El Río Uruguay siguió bajando y se encuentra por debajo de la cota de seguridad de todos los departamentos afectados por las inundaciones.

Ya inició el operativo retorno en Bella Unión donde regresó el 27% de las personas desplazadas y también comenzó en Paysandú donde regresó el 35% de las personas inicialmente afectadas.

Se espera que promediando la semana comience el operativo retorno en Salto y en Río Negro. De acuerdo al último relevamiento permanecen 5839 personas desplazadas. De ese total 1273 son evacuadas y 4566 son autoevacuadas.

Fuente: Sinae.


El Sindicato Anestésico Quirúrgico parará este miércoles 28 por 24 horas que afectará la atención en las policlínicas de todas las dependencias de ASSE.

Sí se asegura la asistencia de urgencias y emergencias, así como la realización de las intervenciones oncológicas programadas para ese día.

Los más de 2.000 profesionales manifiestan una pérdida salarial de los que trabajan en ASSE. Además, denuncian el incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo de 2007, ratificado en 2008 y 2011, por el que se comprometía a equiparar los montos y la forma de las retribuciones de ASSE con los del sector mutual.

A raíz de las medidas gremiales de Adeom en Montevideo, la comuna advierte que en las próximas horas podría haber problemas en la recolección de basura.

Los trabajadores del sector de limpieza de la Intendencia de Montevideo vienen realizando desde el jueves pasado paros de dos horas por turno, en rechazo a la suspensión de dos trabajadores, el cese de un funcionario y la insalubridad de una usina.

A partir de las 9 de esta mañana están reunidos en asamblea para determinar las acciones a seguir.

El intendente de Montevideo Daniel Martínez manifestó que las medidas disciplinarias que se aplicaron a trabajadores no se levantarán. En cambio, se considera solucionar la situación de limpieza mediante una tercerización.

Por su parte, la situación en Tienda Inglesa sigue incambiada. El preacuerdo tripartito firmado el jueves pasado entre las partes, en presencia y con el aval del Ministerio de Trabajo, no fue validado en la asamblea de los trabajadores de ayer, aunque el documento había sido realizado en base a la contrapropuesta del propio sindicato. En la asamblea se decidió también mantener la negociación.

El Ministerio de Trabajo está preocupado porque el preacuerdo tripartido que fue rechazado por la asamblea era la herramienta que permitiría evitar el envío al seguro de paro de unos mil trabajadores.

Ante esta situación, el Ministerio convocó a las partes para el día jueves.

Fuentes: Subrayado, Telemundo, Telenoche y Rompkbzas.


Si se aprueba el artículo 15 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, sería "el fin del Estado de Derecho" en Uruguay según el abogado constitucionalista Martín Risso.

El artículo establece que el Poder Ejecutivo queda "eximido de los plazos de cumplimiento" de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales, si considera que "ello afecta la atención de los servicios a su cargo".

Textualmente señala: "Sustituyese el inciso segundo del artículo 52 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente: "El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo. En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales". Esta disposición tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente ley".

Risso explicó que este artículo otorga aún mayores posibilidades al Estado de no pagar y le da la potestad no solo de decidir cuándo paga un juicio laboral, sino en todos los casos.

La Suprema Corte de Justicia ya dictó la inconstitucionalidad de artículos de cuatro leyes presupuestales de las rendiciones de 2010, y 2012 y leyes de Presupuesto de 2010 y 2016.

La última declaración hizo caer el artículo de la ley de presupuesto que intentó blindar al Ejecutivo frente a juicios salariales.

El artículo impugnado (el 733° de la ley de presupuesto) estableció que los créditos contra el Estado por reclamos remuneratorios, después de ser declarados y liquidados por el Poder Judicial, no podrán cobrarse hasta que se los incluya en una nueva ley presupuestal o en alguna de las rendiciones de cuentas.

