El tema no sólo es grave, por las posibles repercusiones sociales, sino porque además en los hechos se cede a las presiones del Grupo Enjoy, operador del ex Conrad de Punta del Este, quién desde hace años batalla por la implantación del juego on-line en Uruguay.

Pocos días atrás  el psiquiatra Oscar Coll director del programa de prevención y tratamiento del juego patológico del Hospital de Clínicas, dijo a Montevideo Portal que "unas 40 mil personas sufren uso problemático de juegos de hacer, de los cuales unos 25500 son ludópatas". Según explicó  Coll hay un aumento creciente de la demanda de atención para atender este problema. Y agregó que "los nuevos juegos on line, afecta a las personas, lo que se ve en el incremento anual de las consultas en el Hospital de Clínicas".

Más allá del monopolio estatal sobre el juego, en los hechos cualquier uruguayo que disponga de una tarjeta de crédito internacional puede acceder vía internet a muchas modalidades de juegos de azar.

También hay plataformas de juego, instaladas en zona franca Aguada, solo para acceder desde  el exterior e inaccesibles en nuestro territorio.

El pasado 29 de junio  el  Ministro Danilo Astori estuvo en la Comisión de Hacienda de Diputados para explicar el contenido de la Rendición de Cuentas.

La versión taquigráfica de 100 páginas solo tiene dos párrafos destinados a este tema. "Deseo hacer un comentario adicional respecto a los juegos on line. Se ha preguntado si el mecanismo de tributación previsto en la rendición de cuentas grava los juegos on line. La idea es que si cumple con los mismos parámetros, también esté gravado. Déjenme recordar que hay un proyecto a estudio del Parlamento en el que se prevé la forma de otorgar las licencias de casinos on line. La intención de esa iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo es que esas licencias sean otorgadas con autorización parlamentaria".

Astori agregó: "Debo decir que tenemos plataformas electrónicas que actúan  hoy se puede acceder a ellas desde Uruguay, pero están prohibidas, porque hay un monopolio del Estado en el juego y no se ha otorgado licencias porque se está a la espera de la aprobación del proyecto mencionado. El Poder Ejecutivo está trabajando en la promulgación de un decreto que prevea mecanismos para poder cercenar o prohibir la utilización de esas plataformas", que de manera ilegal se están usando en Uruguay y que también están generando una pérdida de recaudación en este mercado.

En noviembre del año 2013 el gerente general de la empresa Enjoy, Juan Eduardo García, anunció  la firma de una alianza con la empresa BallyTechnologies, líder en iGaming  para desarrollar la plataforma de juegos online de la compañía que operará desde Conrad Casino&Resort en Punta del Este. Hasta ahora sólo se puede jugar en forma experimental sin apuestas.

El ejecutivo sostuvo entonces que "los juegos online nos permitirán mantener una comunicación fluida con nuestros clientes cuando regresen a sus países, lo que contribuirá a fidelizarlos. Además, las personas que no hayan visitado nuestras instalaciones podrán utilizar la plataforma y, a través de bonus a ser canjeados por servicios en la propiedad. El juego online será un producto más dentro de la oferta de Conrad, es decir que el cliente podrá acceder online a una oferta similar de juegos a la que accede offline".

En junio de este año El País informaba que "el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los juegos de azar era una de las propuestas que más consenso tenía dentro del Frente Amplio, pero todo indica que por la oposición que genera en operadores privados podría quedar guardada en un cajón".

Fuentes oficiales dijeron a El País que representantes de Enjoy, Hotel Conrad, manifestaron a jerarcas de gobierno que "gravar con IVA las apuestas supondría un cambio en las reglas de juego que ameritaría una reformulación del negocio y que obligaría a revisar el plan de inversiones de la compañía en el país".

El día 29 de junio pasado, el equipo económico de gobierno compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con la promesa de supuestos decretos declarando ilegalidades, el Sub-secretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri expresó: "A su vez, deseo hacer un comentario adicional respecto a los juegos on line. Se ha preguntado si el mecanismo de tributación previsto en la rendición de cuentas grava los juegos on line. La idea es que si cumple con los mismos parámetros también esté gravado…".

El asesor jurídico de ANFUCE, doctor Daniel Parilla, dijo en su informe a la asociación que "el rostro del drama social que implica el juego rompe los ojos, expresándose como una de las manifestaciones de la descomposición social a que asistimos cada día".

Y agrega: "Hay quienes han sostenido que las normas en análisis no contienen una autorización concreta para el juego 'on line'. Sin embargo la reflexión más sensata es que dicha normas no contienen prohibición o excepción alguna, salvo las relacionadas con la relación entre apuesta y premio. Por otra parte, no es difícil imaginar al lobby jurídico, constitución en mano, y libertad económica en cuello: "..ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe" (art. 10).

Por lo tanto, nuestra conclusión es que estas normas, están pensadas para habilitar y legitimar, diversas modalidades del juego, particularmente los conocidos "casinos on line".

Parrilla asevera que "la amplitud en cuanto al campo de aplicación se presenta como una especie de pista de aterrizaje, pronta al recibimiento de todo "emprendimiento" adecuado a los parámetros establecidos, con su consecuente legitimación. En este panorama: ¿quién y con qué argumentos impedirá el arribo de los grandes capitales asociados al juego vía internet? Si aguzamos la vista seguramente advirtamos en el horizonte las grandes corporaciones asociadas al juego desde hace décadas, a las gremiales del juego ilícito (slots clandestinos) con sus miles de máquinas y sus millones en negro, y ni que hablar a los grandes capitales como Enjoy desde el Conrad de Punta del Este, así como otras empresas que desde zona franca operan plataformas del juego con la complicidad del Estado. ¿Son ellas entonces las que financiarán el tan ansiado aumento presupuestal destinado al gasto social? ¿Serán ellas las encargadas de salvar a la educación?".

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