El viernes el ministro de Economía y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, le retiró la confianza al presidente del Sodre, Jorge Orrico, quien debió renunciar a su cargo.

Días más tarde se supo que a Graciela Valdivieso, secretaria de Orrico, no se le realizaron los aportes jubilatorios correspondientes por los últimos 20 años de trabajo.

Acto seguido, el ex presidente del Sodre señaló a Asamblea Uruguay como la responsable de no abonar esos 20 años de aportes de Baldivieso.

En declaraciones al diario El País, Orrico aseguró que todos los legisladores del sector renuncian a la partida de secretaría que cobran en el Parlamento, la cual es administrada directamente por el sector político que se encarga del pago de los sueldos a los funcionarios.

Orrico agregó que renunció a la partida de secretaría en favor de Asamblea Uruguay, que se ocupaba de realizar los pagos a secretarios.

Graciela Valdivieso, por su parte, señaló ayer en declaraciones al programa No Toquen Nada de Océano FM, que recibía sus pagos en el despacho del ministro de Economía y líder del sector, Danilo Astori, de manos de la esposa y secretaria del jerarca, Claudia Hugo.

Toda esta situación desencadenó un nuevo debate sobre las obligaciones laborales que tienen los partidos con sus contratados. Asamblea Uruguay, por medio de un comunicado indicó que Orrico era quien debía realizar los aportes por su secretaria.

Por otro lado, el inspector general del Trabajo, Gerardo Rey, que también integra Asamblea Uruguay, aseguró que todos los partidos o sectores políticos están obligados a realizar los aportes por sus trabajadores.

La producción de La Mañana intentó comunicarse con el presidente del BPS, Heber Galli, para saber cuánto se avanzó en la investigación pero dijo no poder "hacer declaraciones sobre este tema por razones legales".

Sobre este tema comenzó la discusión en la primera parte de La Tertulia.

Según una encuestada que presentó la consultora Cifra al Parlamento y que fue encargada por ONU mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), casi siete de cada 10 uruguayos, (un 66%), considera que debería haber más mujeres en los cargos políticos.

Casi ocho de cada 10 personas piensan que sería positivo que de aquí a 10 años Uruguay tuviera una mujer presidenta.

El 57% opina que deberían aplicarse acciones afirmativas que propicien la participación de mujeres, esto es, mediante una ley de cuotas de género o ley de paridad.

El estudio revela además que a medida que aumenta el nivel educativo de los encuestados, son menos los que consideran que el número de mujeres en altos cargos políticos es insuficiente, factor que puede responder al grado de elaboración racional de las respuestas.

El objetivo principal del estudio fue observar "cómo la opinión pública percibe la participación actual de mujeres en cargos políticos en Uruguay, cuál sería la participación deseable y cuáles serían los caminos apropiados para alcanzar esos niveles";.

El tema fue discutido por los contertulios en la segunda parte.