Un hombre de 33 años fue herido de bala en un brazo y en una pierna dentro del Estadio Centenario mientras se disputaba el partido entre Peñarol y Rampla Juniors. El herido fue conducido al Hospital de Clínicas y está fuera de peligro.

La Comisión de Seguridad, integrada por jefes de seguridad, representantes de los clubes y árbitros, decidió la suspensión del partido argumentando que no estaban dadas las condiciones para seguir el encuentro. Esto ocurrió en el entretiempo.

Inmediatamente se procedió al desalojo de las tribunas.

Ignacio Charlo, encargado de la seguridad privada, explicó a VTV que tanto en las puertas 7, 9 y 10 de la Ámsterdam, donde estaba la parcialidad de Peñarol, como en la puerta 24 donde estaba la de Rampla, hubo controles con detectores de metales. Aclaró que en la Olímpica no hubo controles de la seguridad privada.

Dijo que desde el momento en que la AUF determina que comiencen los controles, la empresa comienza a trabajar, y que junto a los controladores de la empresa privada hay efectivos del Ministerio del Interior supervisando.

José Luis Otero, secretario de Afrauf (Asociación de Funcionarios de Racaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol) dijo a VTV que "la paleta metálica que se utilizó en algunas bocas de entrada, la propia policía la dejó de utilizar porque no era 100 por ciento segura".

Según confirmaron los propios boleteros del estadio a El País, "en las puertas 14 y 15 no hubo cacheos, ni se pasó la barra detectora de metales a quienes ingresaban, lo mismo sucedió en la tribuna América".

"Se hizo en algunos sectores, y no a todo el público", especificó el dirigente.

A instancias del senador colorado Pedro Bordaberry, el ministro del Interior Eduardo Bonomi será interpelado mañana en el Parlamento. Los casos de violencia en el fútbol, entre otros asuntos, serán parte del cuestionario al secretario de estado.

Fuentes: Subrayado y El País.


Este sábado el exrecluso de Guantánamo, Jihad Diyab, puso fin a la huelga de hambre y, según informó su entorno "recibió una propuesta para lograr viajar a otro país".

"A los 68 días de huelga de hambre, la lucha de Jihad Diyab por su derecho a reunificación familiar y reasentamiento ha logrado una solución intermedia. ¡La lucha paga!", informaba ayer una publicación en la página de Facebook, Vigilia por Jihad, en la que el entorno al exrecluso ha informado su situación durante estos más de dos meses.

Los activistas que acompañan a Diyab dicen que hay un acuerdo para no revelar a qué país se irá. Además informaron el sábado que Diyab dejó la prolongada huelga de hambre que realizó porque un país aceptó recibirlo, pero no quisieron precisar si es musulmán.

Ana Claudia de León, una de las activistas, dijo a El País que está "bastante mejor" y que se está alimentando bajo control médico. Diyab sigue acompañado y dejará el país a mediano plazo porque primero debe recuperarse físicamente. Su intención sigue siendo irse de Uruguay cuanto antes. De León recordó que no hay ningún impedimento legal para que lo haga.

Fuente: El País.


La aerolínea Alas Uruguay fue intimada a devolver su último avión este lunes luego de traer a la comitiva de ministros de Buenos Aires, tras el cumbre entre el gobierno de Vázquez con su par argentino.

Al regreso, Alas Uruguay deberá devolver el último avión que le quedaba por pedido del propietario de la aeronave.

Según Telenoche, la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia) acogió el pedido de restitución del avión.

Se trata del Boeing 737 300 que le queda. Si el pedido se cumple deberá suspender sus operaciones a pocas semanas del inicio de la temporada alta de turismo.

El dueño del avión inició gestiones para su devolución en virtud de incumplimientos en los pagos y otro indicio de la suspensión de actividades, el call center de Alas Uruguay ya no se puede reservar pasajes para mañana martes.

El vuelo que va a Buenos Aires con la delegación tiene previsto retornar a las 19:25 desde Aeroparque, con hora de llegada a Carrasco a las 20:15.

El gobierno destinó en su momento US$ 15 millones a ese emprendimiento. Alas Uruguay pidió un nuevo apoyo en función de las deudas, pero la administración Vázquez se negó.

Según informa Presidencia, Tabaré Vázquez y Danilo Astori fueron en helicóptero a la capital argentina.

