El gremio de funcionarios judiciales acampa frente al Parlamento en reclamo de la derogación del artículo 733 de la ley 19.355 y la no aprobación del artículo 15 de la Rendición de Cuentas, que exime al Estado de pagar deudas por juicios en su contra si considera que "ello afecta la atención de los servicios a su cargo".