Varios dirigentes abandonaron la lista 711 que lidera el vicepresidente de la República Raúl Sendic.

Entre otros se fueron Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior, Leonel Briozzo, ex subsecretario de Salud Pública y jerarca del Hospital Pereira Rossell, y Julio Calzada, ex director de la Junta Nacional de Drogas.

También se alejaron Diego Olivera, actual director de la Junta de Drogas, Ruben Barboza, ex vicepresidente de ANCAP desde el 29 de mayo de 2015 hasta el 1 de marzo de 2016 y el economista Sebastián Torres, ex director de Energía del Ministerio de Industria.

Según pudo saber Subrayado, estos y otros dirigentes abandonaron el sector de Sendic por diferencias políticas y por la conducción del grupo que lidera el vicepresidente.

Entre los motivos también está la situación vivida por Sendic con su título universitario. El vicepresidente se presentó durante décadas como licenciado en genética humana, pero en febrero de este año El Observador informó que Sendic no tenía ese título.

Los dirigentes que dejaron el sector de Sendic aún no definieron un grupo o lista a la que sumarse. Telenoche informó que en algunos existe afinidad con el diputado del MPP Alejandro "Pacha"; Sánchez, ex candidato a la Presidencia del Frente Amplio.

Las fuentes consultadas por Subrayado dicen que todos siguen como independientes dentro del FA.

También dijeron que quienes tienen responsabilidades en el gobierno nacional o departamental pusieron sus cargos a disposición, pero todos fueron respaldados y continúan en funciones.

Se destacó en todos los casos su perfil técnico y que en tal sentido ocupan esos cargos.

Fuentes: Subrayado, Telenoche y Montevideo Portal.

El directorio de Ancap decidió anular la decisión por la que había sancionado al contador Jorge Pérez, funcionario que había denunciado irregularidades en las plantas de cemento.

El director nacionalista de la empresa, Diego Labat, informó a El País que a raíz de esta decisión, el área de recursos humanos de la empresa trabaja en la determinación de las tareas que se le asignarán.

A Pérez se le había sancionado con la retención de la mitad de su sueldo y una suspensión de 15 días, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la decisión y acusó al Directorio de la empresa de haber incurrido en "desviación de poder".

El vicepresidente Raúl Sendic, que presidió Ancap, había sostenido que Pérez era "un tipo complicado" que tenía dificultades de relacionamiento.

Labat había pedido un análisis de las implicancias jurídicas de la decisión del TCA que es el órgano que controla la legalidad de la actividad de todos los órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

En su resolución el TCA cuestionó por elevación a Sendic, y estableció que "si era un funcionario 'complicado', aparentemente lo fue desde el inicio, por lo que no se comprende por qué recién se le inicia una investigación luego de que denunciara hechos irregulares que involucraron a jerarcas del ente y que dieran mérito hasta para declaraciones en la prensa del propio presidente del directorio descalificando la denuncia porque el actor es "problemático", incurriendo en un tipo de falacia muy usual que se conoce como argumento ad hominem.

El tribunal señala que Ancap no solamente no investigó lo denunciado por Pérez (que actuaba como contador delegado del Tribunal de Cuentas), sino que se opuso a darle tratamiento a las pruebas sobre las presuntas irregularidades ofrecidas por el funcionario.

Fuente: Espectador.com y El País.


La Fiscalía de Roma reclamó cadena perpetua para un total veintisiete imputados en el conocido como "Proceso Cóndor", que juzga la muerte y desaparición de 23 ciudadanos italianos en el marco del plan homónimo en Latinoamérica en las décadas de 1970 y 1980.

En la lista de condenados, están el exdictador Gregorio "Goyo" Alvarez y el excanciller de la dictadura y exsenador del Partido Colorado Juan Carlos Blanco. En la nómina aparecían los nombres de dictadores ya fallecidos como el argentino Jorge Rafael Videla, y Juan María Bordaberry de Uruguay además del general uruguayo Iván Paulós, también fallecido.

La fiscal Tiziana Cugini solicitó la cadena perpetua por esos hechos para veintisiete imputados, catorce uruguayos, dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos y cuatro peruanos.

Los uruguayos son, Álvarez, Blanco, José Ricardo Arab Fernández, José "Nino" Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco (policía), Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio y Jorge Néstor Tróccoli.

