El País informó que "el viernes 18, el síndico nombrado por la Justicia de Concursos no reconoció depósitos por US$ 10 millones realizados por 100 acreedores. Solo hizo lugar a los créditos por $3.522.747 (US$ 123.171 al tipo de cambio promedio de julio pasado) exigidos por la Dirección General Impositiva (DGI), Antel, UTE y Banco de Seguros del Estado. De los privados, fueron reconocidos los reclamos presentados por la empresa de transporte COT, artículos eléctricos Fivisa y supermercados Ta-Ta. Esa suma —los US$123.171 reconocidos— es un monto que el empresario podría afrontar sin inconvenientes".

Unos 2000 acreedores decidieron no presentarse al concurso ya sea porque los montos a reclamar eran muy pequeños, o no podían justificar el origen de los depósitos, o no querían que su nombre fuera conocido. Tampoco saldrá de la cárcel ya, como insinúan algunos medios.

Es muy probable que su situación procesal se vea agravada si es que el juzgado de Crimen Organizado le adjudica lavado de activos.

El delito precedente ya se probó en Maldonado: Sanabria usaba el dinero que le entregaban particulares para comprar y sostener a sus propias empresas.

Todos los bienes donde se comprobó su presencia: los tambos; la arrendadora de autos; FM Gente y Cadena del Mar; el 30% del edificio Artower; tres empresas de transporte de pasajeros (vendidas en una maniobra fraudulenta pocos días antes de cerrar el Cambio) así como propiedades inmuebles de sus hermanos que figuraban en Camvirey (Cambio Nelson) y empresas conexas, fueron embargadas por la Justicia.

Y si lo condenan por Lavado deberán ser expropiadas por el Estado, tal y como establece la ley. O sea el Estado está antes que cualquier particular.

Quienes confiaron en Wilson Sanabria perdieron.

Por su parte el escribano Antonio Zoulamián declaró el pasado viernes el juzgado de 15° turno, como imputado en una denuncia por "libramiento de cheques sin fondo" por un total de cinco millones de dólares. El caso pasó a vista fiscal.

La sindicatura también rechazó el Concurso presentado contra la empresa PIX, propiedad del escribano Antonio Zoulamian y cuya titular es la abogada Claudia Seijas. Solo falló a favor de la DGI por un total de 30.000 pesos.

Los acreedores pretendían cobrar unos 10 millones de dólares pero no pudieron verificar los créditos.

Sin embargo se promoverían nuevas acciones judiciales ya que se constató que los bienes que puso PIX en el concurso para pagar la deuda están embargados o hipotecados. Los afectados sostienen que esas hipotecas "son truchas y conocen los nombres de quienes se prestaron a la maniobra".

Este hecho agravaría la situación penal de Zoulamián porque ahora los afectados irían contra él por un total de diez millones de dólares (los cinco de PIX y otros cinco que le entregaron al profesional) y puede ser acusado por estafa.