Arregui explicó que si bien la madre se ampara en la ley vigente de interrupción voluntaria del embarazo, existen otras normativas que amparan la pretensión del padre de interrumpir el embarazo.

Según indicó, en este caso se ha puesto en marcha un juicio sumarísimo, que corresponde cuando hay un derecho fundamental que puede ser vulnerado como el derecho a la vida.

Dijo que el derecho consiste en un "sistema de normas jurídicas" y que "por sobre la ley se encuentra la Constitución de la República que tiene una mayor jerarquía".

Se refirió a que el Artículo 72 de la Constitución señala que la enumeración de derechos no se agota en lo que hace a la parte dogmática de la misma, y que en el Artículo 32 se establece que ningún derecho puede ser dejado de aplicar si no hay una reglamentación.

Además, argumentó que en el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado en 1985, se hace referencia al "concebido" o al "no nacido", siendo esta una de las reglamentaciones en las que se basó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para vetar la ley despenalización del aborto durante el primer período de gobierno del Frente Amplio.

Jueza de Soriano ordena suspensión de aborto por petición del padre https://t.co/W1MM1O5eqK pic.twitter.com/fQbU0m9dus

— El Espectador (@espectador810) 24 de febrero de 2017

Por otra parte, el abogado mencionó el Preámbulo de la Convención Interamericana de Derechos del Niño, también recogido por nuestra normativa, y en el cual se basa la ilegitimidad del acto en este caso. "Mi patrocinado basándose en esa norma ejerce su derecho", aseveró.

Arregui comentó que el Poder Legislativo no previó una situación como esta. Aseguró que existe una contradicción entre la ley de interrupción involuntaria del embarazo y las normas anteriormente mencionadas. Es por este motivo que, según informó, además de presentar el recurso de amparo de su defendido, también presentó una acción de inconstitucionalidad de la norma jurídica.

Arregui dijo que este viernes vence el plazo para que la contraparte apele, por lo que será un Tribunal de Apelaciones el que continúe con el proceso.

La mujer lleva 10 semanas de embarazo y la interrupción voluntaria se permite hasta las 12 semanas como máximo. Arregui explicó que mientras el caso está en la justicia, la mujer no puede realizarse el aborto a través del procedimiento previsto por la ley.