En marzo, El País informó que a la compañía le quedaban solo US$ 2 millones de los US$ 15 millones que recibió del Fondes en 2015; por lo que solicitó al gobierno un refuerzo de entre US$ 5 y US$ 6 millones. La ayuda económica nunca se concretó, debido a que el gobierno entendió que no se podía destinar más fondos a la asistencia dado el actual escenario de restricción fiscal.

Fuente: Subrayado.


El viernes se conoció una circular en la que Secundaria en la que se sustituye la repetición de los alumnos por un plan en el que quienes no lleguen al nivel suficiente deban asistir una semana más a clases en Ciclo Básico.

El documento comunica que las clases culminarán el sábado 3 de diciembre, pero "en casos de insuficiencia, en el período comprendido entre el 3 y el 10 de diciembre acompañarán la culminación de esta trayectoria de los estudiantes para alcanzar los resultados satisfactorios esperados".

La resolución señala que los docentes no podrán dejar repetidores a los alumnos, sino que deberán elegir entre promoverlos o alertar que "no alcanzaron niveles de suficiencia y deben concurrir hasta el 10 de diciembre de 2016".

Docentes de Secundaria dijeron a Rompkbzas que el planteo es a la inversa, no es premiar a los repetidores si no a los que tienen buenas calificaciones, dejándoles comenzar las vacaciones una semana.

Los docentes dijeron que algunos de ellos consideran que es una medida para que los docentes no dejen alumnos repetidores y aunque tengan que concurrir al liceo, no deben impartir clases.

De esta forma, reconocieron, mejoran además los índices de repetición.

Otras fuentes de Rompkbzas denunciaron que en Ciclo Básico las faltas son ilimitadas para los que tienen buenas notas.

"70, 80, 90 faltas pasan igual si tienen 6 de promedio y tres bajas. En Bachillerato lo mismo con las faltas ilimitadas, pero 9 de promedio";, dijeron.

Los informantes indicaron que FENAPES está al tanto de esta situación y no lo ha denunciado.

Fenapes presentará denuncias al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por el estado edilicio en que se encuentran puntualmente dos instituciones: el liceo de Juanicó y el N° 2 de Toledo (ver aparte). Ambos con peligro de derrumbe.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) está haciendo un relevamiento en todo el país de las infraestructuras de los liceos públicos. Lo que descubrieron fue que muchas instituciones tienen peligro de derrumbe, filtraciones de agua, paredes y techos fisurados, techos de fibrocemento (material cancerígeno prohibido en Uruguay desde 2002), cables expuestos y presencia de insectos, roedores y aves, y otra larga lista de irregularidades.

El informe de Fenapes, al que accedió El País, está acompañado por una gran cantidad de fotografías que prueban las denuncias hechas por el sindicato. En el caso del liceo de Juanicó, por ejemplo, el documento advierte que "las fisuras en las paredes, sumadas al movimiento de dichas estructuras, amenazan con un posible derrumbe". Por eso, se pide que al menos "los salones de clases involucrados ya no sean utilizados". Allí los techos son de chapas de fibrocemento.

En cuanto a los baños, el informe, que es el segundo que Fenapes presenta en el año sobre temas de infraestructura, dice que más allá de que muchos no ofrecen "condiciones que aseguren confortabilidad y decoro", hay lugares donde directamente están clausurados, como es el caso del liceo N° 1 de Treinta y Tres, o donde se inundan a diario por tener caños rotos, como es el caso del liceo de la Charqueada.

En cuanto a los problemas eléctricos, denuncian y documentan con fotos la presencia de cables expuestos, precariedad en los cableados y presencia de alargues que atraviesan los salones por falta de tomas —casi todos los centros tienen uno solo al lado de donde se supone debería ir el pizarrón.

Fuentes Rompkbzas – El País


El Ministerio de Educación y Cultura resolvió en las últimas horas intervenir la organización Cruz Roja Uruguaya, según adelantaron a Subrayado fuentes oficiales.

La resolución fue firmada por la ministra María Julia Muñoz y ya se comunicó a las partes. Será por hasta seis meses, con la posibilidad de extender la intervención, e incluye el desplazamiento de las autoridades.

De acuerdo a la resolución (a la que accedió Subrayado) el objetivo es: "analizar y poner en orden la situación administrativa y contable", "examinar el padrón social, depurando el mismo de ser necesario", "estudiar si los estatutos son acordes a la realidad de la institución, promoviendo la reforma pertinente de aquellos" y "realizar elecciones en el marco de los estatutos".

