El Secretariado Ejecutivo del gremio rechaza las declaraciones y asegura que no son el sentir de la mayoría de los sindicatos y funcionaros policiales.

Agregan que las mismas van en contra del marco jurídico establecido por la Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por la República, la Ley Orgánica Policial, la Ley de Procedimiento Policial y demás normas cuya vigencia efectiva esta encomendada al contralor de la Policia Nacional.

Señalan que como encargados de hacer cumplir la ley, el personal policial respetará y protegerá los Derechos Humanos de todas las personas.