"El derecho a la defensa y al debido proceso deriva de la Constitución, por lo que esta ley es anticonstitucional", afirmó Xavier De Mello.

Parte del comunicado que hizo público el Colegio de Abogados del Uruguay, expresaba: "El Colegio de Abogados del Uruguay rechaza la incorporación de los abogados al elenco de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, lo que implica denunciar a sus propios clientes ante la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos, por afectar el cumplimiento en su función como asesores y defensores en materia jurídica". 

"La función de los abogados en la sociedad es esencial para que el estado de Derecho funcione y las personas conozcan sus derechos", concluyó.