El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), señaló que está "convencido de que ha existido (...) espionaje por parte del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas" durante el período democrático y que debe investigarse desde 1985 a la fecha. Para el legislador la continuidad del funcionamiento de los servicios de espionaje "está directamente vinculada a la impunidad sobre los crímenes de Estado".

Puig dijo que si "hay un ejército de informantes" como se señala en los Archivos Castiglioni, hay que saber si fueron pagos con dineros del Estado y si siguen operando.

"Se investigó al expresidente Jorge Batlle y al hoy presidente y exintendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, además de altos funcionarios del Poder Judicial, que tienen a cargo denuncias de crímenes de lesa humanidad", dijo. "Estoy convencido que esto no fue una práctica autónoma, de Castiglioni y sus amigos", agregó.

"Tota Quinteros fue espiada hasta el día de su muerte", dijo Puig. Según contó el legislador, esto se pudo descubrir al recibir la ficha en un juzgado de su hija, Elena Quinteros, asesinada en dictadura. "A esa ficha venía adosada otra, la de Tota Quinteros, que culminaba diciendo que el seguimiento terminaba por el fallecimiento de la mujer en 2001", aseguró.

Según Luis Puig, los archivos de la dictadura no fueron destruidos sino que siguen en manos de los servicios que los llevaron adelante. Reclamó que los documentos sean custodiados por expertos civiles para conocer la historia y determinar responsabilidades.

La Comisión tiene 180 días para expedirse, lapso que para Puig es exiguo y que, en definitiva, "no va a estar limitada por ese tiempo". "Si esta investigación quedara a mitad de camino, sería un fracaso del Parlamento", agregó.

El diputado reconoció que "en la discusión previa hubo diferencias pero una vez conocido el texto de la denuncia se definió el apoyo unánime de la presentación de la necesidad de la Comisión".