Por Carolina Balian

El concepto de progreso multidimensional significa, en primer lugar, trascender el uso del ingreso per cápita, del ritmo de crecimiento económico y del PBI como criterios privilegiados para medir el nivel de desarrollo de los países.

En segundo lugar, apunta a construir políticas intersectoriales, integrales y universales para dar respuesta a los problemas multidimensionales del desarrollo. De esta forma, propone que no es suficiente avanzar "brecha por brecha";, sino que es necesario adoptar un enfoque de acción en múltiples dimensiones para alcanzar logros significativos de progreso.

En los países de América Latina y el Caribe, esta noción de progreso supone, entre otras cosas, garantizar sistemas de protección social a lo largo del ciclo de vida de las personas, elevar las calificaciones laborales, mejorar la calidad de los servicios públicos y expandir el acceso a sistemas de cuidados de niños y adultos mayores.

Además, implica garantizar la paridad de género y reconocer los derechos multiculturales y plurinacionales de los pueblos y las comunidades. Por último, contempla la protección del medio ambiente y la resiliencia ante desastres naturales.

En el período del 2002 al 2013, la región logró reducir la pobreza del 42% al 24% de la población, mientras que vio aumentar la clase media de forma muy significativa. Sin embargo, el informe sostiene que la región pasó por una "transformación incompleta";: sus mayores retos pasan por exclusiones, vulnerabilidades y transiciones estructurales que no se resolvieron en la mejor década de crecimiento económico de la Latinoamérica. Esto debe gestarse en un contexto actual de contracción económica de la región, lo cual implica un desafío de alto porte.  

Por un lado, en los países latinoamericanos persisten múltiples exclusiones duras, ya sea por ruralidad, género, condición étnica, identidad sexual o discapacidad (entre otros tipos), que no se resuelven con más ingresos.

Por otro lado, millones de personas que lograron salir de la pobreza enfrentan grandes vulnerabilidades que amenazan con hacerlas recaer. De acuerdo al informe del PNUD, esta recaída podría afectar a entre 25 y 30 millones de personas.

Los desafíos de Uruguay para cumplir con el acuerdo climático global, un informe de la economista Carolina Balian https://t.co/xyoAhnD4ja pic.twitter.com/KMkE1NOJOw

— El Espectador (@espectador810) 5 de octubre de 2016

El grupo de personas vulnerables es el foco del informe en esta edición. Este se compone de individuos que, a pesar de que no están por debajo de la línea de pobreza, presentan rezagos demasiado sensibles a los vaivenes económicos; es decir, que cualquier crisis o enlentecimiento prolongado de la economía los puede llevar a recaer a la pobreza. Este grupo vulnerable comprende a casi dos en cada cinco latinoamericanos.

Una idea clave que se explicita en el informe es que "más de lo mismo"; no rinde lo mismo, haciendo referencia al hecho de que el crecimiento económico tiene rendimientos decrecientes en cuanto a su impacto sobre el progreso. "No solo se desacelera el ritmo del crecimiento económico en varios países, sino que, además, sus retornos en lo social parecen reducirse";, señala el reporte.

Lo anterior se debe, por un lado, a los límites para la expansión del mercado laboral en la región, que requieren de un aumento en la productividad de los sectores de menor calificación laboral y, por otro lado, a los límites para la expansión de las transferencias públicas (el estrecho "espacio fiscal";).

Esto quiere decir que ya se eliminaron las desigualdades más fáciles, en cierto sentido, y las que restan son las más difíciles; sobre todo en países como Uruguay, que tiene uno de los menores niveles de pobreza y la indigencia más baja de la región.   

El estudio hace énfasis en que los factores que determinan que las personas salgan de la pobreza, difieren de los que previenen la recaída en la pobreza. De esta forma, una vez que se logra sacar a las personas de esta condición, no basta con reforzar las políticas y medidas que se aplicaron para alcanzarlo, sino que se requiere de otras políticas y medidas.

Los factores que se relacionan con la reducción de la pobreza se refieren principalmente a la educación más allá del nivel primario, y la inserción laboral sobre todo de mujeres y jóvenes.

Por otro lado, los factores que evitan la recaída en la pobreza se vinculan con los sistemas de protección social (transferencias sociales y pensiones), los sistemas de cuidados, el acceso a activos físicos y financieros, y la mejora de la calidad del empleo vinculada a la calificación laboral continua.

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— El Espectador (@espectador810) 14 de octubre de 2016

El caso de Uruguay

Entre el 2004 y el 2014, el país logró una disminución muy significativa de la pobreza, pasando de un 19% a un 7% de la población total, mientras que alcanzó un nivel de indigencia de 0,4%. Además, la clase media aumentó de 42% a 60% en ese período, siendo este el nivel más alto de la región.

Con respecto al grupo de personas en situación de vulnerabilidad en el país, este totalizó un millón de personas en el año 2014, lo cual representa cerca del 29% de la población total. Dentro de este porcentaje, más de la mitad son empleados informales y cerca del 40% son hogares con jefas de hogar.

En cuanto a los factores que evitan la recaída en la pobreza, Uruguay está implementando el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es referencia en la región y, en relación al acceso a activos financieros, está en proceso de consolidación de la inclusión financiera.

Estas son políticas fundamentales para avanzar hacia el progreso entendido en sus múltiples dimensiones, y dan cuenta de la posición favorable del país frente a sus pares regionales. A pesar de esto, aún resta profundizar en políticas que permitan asegurar la estabilidad socioeconómica o, en el mejor caso, la movilidad ascendente de la clase vulnerable en el país.