Durante la conferencia, que tuvo lugar en el Anexo del Palacio Legislativo, la senadora nacionalista Carol Aviaga señaló que es "hora de hacerse cargo de esta problemática, hacer cumplir la legislación vigente y concientizar a la ciudadanía".

En cuanto a la denuncia contra Gómez, la senadora manifestó en rueda de prensa que "es muy grave que un funcionario del Gobierno sea el acosador y una persona de alta confianza como en este caso era el subsecretario de Educación, Óscar Gómez" y que "es muy floja la actitud que están teniendo (las autoridades)". Agregó que harán un pedido de informe sobre este caso y tomarán acciones de acuerdo a la respuesta obtenida.

La demanda la hizo una exfuncionaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que fue despedida del organismo, informó su abogado Víctor Della Valle.

La semana pasada, el programa televisivo Santo y Seña retomó el caso y agregó otras denuncias en las que presuntamente tuvo responsabilidad Gómez.

Preocupadas ante el aumento de casos de acoso sexual y laboral en Uruguay, la bancada de mujeres del sector Todos del Partido Nacional decidió trabajar en el diseño de estrategias contra el acoso moral y psicológico, y pidió informes a los Ministerios de Cultura, Desarrollo Social y Trabajo sobre denuncias puntuales que se realizaron contra un exjerarca de Gobierno.

En Uruguay, las denuncias por "mobbing" –término en inglés para referirse al acoso laboral- se han ido incrementando en los últimos años, ya sea porque aumentaron los casos o por la mayor visibilidad que está adquiriendo la problemática gracias al trabajo de distintas organizaciones sociales, políticas, feministas y de Derechos Humanos.

En el año 2011, el Ministerio de Trabajo recibió 988 consultas por diversas formas de acoso laboral y discriminación.

De acuerdo al exdirector de la Inspección General del Trabajo, Juan Andrés Roballo, mientras que en el año 2009 se recibieron 11 denuncias por acoso laboral, en 2011 se recibieron 150, lo que representa un aumento importante.

Según cifras del Ministerio de Trabajo que reproduce el diario El Observador, más de la mitad de las denunciantes son mujeres, el 88% provienen del sector privado y el 12% del público.

Estos datos contrastan con los suministrados por la psicóloga, fundadora y presidenta de la Asociación contra el Acoso Moral Laboral en el Uruguay, Silvana Giachero, quien, si bien coincidió con que la mayoría de las víctimas son mujeres, especificó que el 90% de las personas que atiende pertenecen a la órbita del Estado.

Amparados/as por la ley

En 2009 se aprobó la Ley 18.561 de Acoso Sexual para el ámbito laboral y en las relaciones en los centros educativos, entre docente y alumno, que tiene como objetivo "prevenir y sancionar el acoso sexual así como proteger a las víctimas del mismo, en tanto forma grave de discriminación y de desconocimiento del respeto a la dignidad de las personas que debe presidir las relaciones laborales y de docencia".

Aunque la norma aún no ha sido reglamentada y no existe un registro oficial y sistematizado sobre las denuncias, tres organismos del Estado elaboraron pautas para la aplicación de esta norma. El Instituto Nacional de Mujeres, que depende del MIDES, elaboró una Guía de procedimiento para el abordaje del acoso sexual en el trabajo. En el 2013, por otro lado, se aprobó el decreto N° 40/013, que contiene un "Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual en funcionarios/as y personal del Ministerio del Interior". Finalmente la Intendencia de Montevideo, a través de la resolución N° 3419/12, aprobó su propio protocolo de actuación para todos los funcionarios de la administración.