El ministro de Economía, Danilo Astori, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y el director de la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), Martín Dibarboure, encabezaron la conferencia de prensa en la que se informó sobre esta medida.

El subsidio, que se otorgará en una primera etapa a los comercios de aquellas localidades del país que superen los 500 habitantes, será destinado a la compra de equipamiento que permita instalar puntos de extracción de dinero y el pago de facturas.

"Este subsidio va a permitir que un comercio instalado en una de esas localidades pueda instalar una especie de miniagencia", explicó el director de la OPP.

En este sentido, García agregó que la ANDE otorgará subsidios de no más de 2.500 dólares.

La medida del Gobierno surge a partir de las dificultades que enfrentan las localidades del interior del país, donde los puntos de extracción de dinero son escasos, así como los lugares donde pagar las facturas.

"Esto es un programa de subsidio para asegurar que puedan existir esas posibilidades de acceso", aseguró el ministro de Economía.

Los comercios de estas 95 localidades se podrán inscribir al subsidio hasta mayo de 2018, plazo en el que vencerá esta financiación, cuya fecha de implementación aún no está determinada.

"Es opcional y obviamente trataremos de buscar las condiciones para que se comience a aplicar lo antes posible", sostuvo Astori, quien agregó que el Gobierno analiza la posibilidad de extender esta ayuda financiera a localidades de menos de 500 habitantes.

En tanto, un conjunto de organizaciones sociales que se manifiestan en contra de la "obligatoriedad" de la ley de inclusión financiera lanzaron una campaña de recolección de firmas para que los ciudadanos decidan si apoyan o no modificar esa norma en un plebiscito.

Las organizaciones, que son apoyadas por algunos legisladores del opositor Partido Nacional (PN), aseguran que la ley promulgada en 2014 les quita libertades y los obliga a "bancarizarse".

El planteamiento fue respondido por Astori, quien dijo recientemente que la posición de las organizaciones demuestra una "mala interpretación" de la ley, ya que esta prevé la posibilidad de que el ciudadano elija la forma de pago, y no lo obliga a hacerlo por medios electrónicos.

La ley de inclusión financiera entró en vigor el 1 de agosto de 2014 para impulsar los pagos con tarjetas de débito y de crédito mediante la rebaja de hasta 4 puntos del Impuesto al Valor Añadido (IVA).EFE