El presidente de la República, Tabaré Vázquez, encabezó esta mañana un nuevo Consejo de Ministros abierto, en Santa Clara de Olimar, en el departamento de Treinta y Tres. El encuentro se realizó en el Centro Social Club Hispano Uruguayo.

Vázquez habló en rueda de prensa previo a dar comienzo al Consejo de Ministros y anunció que se harán centros de asistencia de cuidados, sobre todo para la primera infancia y para personas con discapacidad.

En relación al tema de cuidados, el presidente dijo que es "un tema importante para todo el país" y, con respecto a la salud bucal, aseguró que se firmó un acuerdo con el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, ASSE y Primaria para poder atender en profundidad, sobre todo en el departamento de Treinta y Tres.

Además, en declaraciones recogidas por Radio Uruguay habló sobre las pautas salariales: "El que quiera creer que se le torció la mano al gobierno, bueno, que lo crea", dijo, respecto a las negociaciones salariales, pero agregó que el "correctivo" acordado no es un "cambio de las reglas porque desde antes había grupos que estaban acordando por arriba de las pautas y el gobierno miraba".

Fuente: Espectador.com


Este fin de semana, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) realizó un trancazo en el ingreso a varios supermercados de Maldonado, Punta del Este y Montevideo.

Estas medidas de Fuecys se dan en busca de superar el estancamiento de la negociación colectiva por el salario.

"Los trabajadores ganamos $ 13 mil (con los descuentos). Son salarios sumamente sumergidos y estamos peleando por los $ 20 mil como salario mínimo", apuntó el dirigente de Fuecys Ariel Britos, quien agregó que en algunos de los locales se vivieron momentos de tensión por la "agresividad" de algunos clientes que pretendieron ingresar a realizar las compras.

Fuentes: Montevideo Portal y El Observador.


Tras varios años detenidos y procesados en Chile por el llamado caso Berríos, esta semana volverán a Uruguay los militares Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, quienes continuarán cumpliendo su sentencia en el país, según pudo saber El País.

En agosto de 2015, la Corte Suprema chilena dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte del químico Eugenio Berríos, un exagente de la dictadura de Augusto Pinochet.

Según la sentencia, Casella fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita. Radaelli fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sarli, por su parte, fue sentenciado a cinco años y un día por su responsabilidad como cómplice de secuestro y a 60 días asociación ilícita.

Otros once militares chilenos fueron condenados como autores materiales, intelectuales y cómplices del secuestro y asesinato.

Fuente: El País.


El diputado Pablo Abdala, presentó el viernes en el Parlamento un proyecto para crear una Comisión Investigadora sobre la planta regasificadora y los trasfondos de la misma con la firma brasileña OAS.

La denuncia se agrupa en cuatro áreas: Los indicios de corrupción entre los anteriores gobiernos de Dilma Rousseff en Brasil y de Mujica en Uruguay, las irregularidades del proceso de adjudicación de la obra al consorcio GNLS  a la constructora OAS, y las pérdidas que generó la fallida obra y falta de transparencia.

Abdala dice estar convencido de que algo huele mal en el nombre Fernando Pimentel, actual gobernador de Minas Gerais. En 2013, cuando Pimentel era ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del gobierno de Dilma, "habría realizado gestiones" ante el gobierno de Mujica para lograr que OAS sea la empresa que realizara la regasificadora". A cambio de eso, habría cobrado 3 millones de reales por parte de la constructora a modo de coima, según informa Búsqueda en base a la denuncia de Abdala.

En la misma causa, que es investigada en Brasil, se incluyeron escuchas telefónicas y mensajes del expresidente de OAS, José Aldenario Pinheiro, hoy en la cárcel por pago de coimas. El empresario hizo gestiones para el expresidente Lula da Silva, y entre ellas, organizó viajes a visitar obras en la región, incluyendo la de Uruguay, entre enero o febrero de 2014.

En la Justicia existe una denuncia penal por estafa contra GNLS y OAS. La empresa uruguaya Costa Fortuna SA reclama cerca de 10 millones de dólares porque sabían que la obra se paralizaría y "engañaron durante meses" a las subcontratadas para que continuaran sus trabajos, según la denuncia.

El diputado afirmó que "el proceso –de licitación de la obra- fue irregular", y que hubo "decisiones políticas sin fundamento técnico", que derivó en una planta que no se construyó y pérdidas en Gas Sayago. Esta empresa debió ser capitalizada en 65 millones de dólares por UTE y ANCAP por los costos generados desde 2011 por salarios y estudios de ingeniería.

