Otro caso de un funcionario público que supuestamente no cuenta con el título que decía tener llegó este martes a los juzgados.

Robert Parrado licenciado en Seguridad Pública y psicólogo, denunció por "usurpación de título" a Laura Anzalone, quien al asumir como encargada del Área de Evaluación Psicológica y Seguimiento de Sanidad Policial firmó como psicóloga, a pesar de que, según el denunciante, no cuenta con el título.

Laura Anzalone cumplía funciones en una unidad encargada de definir el ingreso de nuevo personal policial. Anzalone renunció o aceptó hacerlo, el mismo día en el que trascendió que se iba hacer la denuncia pública.

Por razones desconocidas el mismo día renunció a su cargo como "técnico en informática" un sobrino de Anzalone que se desempeñaba en el hospital Policial, según pudo saber Rompkbzas.

Parrado, denunció además al hermano de la psicóloga, Leonardo Anzalone, director nacional de Sanidad Policial, por "abuso innominado de funciones". Entre otros documentos, Parrado presentó la designación de Laura Anzalone que lleva la firma de su hermano.

La denuncia recayó en el Juzgado Penal de 13er Turno, a cargo de la jueza Ana Ruibal. El Observador intentó comunicarse con la jerarca denunciada, pero no lo logró. Por su parte, el denunciante informó a El Observador que para desempeñarse como psicólogo se requiere el título habilitante y agregó que es imposible que el hermano de la funcionaria designada no conociera la falta de sus créditos académicos.

En los informes que presentaba la supuesta licenciada en psicología para justificar el ingreso de personal a la Policía, se señalaban las cualidades de los candidatos de una manera particular.

"Se destaca por tener alta estabilidad emocional, es paciente. Confiado y abierto. Actúa con seguridad y decisión", dice uno de los informes a los que tuvo acceso El País. Otro, señala que el candidato "es una persona responsable, paciente y con espíritu de sacrificio. Tranquilo y con pocos miedos y no se impresiona fácilmente (...) Puede enfrentar con serenidad los imprevistos y las situaciones amenazantes. Flexible y con buen control de los impulsos", indica otra de las consideraciones realizadas por Laura Anzalone.

Parrado agregó que en este tipo de instancias debe tomarse en cuenta a los especialistas en salud mental como se hace con los profesionales del resto de la salud.

Denuncia que pese a que los controles para el ingreso de nuevos policías funcionaban con profesionales acreditados, esto fue cambiando creándose la figura de una segunda opinión en caso de que el candidato no pasara los controles.

A su vez, el Ministerio del Interior tiene en curso una investigación administrativa para determinar si Gustavo Belarra, quien se desempeñaba como subdirector técnico de cárceles, del Instituto Nacional de Rehabilitación, cometió el delito de "usurpación de título" al presentarse como sociólogo a pesar de no serlo.

Por otra parte el diario El País señala que el director de la Cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi, no es educador social como decía la página web del Instituto Nacional de Rehabilitación, informó VTV Noticias. "No tengo el título uruguayo de educador social, la gente me dice educador social porque me conoce, pero nunca me recibí acá", dijo Parodi a VTV.

Otra persona que figura con el título de Psicólogo Social en el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito dependiente de la división en cuestión es su Directora, pero tampoco ostenta el título.

Según pudo saber Rompkbzas se trataría de Gabriela Maidana. En el Centro aclararon que no es Psicóloga Social, sino Técnica en Psicología Social y que se trata de un error en la página web que figure como Psicóloga Social. En su perfil de Linkedin si figura como Técnico en Psicología Social. Este título es otorgado por la Escuela de psicología Social "Pichón Riviere"; y no es habilitante.


Tres policías de la Guardia Republicana fueron procesados con prisión, uno de ellos como autor del homicidio de Nicolás Cuña, el joven de 19 años baleado en la esquina del boliche Coyote, y otros dos por su participación en la trifulca callejera que se desató el lunes de madrugada frente a las puertas del local bailable.

El juez penal de 12° turno, Nelson Dos Santos, dictó el procesamiento con prisión para el policía que le disparó al joven con su arma de reglamento, mientras se desempeñaba como guardia de seguridad del local. El policía declaró que disparó al piso con su arma de reglamento "para intimidar";.

Para los otros dos oficiales que también dispararon ante un tumulto de adolescentes que se encontraban en la esquina del boliche, en Colorado y San Martín, el magistrado dispuso el procesamiento por un delito de riña con el agravante de homicidio.

Mientras tanto ayer la justicia de cuarto turno procesó con prisión a otros tres policías, por golpear a reclusos del penal de Las Rosas, que se suman a los dos remitidos a la cárcel, el lunes.

