En el mes de setiembre fue presentado un proyecto de ley para "mejorar las condiciones para el ejercicio pleno del derecho al acceso a la vivienda, que se concreten a través del arrendamiento de fincas con destino casa-habitación", según figura en el texto.

Julio Villamide, Asesor de la Cámara de Construcción, no está de acuerdo con regularizar el sector inmobiliario. "Este tipo de iniciativas generan una retracción al inversor privado", indicó, y dijo que de aprobarse la ley, "los efectos serán exactamente contrarios" a los que se buscan.

Villamide recordó que en 1985 se reunieron inversores para votar una ley de alquileres. Una tercera parte de los propietarios abandonó la reunión, declarando que nunca más iban a regular. Este fue "el nacimiento de los asentamientos irregulares, tal como lo conocemos hoy", sostuvo. 

Núñez defendió su postura y explicó que "no queremos generar una contracción de la industria de la construcción, el tema es que ha tenido muchos beneficios en el sector inmobiliario".

El proyecto, que fue presentado por el diputado Núñez, plantea topear el costo de los alquileres para permitir un mayor acceso a la ciudadanía. Ese tope no podrá superar el 4% del valor catastral del inmueble.