La propuesta de Abdala será analizada entre hoy y mañana, contando ya con los votos de la oposición y del frenteamplista independiente Gonzalo Mujica. El miércoles 16, el plenario lo tratará en una sesión extraordinaria, y esa jornada, el diputado Abdala nos acompañará en estudios para charlar sobre este asunto.

Fuente: Búsqueda.


Denuncian más casos de Contratación a dedo en Ancap. En 2008 se eligió a una empresa, sin licitación, para construir un stand para la Expo Prado.

Esquivar llamados a licitación y las adjudicaciones a dedo, siempre a determinadas empresas, fueron algunas de las irregularidades en Ancap que forman parte del elenco de hechos que indaga la Justicia de Crimen Organizado, y que concretamente mencionaba el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, al presentar la denuncia. Si bien todavía no fue denunciado a la Justicia, esa irregularidad se constató en la contratación de la empresa que construyó el stand de Ancap para la Rural del Prado en el año 2008, según documentos a los que accedió El País.

El directorio de Ancap había definido en 2008 participar de la Expo Prado que se realizaría del 10 al 21 de septiembre de ese año. En la resolución se establecía un monto de inversión de 7.740 dólares. Sin embargo, recién dos días antes de que comenzara la exposición, el 8 de septiembre, la presidencia de Ancap, ocupada por Raúl Sendic, con carácter urgente resolvió realizar el stand, y eligió contratar, sin licitación, a una de las tres empresas a las que se le había pedido presupuesto. El mismo terminó costando 45 mil dólares.

Entre las tres ofertas que se habían solicitado se optó por la propuesta de la empresa Norton SA que tenía un costo de 40 mil dólares más IVA. Se descartaron las otras dos propuestas de las empresas IN Publicidad que cobraba 33 mil dólares más IVA y la de Cámara TBWA que tenía un costo de 45.300 dólares más IVA.

Según la documentación, Ancap pagó los 40 mil dólares más IVA a Norton el 10 de septiembre de 2008, dos días después de contratada la empresa, y el mismo día en que comenzaba la exposición.

Además, a ello se sumó un nuevo pago de 5.165 dólares más IVA, por la contratación de ocho promotoras, un supervisor y servicio de iluminación. Lo llamativo es que en la resolución inicial por la que se pagaron los 40 mil dólares a Norton, se mencionaba que era la propuesta más completa y contenía "toda la iluminación que el lugar requiera". O sea que la iluminación se pagó dos veces.

Fuente: El País.


El Poder Ejecutivo tiene la potestad de habilitar la venta de Alas Uruguay a la Chilena Latin American Wings.

En caso afirmativo, la chilena gozará de más de un año (hasta enero de 2018) para comenzar a pagar el préstamo del Fondes, que tiene 24 meses de gracia desde el inicio de operaciones de Alas Uruguay. Si, en cambio, decide no aceptar la propuesta que llega del otro lado de los Andes, por el momento no hay otra alternativa firme para que la aerolínea vuelva a volar, según pudo saber El Observador.

LAW indicó que no hablará hasta que el gobierno uruguayo se expida. En tanto, la presidenta del directorio de Alas Uruguay, Sabrina Acevedo, transmitió a El Observador que "no hay noticias para dar" más allá del comunicado del jueves.

Las autoridades de Alas Uruguay acordaron la venta de la empresa a la aerolínea chilena Latin American Wings (LAW).

Se estableció  la compra del 100% del paquete accionario de Alas Uruguay, y además el pago de sus pasivos y el compromiso de mantener al menos 75 puestos de trabajo, lo que representa el 50% de la plantilla actual de la aerolínea nacional.

Fuente: El Observador.


Desde este domingo rige una suba en el precio del boleto para quienes paguen en efectivo. Los precios no cambian si se paga con la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano.

Para quienes abonen en efectivo, el boleto "común" y "viaje 1 hora" pasa a costar $30, Jubilado o Pensionista Categoría "A": $9 y categoría "B": $15. El boleto zonal cuesta $18, el céntrico: $22, el de las líneas diferenciales 46$ y el boleto 2 horas $46.

Para sacar o recargar la tarjeta STM se amplió la red de puestos de recarga: hay 1200 puestos y llegarán a 2500 para fin de año. Para sacar la tarjeta son 200 los puntos disponibles de venta o emisión.

Hay que tener en cuenta que la recarga mínima es de 5 boletos, es decir, 140 pesos.

