Las tarifas de combustibles, telefonía y servicios de agua potable y saneamiento se incrementarán un 8 %, mientras que el incremento de la tarifa de energía eléctrica será del 7,5%, anunció este jueves el ministro de Economía, Danilo Astori.

"En el caso de UTE hemos definido un aumento por debajo de la inflación, de 7,5 %", medida que no incluye a los 80.000 hogares humildes que pagan la tarifa social, anunció el ministro de Economía.

En conferencia de prensa dijo que los combustibles de ANCAP subirán 8%, debido al incremento del precio del petróleo. La presidenta del ente, Marta Jara, expresó el motivo del aumento, que está relacionado con los números en rojo que tiene la empresa.


El refugiado sirio Jihad Diyab se fue este jueves de Uruguay.

Partió en un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco y su destino es la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica, confirmó a El País Christian Mirza, interlocutor de los otros cinco exprisioneros de Guantánamo que llegaron a Uruguay y que también lo fue de Diyab hasta que decidió no continuar con esa tarea.

Diyab había levantado a finales de octubre una huelga de hambre que duró 68 días cuando, según dijo su entorno, "recibió una propuesta para lograr viajar a otro país".

"A los 68 días de huelga de hambre, la lucha de Jihad Diyab por su derecho a reunificación familiar y reasentamiento ha logrado una solución intermedia. ¡La lucha paga!", informaba en ese entonces una publicación en la página de Facebook, Vigilia por Jihad.


Cuestionada por fabricar estos productos que no tenían mucho que ver con su rubro y cometido principal (los combustibles), ahora ANCAP comunicó que ya no los fabricará y que la empresa del grupo que lo hacía (CABA) se integrará a ALUR (Alcoholes del Uruguay) para llevar adelante otros negocios.

Así lo anunció el directorio en un comunicado: "Uruguay requiere de un Grupo ANCAP fuerte y eficiente, enfocado en sus actividades centrales para el desarrollo del país y su gente".

"En este sentido, ANCAP ha decidido racionalizar las actividades de sus subsidiarias, CABA y ALUR, las que integrarán a partir de la fecha sus operaciones en búsqueda de sinergias. De esta forma se podrán reasignar los esfuerzos hacia las actividades centrales del Grupo ANCAP, mejorando su rentabilidad", dice el comunicado.

"ALUR tiene las capacidades necesarias para integrar el negocio industrial de CABA a sus operaciones. Por otra parte, nos desprenderemos de los productos de consumo masivo (bebidas alcohólicas, cuidado personal, artículos de ferretería), que seguramente pueden agregar valor a las carteras de otras empresas dedicadas a esos segmentos", agrega el comunicado.

"Estos cambios se realizarán en forma gradual, y con participación de los interesados, en particular de los trabajadores, mientras se concretan las actividades de integración y de salida, respectivamente de las distintas líneas de negocio", dice ANCAP.

Este jueves la Junta Departamental aprobó el decreto que propuso la Intendencia de Montevideo para reglamentar el transporte de pasajeros por medio de aplicaciones para celulares, como Uber y Cabify.

La regulación es una autorización de hecho para que estas nuevas empresas funcionen en la legalidad y compitan con el taxi y los remises.

Esto provocó el enojo y la bronca de taxistas y sindicalistas que habían colmado las barras de la Junta Departamental.

En el momento de la votación arrojaron monedas a los ediles y los insultaron.

Los taxistas y el sindicato de trabajadores rechazan el transporte por aplicaciones porque le quita trabajo.

Desde el desembarco de Uber hace un año les hicieron la guerra con piquetes y emboscadas en las calles para denunciar a quienes trabajaban para esta aplicación.

Luego llegó la empresa española Cabify, que planteó su posición a favor de la regulación.

"Ante la aprobación de una regulación para su sector de actividad por parte de la Junta Departamental de Montevideo, Cabify Uruguay quiere transmitir: Su satisfacción por la aprobación de esta norma que permitirá trabajar en condiciones de legalidad con conductores particulares; su reconocimiento a la Intendencia y a las fuerzas políticas que participaron en esta votación por su muestra de madurez y ejecutividad; su decisión de comenzar a operar con conductores particulares a la mayor brevedad posible".

