Gandini informó que tras la aprobación en la Cámara de Diputados y de Senadores, el proyecto de ley está a punto de ser promulgado. Según explicó, este "intenta superar el diferendo salarial que derivó en un conflicto de poderes grave entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a raíz de la ley de presupuesto del 2010 que pretendió aumentar el salario a los ministros de Estado, a los subsecretarios y a otros cargos de particular confianza".

"Es una norma claramente anticonstitucional", aseveró.

Según indicó, lo que se aprobó ahora es una negociación entre las gremiales de jueces, fiscales y defensores de oficio, que involucra a unos mil funcionarios del Poder Judicial, en la que se establece que van a cobrar una parte de lo que se les adeuda desde el año 2011 y que en vez de obtener un aumento salarial del 21,6%, aceptan un aumento del 14%.

Además, comentó que hay cuatro mil involucrados, de la Asociación de Funcionarios Judiciales y de la Asociación de Actuarios, que decidieron no acordar.

El diputado nacionalista afirmó que el Poder Ejecutivo va a gastar 31 millones de dólares en el arreglo con estos mil funcionarios, y que si les pagara a todos lo que realmente les debe, el monto ascendería a 200 millones de dólares.

Aseguró que esto genera "inconvenientes graves" porque el día en el que estos cuatro mil funcionarios cobren lo que se les debe, la pirámide salarial del organismo se distorsionará.

Gandini detalló: "Unos cobraron menos de lo que debían, y ajustan su salario menos de lo que debían, y otros van a cobrar su retroactividad y además van a cobrar el aumento salarial que originalmente les correspondía. Por lo tanto, se puede dar que un administrativo termine cobrando más que un juez".

Gandini destacó que la redacción del proyecto "fue mal hecha". La ley "iba a terminar enganchando en esa norma a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y, por aplicación de la ley específica de la judicatura, terminaba enganchando a todos los funcionarios judiciales y los fiscales", aseveró.

Según explicó, esto efectivamente sucedió y para intentar corregirlo el Poder Ejecutivo redactó otra ley que fue declarada inconstitucional, y para corregir a esta última redactó otra, que nuevamente fue declarada inconstitucional.

"El Poder Ejecutivo puso una normativa escandalosa en el presupuesto de 2015 para coaccionar una negociación con los judiciales, que establece que cuando el Estado deba pagar sentencias de tipo laboral a funcionarios públicos, lo hará cuando tenga recursos incorporándolo en una Rendición de Cuentas o ley de presupuesto, y el Parlamento lo deberá aprobar". Gandini aseguró que esto es "claramente antidemocrático" porque "viola la separación de poderes".