Desde la Intendencia, se procura regular el servicio que prestan las aplicaciones en el país con un decreto que está a estudio de la Junta Departamental.

El borrador del mismo, al que accedió La Diaria, exige a las empresas como Uber el pago de un canon de 1,70 pesos por cada kilómetro recorrido dentro de los límites del departamento de Montevideo. El coordinador de gabinete de la Intendencia de Montevideo (IM), Ramón Méndez explicó al matutino que este monto representará aproximadamente entre 3% y 4% de la tarifa de Uber, suponiendo que se incremente entre 15% y 20% debido a las obligaciones que la transnacional deberá asumir por "hacer las cosas bien". "Es un número absolutamente razonable", enfatizó Méndez. Uber se lleva 25% de lo recaudado por los viajes, y podrá asumir este costo o trasladárselo a los conductores, disminuyendo el porcentaje que abona a cada uno.

Méndez explicó que la empresa realizó una comparación con el costo de comprar una chapa de taxi. Se tuvo en cuenta para ello que los conductores de Uber y de otras empresas similares no tienen algunos beneficios que sí tienen los conductores de taxis, como exoneraciones tributarias y la posibilidad de comprar vehículos por leasing. Teniendo en cuenta estas diferencias, se concluyó que un vehículo de Uber que trabaje 20 horas por día durante 15 años pagará, por todas sus obligaciones, el equivalente a una chapa de taxi en ese período.

El Sindicato de taxistas (Suatt) está molesto con este proyecto de decreto y por eso decidió parar y movilizarse hasta la Junta Departamental el próximo miércoles 16 cuando los ediles traten el tema.

"Nos avisaron una hora antes que presentaban el proyecto. Le dejamos claro que no estamos de acuerdo con que se regule, porque de cualquier forma va a afectar el servicio de taxímetro, van a seguir compitiendo en desigualdad", dijo a El Observador el secretario general de Suatt, Antonio Diez.

Fuentes: Subrayado, La diaria y El Observador.


El Frente Amplio y la oposición iniciaron una negociación para designar a los integrantes de la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y un ministro de la Suprema Corte de Justicia, para lo cual se necesitan mayorías especiales en el Senado. Además, se elegirá a los nuevos integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), cuya discusión ya aplazó tres veces la cámara alta.

Fuentes parlamentarias informaron a El Observador que la intención es llegar a fin de año con ese tema resuelto.

Esta semana habrá reuniones de los coordinadores del Senado para definir los criterios para la renovación de las autoridades y luego se pasará a analizar los nombres que propongan los partidos políticos.

El Poder Ejecutivo eligió, sin consultar, a quiénes estarán en la Junta de Transparencia, procedimiento que molestó a los blancos, al punto que se frenó la discusión y pasó para la primera sesión de diciembre del Senado. La molestia del Partido Nacional fue por el nombramiento directo que hizo el presidente Tabaré Vázquez, más allá que se trata de Matilde Rodríguez, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz.

Los blancos entienden que validar un nombramiento que no fue consultado, a pesar de que apoyan a Matilde Rodríguez, los expone a aceptar en el futuro que el Ejecutivo concrete las designaciones que faltan para los organismos de contralor. En el FA y el Partido Nacional descuentan que se alcanzarán acuerdos.

Los otros miembros propuestos por el gobierno para la Jutep son: Ricardo Gil Iribarne, que estuvo al frente de la secretaría antilavado, y Daniel Borrelli, quien fue subsecretario del Interior en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005).

En el año 2014, en plena campaña electoral, Borrelli había anunciado su apoyo a Vázquez.

Fuente El Observador


Desde la oposición entienden como inconveniente el cambio anunciado por Ancap en el modelo de distribución de combustibles.

El senador nacionalista Álvaro Delgado, que integra la comisión de Industria, informó a El País que se trató de una decisión inconsulta y reclamó la presencia del Directorio de la empresa para que informe los detalles.

Por su lado el independiente, Pablo Mieres, consideró que la intención de la petrolera estatal "deriva de otro lío" porque Ancap no se ajusta y busca que los estacioneros colaboren a la mejora de sus números.

En tanto el colorado Pedro Bordaberry indicó que Ancap podría mejorar sus cuentas mediante la disminución de sus pérdidas en la producción de cemento, cal, alcoholes y perfumes.

Los estacioneros perciben que Ancap podría venderle a su distribuidora Ducsa a un precio preferente para que las estaciones del sello Ancap compitieran en mejores condiciones.

Fuente: El País.