"Hay argumentos razonables que deben ser atendibles para revisar todo el programa, incluso la continuidad del programa. Argumentos básicamente económicos. Es costoso y Uruguay está en un proceso de revisión de sus cuestiones presupuestales", dijo Miranda a la prensa tras exponer en el Parlamento el estado de los refugiados ya instalados.

El pasado octubre, cinco familias sirias, un total de 42 ciudadanos, víctimas de la guerra civil que sufre su país desde 2011, llegaron a Uruguay por decisión del gobierno del entonces presidente José Mujica.

La llegada de otras siete familias -72 personas- estaba prevista para febrero de este año, pero fue postergada para el último trimestre de 2015 por la gestión del presidente Tabaré Vázquez.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados convocó a Miranda para que informara este miércoles sobre la situación actual de las familias asentadas y el aplazamiento de las fechas inicialmente establecidas para acoger al segundo grupo.

El diputado del Partido Nacional y autor de la convocatoria, Pablo Abdala, en diálogo con El Espectador, manifestó la preocupación de que Uruguay no cumpla el compromiso asumido ante la comunidad internacional y expuso las razones del gobierno por las cuales no podría llevarse a cabo. 

Según Abdala, el programa para asentar a los refugiados de la guerra siria tiene un costo total de dos millones de dólares para atender por dos años a las 12 familias que fueron repartidas en dos grupos, de las cuales cinco ya llegaron al país.

En su opinión, no es "un costo exorbitante" para asegurar "la ejecución del compromiso internacional que el país asumió". Según el legislador, cancelar la llegada del segundo grupo sería "un error". 

Por su parte, el titular de Derechos Humanos del gobierno consideró que "sería irresponsable decir que este proyecto sigue adelante independientemente de cual es la marcha de las estructuras presupuestales de Uruguay", aunque reconoció que la imagen del país sería dañada.

Respecto a la situación actual de las familias que llegaron en octubre, Miranda remarcó que pese a las dificultades culturales de adaptación, se encuentran "razonablemente bien".

"Las cinco familias están alojadas en sus domicilios, prácticamente todas con integrantes de la familia trabajando (y) todos los niños (están) escolarizados. (...) Tienen apoyo económico, tienen un apoyo en materia de vivienda y todo lo que implica facilitación a la inserción social con procesos progresivos de autonomía, que es el objetivo", contó.

Para el secretario, una de las dificultades en esa primera experiencia fue el hecho de que el perfil de las familias actualmente acogidas no está vinculado con el trabajo rural, lo que fue solicitado por el país.

En este sentido, Miranda adelantó que un técnico del gobierno deberá viajar al Líbano, donde están desplazados temporalmente, "para conversar con las familias directamente" en el caso de que sea confirmado su traslado.

"Nosotros esperábamos mucha más gente vinculada a la tarea de la tierra porque creemos que es un mecanismo de inserción y de posibilidades de desarrollo de las propias familias y no tuvimos esa situación. Hoy nosotros tenemos dos familias en el interior del país y tres en Montevideo", afirmó.

Miranda también reconoció que el alojamiento colectivo brindado inicialmente para instalar a las familias en un primer momento no fue una buena experiencia, pero descartó que hayan sucedido episodios de violencia doméstica, como transcendió en la prensa local en febrero pasado.

"Fue una noticia de prensa absolutamente irresponsable. Tanto es así que efectivamente hubo un proceso judicial que fue archivado. Hubo un niño que tuvo una fractura por un accidente doméstico y no tiene nada que ver con violencia doméstica. Fue un pésimo tratamiento de la información", aseveró.

De acuerdo con el jerarca, la llegada pendiente de las familias sirias será confirmada en las próximas semanas.

Con información de EFE