El Estado perdió un juicio ante un grupo de 20 ginecólogos que presentó hace dos años un recurso ante el TCA para impugnar 11 de los 42 artículos del decreto que reglamentó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En el decreto original, los médicos objetores de conciencia solo podían manifestarse contrarios a practicar un aborto al momento de coordinar el procedimiento, es decir realizar el legrado o recetar el medicamento para abortar. Pero estaban obligados a participar de la primera consulta de la mujer con un equipo interdisciplinario y a firmar el formulario de interrupción voluntaria del embarazo.

Según los motivos del fallo del Tribunal "médicos ginecólogos integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, sostienen que el Decreto en cuestión restringe ilegítimamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del personal de la salud que fuera reconocido por la Ley 18.987".

En su voto, el ministro Juan Pedro Tobía considera que: "el Decreto solo permite asesorar exclusivamente en temas ‘técnicos con encare de disminución de riesgo y daño’".

El TCA expresa en su fallo que "quien firma este formulario está participando activa y directamente en el proceso de interrupción del embarazo, a lo cual no permite objetar, sino que se obliga a intervenir".

El Ministerio de Salud Pública convocó esta tarde a una conferencia de prensa en la que aclaró que el derecho a la interrupción del embarazo continúa vigente más allá del fallo del TCA.

El representante legal del Ministerio de Salud Pública Gumer Pérez dijo que a diferencia de otras sentencias del Tribunal, ésta, es de carácter genérico lo que la hace de carácter universal.

Según anunció el ministro Jorge Basso, la Secretaría de Estado solicitará de inmediato a las instituciones de salud la nómina de profesionales médicos que objetaron por escrito, y las fotocopias de estos escritos ya que considera que ese requisito es el único que avala la Objeción de Conciencia.

Asimismo, aseguró que Salud Pública promoverá las coordinaciones necesarias con todas las instituciones de salud para que estén disponibles los equipos multidisciplinarios integrados por ginecólogos y asistentes sociales para cuando la mujer así lo requiera.

670 médicos ginecólogos ejercen la medicina en todo el país, según cifras del Ministerio de Salud Pública y solo 20 profesionales presentaron el recurso ante el TCA.

Las organizaciones no gubernamentales que acompañaron e impulsaron este aspecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo discrepan con los datos del Ministerio.

Salto, Río Negro, Paysandú, Cerro Largo y Soriano, tienen muy pocos profesionales médicos que no hicieron objeción de conciencia, según Lilián Abracinskas, de Mujer y Salud Uruguay, que realizó un seguimiento de la Ley desde su promulgación.

Lilián Celiberti, de Cotidiano Mujer e integrante de la Coordinadora por el Aborto Legal, considera una limitación a los derechos adquiridos por la vía administrativa.

En diálogo con 810Vivo, Celiberti dijo que se está evaluando la posibilidad de convocar a todas las organizaciones que participaron en la promoción de la Ley para tomar acciones conjuntas.

Recordó que las mujeres tienen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que las instituciones de salud están obligadas a proveer profesionales para ese procedimiento.

Washington Lauría, uno de los 20 ginecólogos que promovió la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dijo que el fallo se recibió con satisfacción.

Sostuvo que esta nueva instancia es mejor aún que la primera ya que hace extensivo el derecho a la objeción de conciencia del total del cuerpo médico y no como en la primera instancia en donde solo amparaba a los demandantes.

Lauría indicó a 810 Vivo que si bien en un principio estaban en desacuerdo con la manifestación de la voluntad por escrito, no tienen problema en aceptar el requisito que ahora plantea el Ministerio de Salud Pública.