También se denunció la "ilegitimidad del acto eleccionario y la contravención de los estatutos durante la gestión social, en especial con respecto a la posición inconciliable entre la Presidencia y la Asamblea a causa de un manejo autoritario y unilateral por parte de la primera en el período 2011-2015", dice la resolución en el Resultando I.

Semanas atrás también se denunció que varias donaciones en dinero nunca llegaron a Dolores tras el tornado de abril o a Durazno tras las inundaciones.

Desde entonces el Ministerio inició una investigación a la Cruz Roja Uruguaya como organización regulada y ahora decidió intervenirla.

Fuente: Subrayado.


El 80% de los procesados en la capital tiene menos de 39 años, el 33,7% de los procesados tiene entre 18 y 24 años y solamente el 2,6% pasa los 60 según un estudio del Departamento de Estadísticas del Poder Judicial.

El análisis denominado "Estudio sobre procesos concluidos en materia penal, en los juzgados de la capital" indica una edad promedio algo más baja para los delitos más violentos. La edad promedio para las lesiones personales es de 30 años, para el homicidio también es de 30, para el hurto es de 29 y para la rapiña es de 25. Para la receptación (la compra a sabiendas de que un objeto es robado) la edad promedio es de 31 y para la violación a la ley de estupefacientes (delitos vinculados a las drogas) es de 32.

En Montevideo, en 2015 quienes cometieron hurtos fueron condenados en promedio a 17 meses de cárcel. En el caso de las rapiñas la pena media fue de 54 meses. Quienes infringieron la ley de estupefacientes recibieron un pena media de 26 meses, quienes incurrieron en receptación 19 meses, los responsables de lesiones personales 21 meses y los homicidas 96 meses.

El estudio indica que el castigo máximo dispuesto fue de 34 años, y que el 88,5% de las penas impuestas fue inferior a los cuatro años (48 meses).

El monto promedio de la pena es menor para las mujeres que para los hombres, excepto en el caso de los homicidios, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa. Sí hay diferencia en el caso del delito de "lesiones personales" en el que el tiempo de pena para los hombres es nueve meses mayor que para las mujeres.

Las actuaciones penales se están incrementando en Montevideo y eso lo demuestran las cifras de asuntos y sumarios iniciados. Los asuntos iniciados subieron 9% en 2015 con respecto a 2014, en tanto que los sumarios, con los cuales comienza el proceso penal en sentido estricto, subieron 21%.

La duración de los procesos está estabilizada. En 2015 fue de 12 meses y medio, con un máximo de 12 años y diez meses. La mitad de los procesos no tuvo una duración mayor a los diez meses. La variación a lo largo de los años no es mucha: en 2009 los procesos se extendían en promedio 14 meses y en 2012 lo hicieron 11,9 meses.

Fuente: El País.


Un censo de policías realizado por el gobierno en agosto de 2015, detectó que hay 1.107 policías que viven en asentamientos, el 4,2% del total.

Las situaciones más complejas se dan en Montevideo (655), Canelones (141), Rivera (59), Artigas (37) y Maldonado (32). Los departamentos en los que menos hay son Treinta y Tres (seis), Tacuarembó (siete), Soriano (siete), Flores (ocho), Salto (nueve). Del total de personas en asentamientos 854 son hombres y 253 mujeres, publica hoy el diario El País.

Si bien la mayoría quiere mudarse no son todos. Según el relevamiento que puso foco en la vivienda de los policías, el 63% de los que viven en asentamientos quieren cambiar de vivienda: 694 familias. De las que viven en Montevideo y quieren mudarse (434), la mayoría son familias de cuatro y más integrantes, por lo que encontrar un lugar no es fácil. A estos se suman cerca de un centenar de otras familias que no viven en asentamientos, pero no les gusta el barrio porque no tiene servicios o es conflictivo.

La ley de Presupuesto creó una contribución especial de seguridad social de 1% que en parte será destinada para la construcción de viviendas. El dinero irá a un fideicomiso que todavía no se definió quién administrará.

Tampoco está claro dónde se harán las viviendas aunque a nivel oficial evalúan integrar esto a los planes del Ministerio de Vivienda, que tiene 16 cooperativas de policías, y también a Mevir, que algunas veces utiliza terrenos del Ministerio del Interior y a cambio deja un cupo para ocupar por policías.

Una comisión con representantes del sindicato de Bomberos, del Ministerio del Interior, funcionarios policiales de Montevideo, asistentes sociales, y el director general de secretaría Charles Carrera que se está encargando de los detalles. Ya se visitaron terrenos, algunos que se rechazaron por ser inundables, y se evaluaron viviendas prefabricadas.