La asamblea del sindicato de funcionarios municipales de Montevideo (Adeom) resolvió entrar en cuarto intermedio hasta marzo y levantar las medidas de lucha que había implementado en el conflicto que mantenía con la administración, informó Subrayado.

De esta forma los funcionarios de la División Limpieza volverán a realizar horas extras, con lo que se normalizaría la recolección de residuos en las próximas horas.

Servicios públicos y privados de gestión de residuos de Montevideo recogieron este jueves 215 toneladas de basura del entorno de los contenedores de la ciudad, informó la Intendencia capitalina.

De estas 215 toneladas, 66 fueron levantadas por funcionarios públicos y las restantes 149 por privados, "que están reforzando el trabajo con camiones abiertos, camiones 'pico pato' y palas mecánicas", detalló el Gobierno de Montevideo en un comunicado.

El sindicato del comercio (Fuecys) realizará un paro general de tres días, con ocupación en 100 puntos del país del 22 al 24 de diciembre, tras rechazar la última propuesta del Poder Ejecutivo para destrabar el Consejo de Salarios del sector supermercados.

"No queremos agarrar de rehén a la población" por lo que se elegirán "lugares estratégicos" para que no haya barrios que queden sin supermercados en los días previos a Navidad", aseguró a El País el secretario de Organización del sindicato, Carlos Baiz.

Los detalles se resolverán en una reunión del sindicato hoy viernes.

La medida responde a que no se logró que los supermercados paguen $20.000 nominales de salario mínimo retroactivos al pasado 1° de julio, que se incremente a $300 el pago anual (que actualmente ronda los $180) por antigüedad y que los trabajadores cambien de categoría cada seis meses como ocurre en el Grupo Casino.

La propuesta del gobierno era de un salario mínimo nominal de $20.000 a partir del 1° de julio del año próximo y a partir de la "segunda categoría".

Los miembros de la comisión investigadora del Parlamento sobre el espionaje militar en democracia concluyeron en que hay "indicios" de que la actividad ilegal continuó hasta el año 2015, lo cual calificaron como algo "extremadamente preocupante".

Hasta ahora la información que se conocía de la documentación incautada en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, que trabajó en organismos de inteligencia militar, revelan que desde 1985 hasta al menos 2009 hubo tareas de espionaje clandestinas sobre presidentes, expresidentes, legisladores, jueces, fiscales, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.

Pero, según los elementos que se manejaron ayer en la comisión, cuyas actas son secretas, la actividad habría continuado hasta el año pasado con el mismo procedimiento, es decir seguimiento de personas y escuchas telefónicas, dijeron a El País fuentes legislativas de la comisión.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, justificó su irrupción en la reunión de ayer en buenos aires y aseguró que su país seguirá participando de las reuniones del mercosur porque aún ostenta el título de presidente pro témpore.

Los representantes del PIT CNT recibieron a la canciller venezolana y en compañía de ella, manifestaron a través del secretario general, Marcelo Abdala, su rechazo a la "exclusión de venezuela del Mercosur".

En respuesta a la declaración de Nin Novoa, que tildó de "grave" su proceder, la canciller venezolana dijo que lo grave, fue que la agredieran.

Por su parte, el secretario general del Pit-Cnt, Pablo Abdala, criticó la postura crítica del canciller uruguayo, que dijo no concuerda con la que mantiene el presidente Tabaré Vázquez, que se ha mostrado conciliador y favorable al encuentro y al diálogo para revertir la situación de Venezuela en el Mercosur.



El Tribunal de Apelaciones absolvió a 14 funcionarios del entonces Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente —hoy Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa)— que se encontraban la noche del 24 de julio de 2015 en el Centro de Privación de Libertad. Uno de ellos era el presidente del gremio del INAU, Joselo López.

El Tribunal de Apelaciones consideró que 12 funcionarios del Inisa, entre ellos varios jerarcas de hogares, habían cometido abuso de autoridad.

En agosto de 2015, el juez penal de 3° Turno, Gustavo Iribarren, y la fiscal Adriana Umpiérrez habían procesado a los 26 funcionarios por los delitos de tortura y complicidad de delito de tortura.

Fuentes: Espectador.com, Rompkbzas, El País, El Observador y Subrayado