El pasado 10 de mayo, luego de algunos encuentros realizados entre el Gobierno y la oposición, ambas partes acordaron enviar al Parlamento tres proyectos de ley relacionados a la seguridad pública. Dos tienen que ver con el nuevo Código del Proceso Penal y el proceso penal abreviado para la gran mayoría de los delitos. Y el tercero es el que limita el derecho de las libertades anticipadas para reincidentes.

Fiscales y policías están trabajando desde mayo sobre la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal (CPP), que entrará a regir en febrero del año que viene.

El 18 de mayo, el Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan integral contra el narcotráfico, mientras seguía el compromiso de dar un tratamiento rápido a los proyectos de ley sobre seguridad pública acordados por los partidos.

A fines de mayo, el Gobierno comunica en una de las reuniones de la comisión multipartidaria de seguridad, que está dispuesto a aumentar las penas para los delitos de narcotráfico vinculados con la importación, exportación y financiación de la droga.

Luego de la sexta reunión multipartidaria, desde el Gobierno se insiste en que antes de pensarse en subir las penas debe procurarse que las existentes se cumplan.

¿Qué opinan del abordaje de los Derechos Humanos en materia de seguridad ciudadana? ¿Qué opinan de estos acuerdos multipartidarios?

Sobre esto discutieron los contertulios.

Escuche la primera parte de La Tertulia:

Ayer, en estudios estuvimos con Ariela Peralta, presidenta de la Institución de Derechos Humanos. Dialogamos entre otras cuestiones sobre la educación en derechos humanos, las cárceles, los centros de internación del INAU y los medicamentos de alto costo. 

Seguridad y derechos humanos siguieron siendo tema de discusión en el estudio.

Escuche la última parte de La Tertulia: