estar presentes siempre".

La Operación Cóndor fue un plan ideado por el general chileno Augusto Pinochet y que orquestó la represión de la oposición política en las décadas de los años 70 y 80 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. EFE