Tres profesionales del Instituto Médico Forense, acompañados de un agente policial con cámara, visitaron ayer de tarde al refugiado sirio tras la orden que emitió el juez Nelson Dos Santos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó una denuncia acerca de la imposibilidad de que médicos de ASSE atendieran al exrecluso de Guantánamo cuando volvió a entrar en coma superficial esta semana.

Tras la denuncia, el juez Nelson dos Santos, ordenó que una junta médica de ASSE acompañada  de un traductor del Poder Judicial y un oficial de Inteligencia revisen al refugiado sirio.

Según pudo comprobar El País, al apartamento donde vive Diyab llegaron tres médicos del Instituto Técnico Forense junto a un agente policial que llevaba una cámara. Todo el equipo se retiró pocos minutos después sin hacer declaraciones públicas.

Fuente: El País.

A partir de noviembre habrá beneficios en el precio del boleto para quienes utilicen la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) y un aumento en la tarifa para quienes paguen en efectivo.

El anuncio fue realizado este jueves por el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, quien aseguró que desde noviembre la comuna aplicará una política de estímulos para que se utilice la tarjeta. Al menos hasta marzo de 2017, el boleto solo subirá para aquellos que paguen en efectivo.

El diputado Carlos Mahía se mostró sorprendido por el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca impedir el funcionamiento de UBER con penas y castigos para los conductores con la posibilidad de retenerles la libreta de conducir por hasta dos años.

La propuesta entregada el martes a los diputados frenteamplistas por el prosecretario de la presidencia Juan Andrés Roballo   establece la incorporación a la ley 18.191 (de seguridad) un nuevo artículo que permite reforzar los controles sobre los conductores de transporte de pasajeros. En ese marco se habilita a los funcionarios de los ministerios de Interior y Transporte, así como a los gobiernos departamentales, a controlar el transporte oneroso de personas. Dentro de la lista se incluye el transporte de escolares y turistas, ambulancias, taxímetros, remises o similares. Estos servicios se podrán prestar "únicamente en los vehículos autorizados a tales efectos".

Al conductor que se le compruebe que conduce un vehículo transportando uno o más pasajeros "se le retendrá el permiso de conducir" y se podrá suspender su habilitación por un año si es primera infracción. Si es reincidente, la sanción se puede extender hasta dos años. En todos los casos, se aplicarán sin perjuicio las multas económicas correspondientes.

Los dos primeros artículos del proyecto de Carlos Mahía se centran "en definir el marco de aplicación de la normativa -el territorio nacional- para aquellas actividades que a título oneroso utilizan para su contratación una plataforma informática de intermediación (UBER o las que sean que puedan aparecer en un futuro)";

El artículo tercero establece "el principio de equivalencia y el régimen jurídico a aplicar, el artículo cuarto define que tanto las relaciones de trabajo (empleador – empleado) o cualquier otro vínculo generado a partir de la puesta en práctica de las estas plataformas deben en todos los casos regirse por las normas vigentes , el quinto define que aquellos órganos del Estado que tengan competencias en la materia deberán ejercer los poderes jurídicos que les sean propios para fiscalizar, el número seis determina que los titulares de estas plataformas deberán brindar por los mismos medios electrónicos aquella información que una posterior reglamentación determine con el objetivo de asegurar la transparencia, y las garantías necesarias".

Por último, el artículo séptimo define que los órganos mencionados previamente deberán comunicar a la Justicia los incumplimientos en que incurran los sujetos pasivos del proyecto de ley en un plazo de tres días de modo tal que sean los Magistrados los que definían las medidas que consideren pertinentes aplicar en el marco de la normativas existentes y con todas las garantías para los sujetos pasivos afectados.

Mahía entiende que es necesario legislar para atender la generalidad del fenómeno de la economía digital y no cada aplicación en particular.

El intendente Daniel Martínez pondrá su firma en las próximas horas a un decreto que regula la actividad de los taxis en la capital. Martínez informó ayer durante un desayuno organizado por Somos Uruguay (órgano de difusión multimedia), realizado en el Sheraton, que la IMM pondrá énfasis en fiscalizar la higiene de los taxis, la atención al público por parte de los choferes y el servicio en general.

