En Uruguay hay 650 niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial
En el país hay 650 niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial por parte de adultos, es decir que realizan actos sexuales a cambio de dinero o recargas de celulares, carga de garrafas, alojamiento, comida, entre otras cosas. Esos datos surgen de la primera investigación cuantitativa sobre esta problemática en el país, que fue presentada por la organización no gubernamental Gurises Unidos.
En 810 Vivo conversamos "Con Tiempo"; con la psicóloga Fernanda Caballero, que trabaja en Gurises Unidos desde el 2000 y con Diego Pailos que trabaja en la organización desde 2005 y tiene formación en Trabajo Social.
La explotación sexual comercial infantil o adolescente se da en todo el país y no solo en zonas portuarias o de mayor flujo de turistas. "Esta investigación es la punta del iceberg"; sostuvo Caballero. "Uruguay viene procesando el reconocimiento de la explotación sexual infantil"; agregó Pailos. El 80 % de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres y la franja de edad más problemática es entre 13 y 15 años.
El trabajo "Explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay" fue elaborado por la ONG en conjunto con el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y el apoyo de la Fundación Telefónica.
De los 650 niños que son explotados, 349 son del interior y 301 de Montevideo y el área metropolitana. En el interior, el 94% de los casos se trata de sexo a cambio de dinero o especies y solo un 7% es para producción de material pornográfico. En Montevideo y el área metropolitana las cifras son casi las mismas: 96% y 8%.
7 de cada 10 víctimas de explotación sexual fueron víctima o testigo de violencia doméstica. La pobreza, la exclusión social, desvinculación del sistema educativo son características que se repiten entre los explotados mientras que 4 de cada 10 no tienen un adulto al que recurrir en estos casos.
Caballero explicó que el explotador puede ser cualquiera, no existe un patrón que los identifique y aseguró que en la mayoría de los casos relevados por el estudio el explotador era cercano a la víctima. "La explotación sexual infantil es un delito y el que lo comete es el adulto. Tenemos que conversar eso"; sostuvo la psicóloga.
Por su parte Pailos dijo que hay que crear políticas públicas que apunten a resolver este problema y que se trata de una problemática que tiene responsabilidades compartidas. "Hay que captar, detectar e identificar este tipo de situaciones y hay que pensar mecanismos reparadores integrales"; agregó.
El estudio plantea que las soluciones pasan por programas de proximidad porque las víctimas no lo viven como un problema si no que para ellos es la vida cotidiana. "El servicio tiene que llegar a los gurises y no los gurises al servicio. Eso no pasa"; puntualizó Caballero.