Si comparamos la cantidad de muertes violentas en cárceles en 2010 (22, incluyendo los 12 fallecidos del incendio de Rocha) y en 2015, el aumento es de un 95%.

Los actuales niveles de violencia letal en las cárceles de nuestro país hacen de éstas las más violentas de la región, lo que las coloca entre las más violentas del mundo.

Según la Procuración Penitenciaria de Argentina, durante el año  2015 murieron en forma violenta 38 internos alojados en cárceles del país vecino. En términos absolutos, esta cifra es algo inferior a las muertes en las cárceles uruguayas, pero en términos relativos es siete veces mayor: en Uruguay hay unas 10.000 personas encarceladas, mientras que en Argentina hay unas 60.000 (contando el sistema carcelario federal y las penitenciarías provinciales).

En Chile el promedio de muertes violentas en los últimos años ha sido de alrededor de 40. La cifra, en términos relativos, es unas cinco veces mayor a la de Uruguay, ya que la población encarcelada en Chile (contando el sistema de cárceles públicas y las cárceles concesionadas) se sitúa en el orden de las 60.000 personas.

En Colombia, con una población reclusa de unas 120.000 personas (doce veces mayor a la cantidad de reclusos en Uruguay) se ha registrado en los últimos años un promedio de alrededor de 130 muertes violentas por año (unas tres veces la cifra de muertes violentas en cárceles de nuestro país). En consecuencia, el nivel de violencia letal es cuatro veces más alto en nuestras cárceles con respecto a sus similares colombianas.

Los niveles de violencia letal en nuestras penitenciarías traducen una crisis en la gestión de la privación de la libertad: la violencia intragrupal es siempre un directo resultado de malas prácticas institucionales. Los homicidios son una expresión sintomática de una crisis de seguridad dentro de nuestras cárceles.

La primera medida  de respuesta debe ser la inmediata instalación de cámaras en las áreas comunes de los módulos más violentos. Además, el Ministerio del Interior debe: a) respaldar a los funcionarios penitenciarios en el empleo de medios disuasivos y de coerción; b)  promover la mediación como medio para la resolución de los conflictos entre los internos; c) promover liderazgos positivos entre los reclusos (por medio, por ejemplo, de la elección de delegados por voto); disminuir el ocio compulsivo de la población reclusa, con énfasis en los primarios; e) disminuir el ingreso de drogas y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas reales de tratamiento para adicciones en las cárceles.        

(El presente es un avance en titulares de un estudio que está realizando Álvaro Garcé para el exterior.)