El Código Civil reconoce la calidad de "poseedor"; de un bien inmueble a quién no sea su propietario, bajo determinadas condiciones. Quién cumpla con todos esos requisitos durante 30 años, está en condiciones de ejercer lo que se denomina "prescripción treintenaria";.

También el artículo 65 de la Ley de Ordenamiento Territorial establece la "prescripción quinquenal"; para "personas cuyo núcleo familiar no supere el nivel de pobreza en sus ingresos y que, no siendo propietarias de inmuebles, sean poseedoras de un predio, no público ni fiscal";. 

Dos situaciones bien diferentes, que tienen su correlato con la realidad. Los pobres generalmente no conocen la ley, cosa que en cambio conocen al dedillo diferentes oportunistas que cuentan con información privilegiada.

Desde hace años se constatan estas situaciones en la franja costera de Canelones, Maldonado y Rocha. En algunos casos fueron procesados hasta profesionales que se prestaron a la maniobra.

¿Cuál es la maniobra? Acceder a información privilegiada, siempre de fuentes municipales, sobre padrones que tienen abultadas deudas por contribución y pueden presumirse abandonados. Con la instalación de algún servicio público y el pago de algún impuesto, se obtienen "derechos posesorios"; que luego se comercializan. Mediante este artilugio, en apariencia legal, se han construido importantes fortunas.

Se ha probado además que en el transcurso de años hubo dirigentes políticos de varios partidos han alentado la ocupación de tierras. También que empresas propietarias de grandes superficies y con deudas por contribución que superan el valor de la tierra, han realizado fraccionamientos irregulares que luego comercializan ilegalmente. Y también que miles de lotes de esa amplia franja costera fueron abandonados por sus compradores originales.

Con contactos adecuados e información privilegiada se han generado millonarias operaciones inmobiliarias de dudosa legalidad.

La columna de Carlos Peláez