El borrador del decreto, al que accedió El País, promueve la renovación de la flota con distintas medidas.

Una de ellas es la solicitud de un mayor espacio entre la mampara y el asiento trasero, lo que deja literalmente fuera del servicio a algunos modelos de automóvil. A su vez, los vehículos podrán estar en servicio 6 años, en lugar de los 15 que tienen permitido actualmente.

A su vez, desde este mes los vehículos nuevos que se destinen a taxis, ya sea por renovación o sustitución, deberán cumplir con nuevas medidas en su habitáculo, más cómodas para el pasajero y el conductor.

Fuentes: Propias de Rompkbzas, Espectador.com, El País, El Observador y Radio Montecarlo.

La jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, intimó a Ancap para que informe los nombres y domicilios de los directores de la empresa que aprobaron las resoluciones que dieron lugar a los negocios, que se encuentran siendo investigados a raíz de las denuncias presentadas por la oposición.

Según informa El País, cuando se concrete la respuesta por parte de la petrolera estatal, los jerarcas serán citados a declarar. La magistrada también requirió las actas del Directorio en las que se aprobaron las resoluciones.

Desde el entorno de la magistrada informaron a El Observador que Lerrieu pondrá el foco en la búsqueda de presuntos ilícitos cometidos durante la administración José Mujica, en la que el Directorio estaba presidido por el vicepresidente Raúl Sendic.

Los integrantes del oficialismo y de la oposición de los tres directorios de Ancap entre 2005 y 2015, y la mayoría del cuerpo gerencial del ente, forman parte de la lista que los denunciantes pidieron que sean citados a declarar.

Fuente: El País.


Desde el oficialismo se maneja que UPM financiaría parte de las obras de infraestructura necesarias para la instalación de la tercera planta de producción de pasta de celulosa, según publica el diario El País.

El Poder Ejecutivo maneja una fórmula mixta para la financiación de la infraestructura que implica que la empresa se haría cargo de una parte importante de la inversión, que luego se debitaría del cánon que debe pagar una vez que comience a operar. La principal ventaja de este sistema es que no habría necesidad de que el Estado se endeudase lo que no repercutiría en el resultado fiscal.

La nueva planta de UPM se ubicará a unos 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Paso de los Toros, aunque todavía no está definido si del lado de Tacuarembó o Durazno. En una primera instancia, el presidente Tabaré Vázquez informó que UPM invertirá US$ 4.000 millones en la planta y Uruguay otros US$ 1.000 millones en la infraestructura necesaria.

Si bien el gobierno uruguayo tiene varias líneas de crédito abiertas en el exterior y no es problema acceder a un préstamo, se maneja la posibilidad de que parte de esos US$ 1.000 millones sean financiados por UPM, dijeron al diario El País fuentes del Frente Amplio.

Fuente: El País.


El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que crea un impuesto sobre las pasividades y retiros militares para financiar parte del Servicio de Retiros y Pensiones Militares.

Quienes se verían afectados por esta ley, presentarán un centenar de recursos de inconstitucionalidad por considerarlo "expropiatorio" y "confiscatorio", y sumarán otras acciones por "daños y perjuicios" que ya anticipan que les generará, por ejemplo, en créditos hipotecarios.

La iniciativa legislativa crea una "prestación pecuniaria coactiva de asistencia" al Servicio, que "gravará las sumas nominales correspondientes a los retiros y pensiones" de los militares, señala el texto enviado a la comisión de Hacienda del Senado, el cual el Ejecutivo apuesta a que sea aprobado antes de fin de año.

El presidente del Centro Militar, coronel retirado Carlos Silva, dijo que "están todos enojados, como locos, es una medida discriminatoria y casi confiscatoria porque si se suma el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que en enero va a aumentar por la Rendición de Cuentas, lo que pagamos a la Sanidad Militar de la que no nos podemos borrar, si queremos ser socios de una mutualista la tenemos que pagar aparte, y ahora esto, llegamos a casi el 45% del ingreso nominal. Estamos hablando de que nos van a retener casi la mitad de los haberes que los oficiales reciben a los 60 años, después de trabajar toda la vida te los sacan", dijo Silva a El País.

Fuente: El País.