Los controles que debe hacer el Estado sobre todos los organismos de gobierno están en cuestión desde hace muchos años. Además de los órganos institucionales, cada ámbito de gobierno cuenta con sus propios funcionarios para esa tarea que, sin embargo, revelan constantes deficiencias en su accionar.

El Tribunal de Cuentas de la República, que tiene como misión el controlar la "hacienda pública", ha enviado miles de expedientes a consideración de la Asamblea General que duermen arrumbados en algún oculto salón del Palacio Legislativo.

El contador Ariel Alvarez, uno de los ministros del TCR por el Frente Amplio,  fue contundente en sus declaraciones sobre la situación del tribunal: "Estamos un poco pintados los que estamos acá para formar y hacer creer y tener la sensación de que existe un contralor para todas las organizaciones públicas y eso no es así". (La República 11 de enero de 2003).

Poco antes el politólogo Óscar Bottinelli, en una columna de opinión sobre la licitación de la concesión del Puerto de Montevideo, disparó contra el TCR y su pertinencia: "El Tribunal de Cuentas demostró su inutilidad como órgano de contralor, y el total alineamiento de sus miembros con las posturas de sus grupos políticos fue un factor fuerte de pérdida de prestigio del organismo". (Caras y Caretas año 2001).

Esos expedientes sobre los que tenía que expedirse el Parlamento podrían haber derivado en denuncias penales, destituciones e incluso juicios políticos por abusos cometidos con los dineros públicos.

La revista Caras y Caretas informó en febrero de este año que "según una investigación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fechada el 29 de abril de 2015, se consigna con información del TCR que desde 1997 a 2008 se observó 31% de las licitaciones (sólo toma las licitaciones, no los gastos o pagos), observando en ese período un monto correspondiente a 22% del total. En 2001 específicamente las licitaciones observadas treparon a 40%. En el período 2009-2013 el porcentaje de las licitaciones observadas por el TCR creció a 33% (en un período menor), mientras que esas observaciones comprometen 35% del monto observado. Obviamente, las observaciones remiten a errores de procedimiento y no exclusivamente a ilícitos, pero también es cierto que las observaciones no tienen el más mínimo reparo. La opinión pública, por su parte, no juega un papel importante en estos temas, dejando a la discrecionalidad de los ordenadores las formas y el fondo".

Antes, en el año 2001, se efectuaron 564 comunicaciones por parte del tribunal a la asamblea general, que aglutinaban casi 11.000 observaciones, ya sean de la administración central, entes y servicios descentralizados. Se calculan unas 206 observaciones por semana. Un año después, el número bajó a 544 observaciones comunicadas a la Asamblea, que comprendían más observaciones, unas 16.095, lo que determina unas 300 por semana, según la misma publicación.

Solo a ese ritmo, en los últimos 16 años tendríamos casi 250.000 expedientes observados.
En tanto la Auditoría General de la Nación , según expresa en su web, es un órgano estatal de control de organismos públicos, de sociedades anónimas y de cooperativas, funcionalmente desconcentrado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que actúa con autonomía técnica en el desempeño de sus cometidos. La actividad de auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto. El Estado Uruguayo cumple la función de auditar a una serie de personas jurídicas a través de la Auditoría Interna de la Nación.

Todos los años presenta un "informe de actuación" donde se revelan las irregularidades constatadas en diferentes organismos públicos y las sugerencias realizadas para modificar los procedimientos. Lo llamativo es que el mismo informe consigna que la mayoría de esos organismos "ignoran" esas recomendaciones o no responden los requerimientos.

A cualquier observador desapasionado no deja de llamarle la atención como el propio gobierno incumple con normas y leyes a las que si obliga a cumplir a los ciudadanos.
En el Estado ocurren hechos sorprendentes. Por ejemplo: Ancap separó de su cargo al contador delegado del TCR porque este advirtió que se estaban pagando facturas ilegibles pertenecientes a proveedores de Cementos del Plata. Ni siquiera denunciaba una irregularidad gravísima, sino que había comprar otro scanner. Pero la ira de Sendic cayó sobre Jorge Pérez y debió permanecer 4 años a disposición en su casa, con el consiguiente perjuicio para los dineros de la empresa.

En Alur hubo una "confusión" que costó 97.000 dólares. En lugar de pagar una o varias facturas por un monto total de 100.000 pesos, se pagaron 100.000 dólares. Cualquiera se preguntará ¿Cómo pudo ocurrir eso? Pero nunca nadie contestó, solo ocurrió y lo que es peor no hay información sobre la recuperación de ese dinero pagado de más.

En ASSE, médicos dependientes del organismo formaron empresas que se contrataban a si mismos. ¿Nadie se dio cuenta?

¿Nadie se percató de los gastos excesivos con las tarjetas corporativas? o ¿que muchos legisladores nacionales y departamentales viajan a destinos inútiles para su labor y jamás devuelven los viáticos sobrantes?

Otro tanto ocurre en las intendencias, donde las irregularidades se descubren si algún periodista preguntón se interesa o si algún dirigente opositor las descubre hasta con beneplácito para sus propios fines partidarios.

El lunes nomás no enterábamos por declaraciones de Daniel Espinosa, director Nacional Antilavado, que hasta el 2016 el BCU sólo disponía  de tres funcionarios para controlar el funcionamiento de los Cambios, y desde entonces son cinco. O sea no puede sorprender entonces que Cambio Nelson funcionara durante años como un Banco ilegal.

Nada es raro, así funciona el sistema, sobre la base de múltiples complicidades: "vos no me embromás a mi y yo no lo hago contigo".

Esto es lo que desvirtúa a la actividad política. No es la denuncia sobre los hechos, sino la previa consumación de los mismos. El Estado es ineficiente en el contralor de sus tareas, sobre todo las que tienen que ver con el uso de dineros públicos. Y todo ello a pesar que cada organismo debería de disponer de múltiples controles internos.

La Junta de Transparencia está reclamando nuevas normas para prevenir la corrupción. En el mismo plano ya es necesario que el Parlamento analice modificar la carta orgánica del Tribunal de Cuentas para que tenga facultades sancionatorias.

Entonces si veremos quién quiere cambiar y quién mantener el estado actual de cosas.