En la madrugada del lunes agentes policiales de Maldonado persiguieron a tres delincuentes y dispararon en plena vía pública más de 8 veces con sus armas de reglamento sobre los fugitivos que estaban desarmados. En las últimas horas fueron procesados con prisión, dos de los detenidos y los dos policías.

Fuentes:El Observador, El País, FM Gente, VTV y propias de Rompkbzas.


Christian Mirza dejó de ser el nexo ente el gobierno y el exrecluso de Guantánamo Yihad Diyab, aunque seguirá cumpliendo la función con los otros refugiados.

Mirza dijo a El Espectador que Diyab acusó al gobierno uruguayo de trancarle la visa para ingresar a un país latinoamericano, cuestión que es "totalmente falsa", expresó.

"Me di cuenta de que había llegado a un límite con Diyab y por eso decidí dejar de ser el nexo con él, no con los otros cinco refugiados" añadió.
Mirza indicó que se contactó con el vicecanciller José Luis Cancela y con el canciller Rodolfo Nin Novoa para emitir hoy un comunicado en el que se dejará constancia de la situación generada por Diyab, quien continúa con su huelga de hambre seca.

Jihad Diyab, el exprisionero de Guantánamo acogido en Uruguay que mantiene una huelga de hambre desde hace dos meses, escribió un poema en el que afirma que su muerte "será una victoria" que mostrará la realidad de sus "hermanos que sufren, los prisioneros de la injusticia y la tiranía".

"He sufrido a causa de naciones que están muertas y mi muerte va a revelar la falsedad de aquellos que levantan las banderas de humanidad, libertad y justicia", reza el poema que fue divulgado ayer en Facebook por el grupo "Vigilia por Jihad Diyab", colectivo de personas que forman parte de su entorno.

"Mi muerte será el designio de Dios de que muera como mártir", expresa Diyab que salió este martes del "coma superficial" en el que había ingresado este lunes, aunque su situación aún es de una "gravedad importante", según confirmaron a Efe sus allegados.
"Soy un grito de dolor de Guantánamo" asevera Diyab, al tiempo que mantiene que su muerte representará "la razón y la causa de las naciones que sufren".

La semana pasada, Diyab solicitó a la Comisión de Refugiados (Core) cuatro cartas firmadas por el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dirigidas a las embajadas de Turquía, Venezuela, Líbano o Catar en las que quedara constancia de que no existen impedimentos legales para que pueda viajar a esos países.

Desde la Cancillería, se emitió a un comunicado dirigido al exrecluso donde se indica que "los documentos de viaje, autorizaciones de visa y gastos de traslado de su familia se encuentran listos y cubiertos para que esta viaje al país, para lo cual dispone además de la vivienda adecuada para recibirla".

Fuente: Espectador.com


Plantean quitar por dos años libreta de conducir a choferes de Uber

El nuevo proyecto de ley del Gobierno para regular a las empresas de economía colaborativa endurece las sanciones para los conductores de la empresa Uber.

Entre las medidas aparece el retiro de la licencia de conducir hasta por dos años y el bloqueo del Banco Central a las transferencias bancarias previa orden judicial.

En el texto se equipara a los servicios de transporte contratados por medios electrónicos a los tradicionales, aplicándosele la misma regulación jurídica.

Además se le entregan potestades a los Ministerios del Interior y Transporte para fiscalizar a posibles conductores de la compañía.

Fuente: Espectador.com


El Ministerio de Economía hizo gestiones por Pluna para empresa trucha.

Asesores del entonces ministro Fernando Lorenzo se contactaron con el Banco República por la firma Mont Fortelco.

El 12 de octubre de 2012, el entonces integrante de la Asesoría del Ministerio de Economía y fiduciario de Pluna, Javier Liberman, aguardó durante horas en el Banco República que llegara un giro por US$ 20 millones que le permitiría a la empresa Mont Fortelco participar en la subasta de los aviones de Pluna, según publica una crónica de El País.

En febrero de 2014, un juicio laboral reveló que Mont Fortelco era un grupo de empresarios sin actividad. Entre ellos se encontraba un hombre "de mal olor y sin dientes", que llegó a reunirse con el entonces presidente José Mujica para señalarle que estaba interesado en comprar los aviones.

El viernes 7 de octubre, Lorenzo declaró en el Juzgado especializado en Crimen Organizado que toda la información acerca de Mont Fortelco la recibió, antes de la subasta de los aviones de Pluna, de Liberman.

"En ese momento Liberman creía en la verosimilitud del interés de Mont Fortelco", dijo Lorenzo en la sede penal, según las actas a las que tuvo acceso El País. En el expediente penal de Pluna surge que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hubo un equipo de trabajo con funciones específicas de cada uno de los integrantes. Algunos se reunían con representantes de Cosmo y de Buquebus y otros con Mont Fortelco, entre otras firmas.