La inconstitucionalidad fue declarada por unanimidad porque "vulnera el principio de tutela jurisdiccional efectiva". Los funcionarios judiciales también presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo pero ningún fiscal ha aceptado el caso.

Los funcionarios Judiciales continúan con las medidas de ocupación sorpresiva de las sedes del Poder Judicial.

Ayer desde las 10 la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) ocupó la sede como parte de las medidas en reclamo de un aumento salarial de 21,6% establecido en la ley de Presupuesto de 2010. Trabajadores del Poder Judicial de Montevideo, Salto, Rocha, Rivera, Cerro Largo, San José y más departamentos custodiaron la puerta del juzgado mientras otros de sus compañeros estaban adentro de la sede, en la planta baja, junto a una escribana que controlaba que todo estuviera en su lugar. De hecho, los funcionarios colocaron cintas para bloquear el acceso a los pisos donde se ubican los distintos juzgados penales. En ese edificio funcionan 16 de las 20 sedes penales.

Las ocupaciones sorpresivas continuarán en sedes emblemáticas, como la de la Suprema Corte de Justicia o tribunales de apelaciones, informó El País en su edición del sábado. También analizan realizar ocupaciones en juzgados del interior.

El Código del Proceso Penal comenzará a aplicarse en el mes de noviembre, informa La República.

Así lo confirmaron al medio los senadores Marcos Otheguy y Leonardo de león, ambos electos por la Lista 711. Los legisladores confirmaron que existe acuerdo político para aplazar el nuevo mecanismo de administración de justicia.

Las nuevas disposiciones -que entre otras innovaciones introducen el juicio oral y público- iban a comenzar a funcionar el 16 de julio.

La sede penal de Crimen Organizado a cargo de la jueza Beatriz Larrieu enviará un cuestionario al senador Leonardo De León (lista 711) por la denuncia sobre la gestión de ALUR (Alcoholes del Uruguay), empresa subsidiaria de Ancap que el hoy legislador presidió en el pasado. Los abogados del parlamentario solicitaron que su declaración sea por escrito.

De León y el director Nacional de Aduanas, Enrique Canon, entre otros, fueron citados por la jueza Larrieu para que declaren sobre presuntas irregularidades en la empresa subsidiaria de Ancap y en la importación de crudo a Uruguay. Canon, en tanto, concurrirá el jueves a la sede.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la absolución del general retirado Raúl Mermot por la denuncia penal de "apología al delito" de la que era acusado, informó esta tarde el Poder Judicial en conferencia de prensa.  "No hubo incitación" a cometer delitos de tortura, indicó el Tribunal.

El 24 de abril pasado, el diputado del PVP Luis Puig y Sandro Soba promovieron una denuncia penal contra Mermot porque justificó la tortura denunciada en numerosas ocasiones ante los tribunales locales y extranjeros. Mermot había dicho durante el Día de los Caídos "Que se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial para que se canse y pueda hablar";, asegurando que no se trata de una tortura sino de un apremio físico.

Fuentes: Rompkbzas, El País y El Observador.


La Justicia sentenció al Gobierno uruguayo a atender la situación de los presos con "la peor condición médica" de desnutrición.

El dictamen judicial surgió a raíz de un recurso de amparo presentado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit al constatar "el notorio estado de desnutrición" de siete reclusos de la Unidad carcelaria número 4, conocida como Comcar.

Según explica la sentencia, la resolución se tomó en base a que no se estaba cumpliendo con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Mandela), a la que se adhirió Uruguay en 2015 junto a otros países de la región.

El Módulo 8 tiene 700 presos que son atendidos a razón de un funcionario cada 70 internos durante las 24 horas. El desbalance hace que no los saquen ni siquiera de las celdas. 700 presos tienen cada una de las cárceles de Maldonado y Rivera, por ejemplo, pero cada una con mayor dotación de personal e infraestructura.

