El 21 de agosto, el juez Gustavo Iribarren procesó con prisión por el delito de tortura a 17 funcionarios del Sirpa y sin prisión a otros nueve, entre ellos el presidente del sindicato, José Lorenzo López, por los incidentes que se desarrollaron en el Hogar Ceprili y que fueron difundidos en los medios de comunicación a través de un video de las cámaras de seguridad.

Uno de los abogados del sindicato, Juan Fagúndez, dijo a 810 Vivo que los principales argumentos que manejaron fueron que no aplica el delito de tortura para estos hechos y que el número de procesados excede ampliamente la cantidad de personas que pueden haber cometido algún delito.

El documento de la denuncia, al que accedió Montevideo Portal, sostiene que hubo un "grosero error en las responsabilidades atribuidas individualmente, y fundamentalmente en la proporcionalidad y graduación del reproche penal atribuido".

Fagúndez señaló que este fallo genera un precedente que puede provocar una situación insostenible para todos aquellos funcionarios vinculados a tareas de seguridad.

La apelación también refiere a los funcionarios procesados sin prisión y plantea que en el video se ve "claramente" que los imputados "no realizan un solo acto que pueda considerarse una cooperación material o moral con la presunta consumación delictiva. Su sola presencia absolutamente inactiva no puede en ningún caso servir de respaldo para un accionar colectivo absolutamente desordenado, que no atiende a ninguna voluntad o fin común".

Además de este proceso judicial, se presentaron otras denuncias por hechos ocurridos en el Sirpa. En un traslado de 19 internos, llevado adelante por la Guardia Republicana, varios adolescentes sufrieron heridas y estuvieron varias horas esposados y en las celdas sin colchones ni abrigo.

Por este hecho, tanto el sindicato del INAU como la presidenta del Sistema, Gabriela Fulco, presentaron una denuncia ante la Justicia. La denuncia del Suinau es contra quienes ordenaron el traslado y no contra los agentes que lo llevaron adelante.

Por otro lado, se presentó una denuncia ante el Crimen Organizado contra la administración anterior del INAU, encabezada por Javier Salsamendi y Ruben Villaverde como presidente del Sirpa.

La denuncia fue presentada hace dos semanas ante el juez Néstor Valetti, quien derivó el caso al fiscal Juan Gómez y pidió que se investigue cómo se realizó la selección del personal desde 2012 a la fecha, quiénes integraron los tribunales de selección, el parentesco entre los concursantes y los miembros de esos tribunales y si se respetó la prohibición de ingresos en año electoral.

El denunciante quiere saber además cómo y cuándo ingresaron a trabajar en el Sirpa y dónde desempeñan funciones actualmente la esposa de José Lorenzo López, presidente del sindicato del INAU, y sus dos hijos.

También pide investigar el ingreso de familiares de los integrantes del tribunal que realizó el concurso, la realización de obras y compras directas por 20 millones de dólares y el vínculo de amistad de las exautoridades del Sirpa con el adjudicatario directo.