El abogado defensor de Calloia, Gonzalo Fernández, preguntó a Lorenzo si conoció un mail enviado por el economista Jorge Polgar —en aquel momento integraba la asesoría del Ministerio de Economía— al Banco República para que facilitara también a Mont Fortelco la posibilidad de participar en la subasta. Hoy Polgar es presidente del BROU.

Lorenzo sostuvo que le constaba que existieron gestiones de parte de Polgar y de Liberman, y "reiterados contactos" con funcionarios del BROU consultando acerca del avance de gestiones, o incluso solicitando la "mayor colaboración posible" de parte del banco para encontrar los caminos que facilitaran participar en la subasta.

Fuente: El País.


El Directorio de Ancap analiza la posibilidad de desprenderse del negocio de fabricación de bebidas alcohólicas, repelentes y perfumes, y de la participación que su subsidiaria Petrouruguay tiene en la extracción de gas natural en la provincia argentina de Neuquén en asociación con YPF, informó a El País Diego Labat, director nacionalista de la empresa pública.

Este negocio le supone pérdidas de algo menos de US$ 1 millón al año, lo que hace factible que aparezcan interesados, considera el ejecutivo.

Distinto es el caso de la división de cemento, que en 2015 arrojó pérdidas por unos US$ 30 millones y que este año repetirá un rojo muy similar. Hace quince años que no da ganancias.

Consideró que " hoy cerrarlo no es viable. No parece haber compradores para (la división) cementos de Ancap con los costos que tiene. Hay que intentar uno mismo hacer la reconversión", sostuvo.

Ancap tiene dentro de contenedores un horno para montar la planta de cemento que funciona en Paysandú y que costó US$ 80 millones. Instalarlo requeriría US$ 100 millones en obras civiles.

Con respecto a la planta de cal que funciona en Treinta y Tres, que costó US$ 150 millones y que comenzó a estar operativa en agosto, Labat señaló que no hay manera de que no arroje pérdidas porque tiene un solo cliente, la central eléctrica de Candiota en Brasil.

Fuente: El País


El senador del Partido Independiente Pablo Mieres respaldó la necesidad de crear una comisión investigadora sobre las investigaciones clandestinas realizadas por las Fuerzas Armadas durante la democracia y descubiertas en la casa del fallecido coronel Elmar Castiglioni, y denunció el extravío de 16 CDs con archivos de la Dictadura encontrados en 2006.

Durante la sesión del Senado de este martes, Mieres afirmó que se trata de "un enorme escándalo para nuestra democracia" y explicó que, si bien tenía la intención de promover una comisión investigadora en el Parlamento, apoyará la decisión de la bancada de diputados del Frente Amplio que ya anunció la conformación de la comisión.

Según Mieres, la comisión investigadora "deberá tener acceso a toda la documentación y confirmar lo que las versiones de prensa y los informes de peritos encargados indican" pero también tendrá que "convocar a los ministros y jerarcas de los diferentes gobiernos de las épocas en que se constataron estas actuaciones inconstitucionales e ilegales".

"Se deberá determinar quiénes fueron los responsables de mantener en funcionamiento este aparato de espionaje y quienes tuvieron a su cargo la instrumentación de estos procedimientos", agregó.

Mieres recordó además que en 2006, durante la gestión de Azucena Berruti al frente del Ministerio de Defensa, se encontró un archivo de inteligencia de la dictadura que luego se digitalizó en 51 discos compactos. Sin embargo, Mieres afirmó que actualmente en Presidencia "han desaparecido 16 CDs como resultado de un manejo inapropiado del acceso a dicho material".

"¿Quiénes han sido los responsables del desguace de aquel conjunto de documentación? ¿Dónde están los CDs faltantes?", agregó el legislador.

Fuente: Montevideo Portal.


El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) reconoció a partir de un estudio que los docentes ganan menos de lo que deberían.

La "brecha laboral", es decir la diferencia entre lo que los profesores ganan con lo que perciben trabajadores, profesionales o técnicos que tendrían que tener sueldos similares, "se estima en un 22% en promedio".

La brecha es mayor "para los maestros de Primaria", ya que llega a un 25%, mientras que con los de Secundaria, es de un 17%. Así lo señala el estudio "Los salarios docentes: Comparación en el contexto nacional".

El informe advierte que si se considera además de las horas trabajadas en los centros de estudio, las que dedican en sus hogares, se "eleva la diferencia salarial entre docentes y otros profesionales y técnicos con las mismas características a 43% en promedio".

"En este caso, la brecha ajustada se eleva a 49% para los maestros de Primaria y a 34% para los profesores de Secundaria", añade el estudio. Aunque también se observa que la diferencia de los ingresos disminuyó entre 2006 y 2012, "lo que es consistente con la evolución diferencial de los salarios a favor de los docentes (en particular, del sector público) en ese período".

Fuente: El País