La jueza de lo civil de Montevideo Josefina Tommasino Ferraro falló a favor de la AFJU, que reclamaba un aumento salarial del 26 % con base en la vinculación que la ley 15.750 establece de los sueldos de los altos funcionarios judiciales con los de los ministros de Estado, cuyo incremento salarial decretó en 2010 el gobierno del entonces presidente José Mujica.

Para el gobierno, estos pagos extra supondrían un gasto de 60 millones de dólares anuales para el que no tiene presupuesto, por lo que a finales de 2014 el Senado aprobó un proyecto de ley que ajustó las retribuciones al Poder Judicial al 8 %, menor al 26 % que demandaba la AFJU.

Jorge Chediak, presidente de la SCJ, adelantó este miércoles a El Espectador que "la sentencias judiciales que condenan a cualquier ente del Estado se pagan. Eso es indudable. Ahora, al haberse separado el artículo 400, que dice cómo se pagarán las condenas, salvo en el caso del Poder Legislativo, todas las paga Rentas Generales". 

Sin embargo, "ahora se ha establecido para el Poder Judicial (PJ) que se deba pagar con fondos propios, pero esta norma ya está cuestionada. Hoy (18/03) ingresó una inconstitucionalidad respecto de esta ley", aseguró Chediak. 

El gobierno, por su parte, tiene previsto apelar el fallo de la Justicia Civil.