Según nuestras fuentes, las características personales de los reclusos se potencian en situaciones de encierro y cuando "cuando no hay intervención educativa". "El abusador, abusará más, el sumiso va a ser sometido y al conciliador, lo van a hacer pelota" explicaron. De ese módulo, unos 500 presos son liberados al año, sin haber sido rehabilitados e incluso más peligrosos para la sociedad que antes de entrar. "La desnutrición es sólo un síntoma de los que pasa ahí adentro";, dijeron.

Juan Ceretta, de la Clínica de Litigio de Udelar, aseguró a canal 10 que los reclusos "no gozaban de los derechos más primarios, los más elementales". El fallo judicial indica que se deberá establecer un estudio de situación y un plan individual para la rehabilitación de cada uno de los internos.

Luego de la denuncia, seis de esos siete presos fueron sacados del módulo 8 y llevados al módulo 4. El otro privado de libertad fue derivado a una cárcel de San José. Los siete reclusos -en apenas dos semanas- han aumentado considerablemente de peso.

En este sentido, la resolución judicial obliga al Gobierno uruguayo a diseñar y hacer efectivo un "Programa de Tratamiento Individual" en el que se trate cada caso particular en un lapso menor a 30 días con su respectivo informe sobre los resultados.

Un técnico penitenciario dijo a Rompkbzas que "Un plan de tratamiento individual es algo más que una suma de entrevistas técnicas y la fijación de algunas actividades. Un tratamiento individual tiene como pre requisito un diagnóstico psicó socio educativo de la persona que señale su vulnerabilidad socio penal y que debe incluir: historia personal, condiciones de crianza, contexto e historia familiar, trayectoria educativa, formación laboral y antecedentes laborales formales e informales, examen médico completo, entrevista psicológica, determinación de intereses y fortalezas de la persona. A partir de este diagnóstico, un plan de tratamiento individual debe contener actividades, objetivos y determinación de plazos para su evaluación con miras al egreso de la persona del sistema a partir de una estimación razonable del tiempo que estará privado de libertad".

El Ministerio del Interior decidió intercambiar a las autoridades del Comcar y el Penal de Libertad. Desde la cartera aseguraron que la modificación no está relacionada con la denuncia por reclusos con desnutrición en el módulo 8.

Según informó Telenoche, dejarán su cargo el director del Comcar Marcio Dávila y la subdirectora técnica Flavia López. El penal pasará a ser ocupado por el actual director del Penal de Libertad Henry Fagúndez.

Desde la cartera afirmaron a Montevideo Portal que el cambio de autoridades ya estaba previsto y no obedece a las denuncias por casos de desnutrición de siete internos del Módulo 8 del Comcar.

Fuentes: Rompkbzas, EFE, Subrayado, Montecarlo y Montevideo Portal.


En la Rendición de Cuentas, el Ministerio del Interior propone reforzar el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) aumentando de 1.000 a 1.500 efectivos y financiando el gasto con supresión de cargos. Además, se extenderá el servicio a Salto, Paysandú, Colonia, Maldonado, Rocha, Artigas, Rivera y Cerro Largo.

Además, se aumentará el número de cámaras de videovigilancia de 1.850 a 6.000 en todo el país. Así lo explicó el ministro del interior, Eduardo Bonomi.

Fuente: Telemundo.


El integrante del directorio del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo a La Mañana de El Espectador que los primeros anuncios hechos por el presidente Tabaré Vázquez en relación a los llamados cincuentones "contemplan nuestros requerimientos".

Ruiz expresó que "esto no será una desafiliación compulsiva sino voluntaria".

La Asociación Nacional de AFAPs valoró positivamente el anuncio del presidente de la República de permitir elegir a los cincuentones entre manejar su seguridad social por BPS o AFAP.

Sin embargo, se señaló que el problema afecta a una porción reducida de la población mayor de 50 años de edad con mayores ingresos. Agregaron que el desafío en esta situación es definir cómo se financiará el cambio.

Fuente: La Mañana de El Espectador y Anafaps.