El grupo ha asesorado a quienes han ido a declarar a Italia por este caso, en el que hay 16 uruguayos relacionados con las fuerzas represivas que están imputados por la desaparición de una veintena de ciudadanos ítalo-uruguayos durante la dictadura en conjunto con otros 16 antiguos miembros y civiles vinculados a las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11) y Perú (4).

Los integrantes del grupo se está reuniendo dos veces por semana en un piso asignado en las Galerías Caubarrere, donde están juntando todos los archivos para digitalizar y empezar a cruzar datos. Una vez al mes, se reúnen con el presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes.

Mario Cayota, integrante del grupo, dijo a El Espectador que, actualmente, están ordenando y clasificando archivos junto con personas especializadas en el tema y tienen la aspiración de digitalizarlos todos de forma "impostergable" para poder comenzar a cruzar datos. Sin embargo, todavía no saben cuándo lo van a poder hacer, por un tema de recursos humanos.

Están trabajando en base a partidas de Presidencia y pases a comisión, con empleados de otras dependencias del Estado que son "prestados" para colaborar con el trabajo.

Además de los archivos que ya tienen, el grupo quiere conseguir archivos de Inteligencia, de Policía e historias clínicas de personas desaparecidas. Cayota aseguró que con el cruzamiento de datos se puede conseguir información que es elemental y que sigue faltando.

El objetivo del grupo es investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante los períodos comprendidos entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973 y del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, según determina el decreto aprobado el 20 de mayo.

Además de esta etapa de análisis de archivos, el grupo definió otras cuatro áreas de trabajo: registro de testimonios de víctimas y familiares de víctimas; seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado uruguayo tanto a nivel nacional como internacional y seguimiento del trabajo del Poder Judicial en la actualidad; toma de medidas vinculadas a los operadores en los ámbitos del Poder Judicial y Ministerio Público, para sensibilizar respecto a los Derechos Humanos, ajuste y reformulación de leyes reparatorias.

Mario Cayota reiteró que, en una primera instancia, el grupo se va a focalizar en el análisis de archivos, su digitalización y en los testimonios. El resto de las áreas son aspiraciones para el futuro.

El próximo jueves, el grupo se va a juntar con el objetivo de dividir tareas y formar grupos de trabajo para centrarse en estas tareas. Además, están recibiendo a distintos grupos interesados en el tema, como a miembros de Crysol, juristas y abogados.

Cayota aseguró que entre los objetivos quedó una deuda pendiente, que es el interior del país, donde, según aseguró, "hubo mucha tortura".

El Grupo Verdad y Justicia también participó de la inspección ocular que se realizó en el Batallón 13, en el marco de la denuncia presentada por 40 víctimas de tortura, que está siendo llevada adelante por el juez Pedro Salazar.

En esta instancia, siete víctimas de tortura recorrieron el lugar junto al juez para corroborar los testimonios que habían sido presentados anteriormente, aunque el lugar ha sufrido algunas reformas edilicias.