La semana pasada nos enteramos que el vicepresidente Raúl Sendic volvió a mentir. En esta oportunidad con los gastos de su "tarjeta corporativa" cuando se desempeñó como presidente de Ancap. Búsqueda afirmó que el jerarca en diez años había gastado unos 4.000 dólares, pero al otro día la periodista Patricia Madrid (la misma que  descubrió el falso título de licenciado) demostró que "Sendic gastó unos 54.000 dólares en tres años". Y que también en esos años habían gastado cifras importantes todos los otros directores oficialistas y de la oposición.

El viernes supimos que el escribano Antonio Zoulamián,  diputado suplente del herrerismo hasta marzo pasado, es protagonista de una estafa que ya supera los 10 millones de dólares. Y que siendo diputado operaba con una testaferro una financiera ilegal. Ahora enfrenta varias denuncias por estafa y libramiento de cheques sin fondo.

Hace pocas horas tomamos conocimiento de otra estafa. En este caso se trata de un empresario de la construcción, con excelentes vínculos políticos, quien en el año 2000 y de la mano del ex presidente del BHU, Salomón Noachas, estafó al Banco; a centenares de promitentes compradores y al BPS.

Son apenas cuatro casos que impactaron o impactarán muy fuerte y que tienen dos elementos comunes: la vinculación de una manera u otra al sistema político y la impunidad.

Un error que cometemos a menudo es asociar el término impunidad solo a los crímenes contra los DD.HH cometidos en dictadura. Pero lo cierto es que la impunidad se expresa de mil formas cada día.

Los periodistas nos hemos acostumbrado a ser receptores de los reclamos de muchísima gente que, en la mayoría de los casos con razón,  no encuentra la respuesta del Estado. Asunto no menor si se entiende que la ausencia de justicia genera frustración y descrédito.

El periodista Roger Rodríguez la ha definido como "la cultura de la impunidad"; instalada desde el final de la dictadura. Es así como en todos estos años  pasaron delante nuestro innumerables casos de corrupción política, sin que jamás se llegara a una sentencia judicial. Territorio cómodo para los corruptos, porque si la justicia no condena, todo está bien. Y no es verdad.

Ocurre que con el transcurso del tiempo algunas prácticas que jamás debieron ser aceptadas, se instalaron como normales. La impunidad provoca confusión y olvido sobre todo en tiempos de mucho ruido informativo. Muy pocos recuerdan que pasó el año pasado, menos lo que ocurrió hace 20 o 30 años.

¿Qué importa?, se preguntarán algunos. Importa porque de esa forma se ha construido un estado de situación. Y porque sobre la base del olvido, los impunes regresan una y otra vez ratificados por la ausencia de justicia.

Tomando solo los cuatro casos del comienzo se pueden entender muchas cosas. Por ejemplo: Sanabria que era un tipo inculto y carente de todo concepto moral, se transformó por su cargo político y las autorizaciones que desde ese cargo obtuvo (Cambio, cinco radios FM, rentadora de autos, inmobiliaria, empresas y líneas de transporte de pasajeros) en algo así como "el dueño del pueblo";. Con el dinero que otros le entregaban, acumuló decenas de empresas y propiedades; decidió quién era o no candidato; financió campañas políticas y a través de sus medios, también intervenía para determinar que periodista trabajaba y quién no. La ambición lo llevó al suicidio,  a destruir a su hijo primero y a toda su familia después. Y para la historia quedará como el siniestro y corrupto personaje que realmente era. Pero Maldonado lo sufrió 20 años.

En tanto, Raúl Sendic parece ser el ejemplo de las transformaciones que han sufrido algunos sectores de la izquierda con el acceso al poder. Su infantil mentira sobre un título y medallas que jamás obtuvo, acaba de ser superada con esta nueva sobre los gastos cuando era presidente de Ancap. El cargo le quedó grande porque le falta sentido republicano y desconoce lo que significa la palabra austeridad en el ejercicio de la función pública. Y a su gestión en Ancap me remito.

El caso Zoulamián tiene otros ribetes. Fue electo diputado suplente, aunque actuó varias veces en Cámara. Al asumir juró defender la Constitución y las leyes. Hace unos 20 años tiene la actividad ilegal de prestamista y jura defender las leyes pero se burla de ellas, ya que desde el 2006 tenía una financiera, también ilegal. Un diputado nacionalista me dijo: "Es obvio que este tipo carecía del mínimo compromiso partidario, pero puso dinero para la campaña y accedió a un cargo buscando un paragüas protector para sus tropelías". La investigación judicial en curso seguramente demostrará si el dinero que manejaba era lícito o no, y tal vez cuanto dinero se evadió en impuestos.

Finalmente, hace 17 años el constructor  armó cooperativas truchas con apoyo del BHU; construyó dos residencias de lujo que el entonces presidente del BHU Salomón Noachas tenía en Punta del Este; estafó a centenares de promitentes compradores de viviendas que las recibieron sin final de obra y tuvieron que hacer frente a la pésima construcción y a las deudas con el BPS. Ahora, son  centenares los cooperativistas estafados, más varios constructores contratados, más el Ministerio de Vivienda. El sujeto acumula decenas de denuncias, pero siempre aparece una "mano milagrosa".

Esto es la impunidad. Esto hace la impunidad.

La indignación, el desconocimiento y la ausencia de justicia confunde muchas veces a los ciudadanos, que terminan creyendo que corrupción es todo. Desde una desacertada ubicación de una parada de ómnibus, pasando por la compra de insumos, hasta una libertad anticipada. En este cambalache se ha mezclado todo y a veces con interés, porque en medio de la confusión los verdaderos corruptos pasan desapercibidos.

Fuimos los campeones de la "viveza criolla";, de la ventajita, de conseguir una tarjetita para lograr un empleo público o un borne para acceder a un  teléfono. Y los cambiamos por nuestro voto. Aplaudimos a los que ganaban trampeando, festejamos a los que salvaban exámenes copiando, admiramos al que hizo fortuna en forma poco clara.

Modificar esta cultura; dejar de ser pasivos ante evidentes hechos de corrupción; asumir que somos ciudadanos con derechos, pero también muchas obligaciones, ser más responsables a la hora de elegir, son aspectos ineludibles si es que queremos seguir vivienda en democracia y en una república.

Reconozcamos que ni los políticos ni los gobiernos tampoco han dado señales muy claras, Hay un sentido corporativo que los hace reaccionar inadecuadamente cada vez  que  uno de sus miembros es acusado.

La justicia es muy lenta para ellos; pueden pagar buenos abogados. Las leyes son muy benignas. Peor aún, con débiles argumentos se pretende derogar un instrumento que hasta ahora ha sido eficaz para enfrentar la corrupción. En Uruguay es la Suprema Corte de Justicia quien determina la constitucionalidad de las leyes. Y ella ha dicho que el delito de abuso de funciones es constitucional.

Son todas malas señales. Porque finalmente triunfa la impunidad.