Este último, es el único de los imputados que se ha presentado en el juicio, que reside en libertad en Italia tras haber escapado de la Justicia uruguaya en 2007.

De los 31 indagados, la Fiscalía pidió absolución únicamente para el teniente de navío uruguayo Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, quien fuera jefe de operaciones militares del Fusna. El próximo 13 de enero sería la fecha en la que previsiblemente se conocerá la sentencia.

De hecho, casi la totalidad de los imputados ha rechazado defenderse, ni siquiera por videoconferencia, -con la única excepción de Tróccoli- y muchos de ellos ya cumplen condena en sus respectivos países.

En el caso de los uruguayos, salvo Tróccoli y Mato, el resto se encuentra en prisión purgando condenas por violaciones a los derechos humanos.

Mato, está prófugo de la Justicia uruguaya; debía declarar y no lo hizo por el caso de la muerte del militante democristiano Luis Batalla en 1972.

Fuente: La República.


El Ministerio de Defensa Nacional estudia aplicar una sanción o apercibimiento al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Alberto Zanelli, por sus conclusiones sobre la investigación llevada adelante en relación con los accidentes aéreos del 12 y el 16 de agosto, en que murieron cuatro jóvenes pilotos.

En el Comando de la Fuerza Aérea, el miércoles 12 fueron presentadas las conclusiones de los oficiales investigadores de los accidentes del avión Cessna en Durazno y del helicóptero Bell en Carrasco, por los tenientes coroneles Sebastián Langone y Raúl García.

En el caso de la aeronave de ala rotatoria, García sostuvo que una de las conclusiones aludía a la incidencia de la "incertidumbre laboral" en el factor humano. Los pilotos tenían "una percepción, que se transforma en incertidumbre, en cuanto a las condiciones laborales, lo que disminuye la motivación y concentración", dijo.

Ante esto, el comandante Zanelli fue más allá: dijo que "los pilotos están escuchando sobre diferentes cambios en la legislación, por ejemplo con la modificación del sistema previsional", lo cual "hace que de una manera u otra, no generalizando, pero todos se vean afectados en cuanto a cuál va a ser su futuro, si va a haber adquisición de equipo nuevo, y cuál será el futuro de las Fuerzas Armadas".

Y añadió que el problema "es la incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Todos necesitamos previsión de cómo serán las reglas de juego hoy, y sobre todo cuáles quedarán para nuestras familias".

Por estas afirmaciones, que incluso molestaron al Frente Amplio y al Partido Nacional, es que el Ministerio de Defensa analiza el caso.

Fuente: El País.


Alas Uruguay dejó de volar a Asunción del Paraguay, por lo que su oferta quedó acotada a Buenos Aires

Según publica El País, la aerolínea de bandera informó que el cese de la actividad hacia Paraguay es hasta el 17 de abril de 2017, pero aún no está claro si para ese entonces los vuelos se van a poder retomar.

Postergando el plazo la aerolínea logra conservar los derechos de tráfico para mantener la frecuencia.

El diario La Nación de Argentina informó que según el comunicado que presentó la empresa a la administración del Aeropuerto, el argumento esgrimido refiere a disposiciones comerciales.

Fuentes cercanas a la empresa dijeron a El País que la cancelación se realizó porque "no era una ruta que permitiera poder operar con continuidad sin incurrir en pérdidas".

Fuente: Espectador.com


El plan para distribuir marihuana está trancado por un conflicto en El Correo

Una paralización de los funcionarios postales, que lleva ya quince días, demoró el inicio del registro de consumidores de marihuana de distribución estatal, informa El Observador.

Los reclamos -por mejoras salariales y 40 horas semanales de trabajo- se venían anunciando desde semanas previas. Las medidas incluyen la distribución de paquetes y correspondencia, tareas administrativas ni la atención al público.

Los funcionarios postales serán los encargados de la inscripción de quienes retirarán hasta 40 gramos mensuales. La tarea incluye la toma de huellas dactilares

El gremio postal está evaluando incrementar las medidas para la renovación del convenio colectivo que se está discutiendo desde el mes de marzo.

El plan para distribuir marihuana a través del Estado lleva ya cuatro años de discusiones y puesta en marcha.

Fuente: Subrayado.